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4 de enero 2022 - 5:00hs

Apenas cerrado el enfrentamiento por la fallida ley de suelos forestales, vetada por el presidente Luis Lacalle Pou, la coalición de gobierno ingresó a 2022 con un nuevo debate interno. En la mañana de este lunes un “intercambio de mensajes” posibilitó un encuentro entre el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, y varios diputados oficialistas integrantes de la Comisión de Adicciones. Será una “mesa redonda” en la que estará también el prosecretario de Presidencia y presidente de la JND, Rodrigo Ferrés. 

Así lo dijo a El Observador el diputado nacionalista Álvaro Dastugue, al señalar que la  intención es “juntarse” en esta semana y “hablar como personas maduras y coherentes”. 

El objetivo es dialogar sobre las recientes expresiones de Radío en rechazo al proyecto de ley que, con votos de parte de la coalición de gobierno, fue aprobado recientemente en Diputados y que plantea la internación de adictos mediante voluntad anticipada. 

En una entrevista que El Observador divulgó la semana pasada, el secretario general de la JND dijo que ese proyecto “no resuelve nada” y que además “será perjudicial”. Radío habló también de una “obsesión” por la privación de libertad, lo que generó las críticas inmediatas de varios de los impulsores de la ley. 

El diputado Martín Sodano (Cabildo Abierto) dijo a El País este lunes que Radío “no está a la altura del cargo que tiene que ejercer” aunque aclaró que debe ser el presidente Luis Lacalle Pou el que defina si sebe ser removido. 

Sodano declaró que su opinión sobre el proyecto no corresponde, y que estar al frente de la JND no implica convertirlo en un "kiosco cannábico", debido a la postura de Radío de ir por más variedades de cannabis para comercializar, a través de universalizar el acceso. 

Dastugue se desmarcó de la postura de algunos de sus colegas que pidieron la remoción de Radío. De todas formas justificó a sus compañeros, al señalar que sintieron que las declaraciones del jerarca fueron una “falta de respeto”. 

El diputado nacionalista se mostró confiado en acercar posiciones y en que, en definitiva, la JND clarifique cuáles son sus prioridades, dejando a un lado la “campaña monotemática sobre el consumo de marihuana” y se enfoque en campañas públicas de educación y prevención sobre los efectos nocivos de las drogas, atacando la “demanda” de esas sustancias. 

“Hay decenas de miles de adictos a la pasta base y el Estado no da ninguna solución”, reconoció Dastugue. “Nos votaron para cambiar las políticas de drogas, que son socias de las políticas de seguridad”, apuntó. “Pero Daniel Radío continúa con las políticas del Frente Amplio”. 

Con menos de 100 camas disponibles, reconoció Dastugue, no existen en el Estado centros que puedan dar una respuesta adecuada a la “desesperación” de las “miles” de familias de los adictos que reclaman atención. 

"Enfoque científico"

El Partido Independiente respaldó en todos sus términos a su dirigente. El diputado Iván Posada dijo a El Observador que lo expresado por Radío refleja la postura histórica del partido desde hace varias legislaturas. “Es la visión que, por otra parte, tienen quienes han estudiado el tema con un enfoque científico”, dijo Posada al recordar el rechazo que las sociedades y la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de la República plantearon al proyecto durante su discusión en comisión. 

Posada remarcó que será el Senado el que, en definitiva, se expida sobre un proyecto que “para el Partido Independiente, es claramente inconveniente”

La postura de Radío generó un respaldo absoluto en filas del Frente Amplio. “Pensar que en el siglo XXI los daños se previenen ‘informando’ es un disparate”, comentó el exsecretario de la JND, Diego Olivera.  “Lo que se necesita es honestidad para reconocer el fracaso de las políticas tradicionales de drogas y diseñar alternativas eficaces”, sostuvo. 

Para Olivera, los que critican a Radío por su postura sobre la legalización del cannabis no entienden que la prevención resulta mucho más efectiva regulando un mercado legal que en un contexto de prohibición. 

