25 de junio 2023 - 17:44hs

Una retroexcavadora llena de arena la zorra de un camión. Luego el vehículo, pesado y cargado hasta la cima, avanza por los álveos del Santa Lucía. El movimiento —prohibido por la normativa vigente— es captado desde el zenit por un dron. Forma parte de las pruebas de la reciente denuncia que presentó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, ante una nueva extracción de arena de la cuenca que abastece de agua a Montevideo y Canelones.

“Otro disparate. Volvimos a denunciar, hubo sanciones, multas por parte de la Intendencia y el gobierno nacional. Evidentemente no alcanza. Ante la emergencia necesitamos otro marco de acción. El Santa Lucía es patrimonio de todos. Su defensa es una cuestión estratégica”, tuiteó el jefe comunal que ya lleva constatadas tres actividades extractivas de arena en esa zona que son plausibles de sanción.

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La última multa aplicada, en la zona del arroyo Vejigas donde transcurre el curso principal del Río Santa Lucía, se había elevado a $ 3.192.000.

Pero el intendente dijo que no es suficiente y que las sanciones no acaban por desestimular una actividad que, por ahora, está suspendida. “En breve se aprobará una reglamentación que habilitará nuevamente esta actividad con nuevas y fuertes exigencias ambientales”, había dicho la comuna canaria.

“La actividad detectada en las últimas horas está funcionando irregularmente ya que aún se mantiene la suspensión, por lo que se vienen procesando las denuncias y sanciones correspondientes”, dijeron desde la Intendencia de Canelones a El Observador.

El río Santa Lucía es la principal fuente de agua potable del país, en total abastece a un 60%. Pero, además, también es fuente de explotación para las areneras que trabajan a lo largo de su cauce. Y para hacerlo necesitan habilitaciones que tienen limitaciones ambientales.

En los álveos públicos debe contarse con la autorización de Hidrología del gobierno nacional. Fuera de allí, en el territorio que es Canelones, el control corre por cuenta de la Intendencia que es la que suspendió las habilitaciones mientras dure la crisis hídrica que afecta al área metropolitana y hasta que se apruebe la nueva reglamentación.

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