A nivel legislativo, el Frente Amplio respaldó al jerarca. “Está haciendo una buena gestión y compartimos sus orientaciones”,  le dijo a El Observador el diputado Sebastián Sabini (MPP). “Cualquiera que lo conozca debería saber qué postura iba a tener sobre estos temas”.  El legislador recordó que rechazo de su fuerza política al proyecto de internación.  “No es bueno venderles a las familias una solución como esta que, además, no resolverá el problema de fondo”, dijo. “ En su opinión, la vía a recorrer es el fortalecimiento de los dispositivos de prevención y rehabilitación ya existentes. 

José Carlos Mahía (AU) llamó, por su parte, a tener empatía con las personas víctimas del consumo y con sus familiares. A su juicio, el Estado sigue sin dar respuestas adecuadas a un problema cada vez más grave y que afecta a toda la sociedad.  Desde el punto de vista político, el diputado dijo estar más cerca de la posición de Radío y su concepción “integral, pensada y seria” que las que plantea la “derecha del gobierno”, en una postura más conservadora que plantea como solución las acciones punitivas. 

Un sistema que no está preparado 

La polémica ley fue consensuada entre Cabildo Abierto y la diputada colorada Nibia Reisch (Ciudadanos). En líneas generales, establece la posibilidad de que personas adictas firmen una voluntad anticipada ante un escribano que permita internarlos en momentos de crisis.

Una iniciativa “loable y necesaría” pero que, en la práctica, sería imposible de implementar. Así lo había reconocido en octubre el presidente de la Asociación de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el marco de la discusión del proyecto. 

Según los datos del organismo, unos 2.000 adictos a la pasta base de cocaína podrían llegar a otorgar su aval por anticipado para ser internados y recibir el tratamiento correspondiente, que implica además un proceso de desintoxicación y reinserción. 

Un “proceso largo” según Cipriani, para lo que el sistema de salud “no está preparado”. Lo del presidente de ASSE había sido en respuesta a una consulta del diputado frenteamplista Luis Gallo (AU), para el que la ley será “inviable, impracticable y reducida para un pequeño grupo de adictos”. 

Cifras de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República citadas por el legislador opositor indican que el 0,8% de la población uruguaya, unas 25 mil personas, son adictas a la pasta base de cocaína. 

"Uno se pregunta cuántos van a poder financiar al acta notarial" que se requiere para dar el consentimiento informado, remarcó Gallo, cuyo costo es de $ 16.800. "Generalmente los que consumen pasta base son los que tienen menos recursos", señaló. 

El diputado frenteamplista reparó también en los 280 mil uruguayos que padecen de un consumo problemático de alcohol. Al respecto, se preguntó qué pasaría "si 3.000, 4.000 o 5.000 personas" firmaran por anticipado ese aval.  "A mi entender habría un colapso del sistema, no hay manera de evitarlo", dijo. 

Uno de los puntales de ASSE en ese proceso es el Portal Amarillo, sobre el que también se había pronunciado Cipriani al momento de comparecer en el Parlamento. "Nos encontramos con un edificio que se tiene que remodelar", dijo. "Empezando por los techos, porque se llueve todo y eso hace que haya humedad". El jerarca había anunciado trabajos de refacción, que entre otros aspectos permitiría aumentar allí de 30 a 56 las campas disponibles. 

ASSE mantiene también vínculos con una institución privada, el Centro Izcali, que ocupa el predio en el que estaba ubicado el antiguo Hospital Pedro Visca. Todo a través de un contrato que, según Cipriani, hubo que renegociar y que le permitió al organismo ahorrar unos $ 600 mil al mes. 

Fuentes de la institución señalaron a El Observador que, desde entonces, no se volvió a hablar del tema. Sobre la mesa hay una “idea” relacionada a la posibilidad de vender parte de los predios que hoy ocupan las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi.  Esos predios superan las 300 hectáreas pero, según se explicó, 70 serían suficientes para su cometido. Así, esos recursos podrían destinarse a los programas de rehabilitación. 

ASSE, de todas formas, procurará saber primero si el proyecto se aprobará en el Senado y, eventualmente, cuándo se aplicará. Desde el organismo se remarcó que, hoy, el sistema de salud carece de medios para cumplir con los cometidos que allí se le asignan. 

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