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Paraguay expresó “tremendo malestar” con Uruguay y el gobierno dio sus explicaciones
La salida de Uruguay de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colman -tres ciudadanos paraguayos acusados de secuestro y requeridos por la Justicia de su país- generó un “tremendo malestar” en el gobierno paraguayo, según le comunicó este miércoles el canciller interino de ese país Enrique Insfrán al embajador uruguayo en Asunción, Federico Perazza, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
Perazza fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo para explicar porqué estos tres ciudadanos lograron salir de Montevideo el martes 8 a la hora 14, en el vuelo 6012 de Iberia con destino final a Helsinki, Finlandia, donde les fue concedido el asilo.
El embajador uruguayo argumentó que lo que sucedió no fue una decisión del gobierno uruguayo sino del Poder Judicial. Perazza señaló que en Uruguay hay “independencia absoluta de poderes”.
De hecho el diplomático uruguayo argumentó con la Ley 18076 (“Derecho al refugio y a los refugiados”) que señala en su artículo 41 que cuando hay un pedido de refugio pero además hay un período de extradición, el que decide no es la comisión de refugiados –en donde el Ejecutivo tiene participación- sino el Poder Judicial.
“Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el juez de la causa quien en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”. La norma también indica que “de la misma forma se procederá cuando la solicitud de refugio sea posterior al pedido de extradición”.
En este sentido, el diplomático uruguayo explicó que la decisión había sido del Poder Judicial uruguayo y que el gobierno actuó en conformidad con la ley. Sin embargo, sus argumentos no fueron de recibo para el gobierno paraguayo, aunque el presidente Mario Abdo Benítez manifestó que respetaban la decisión de la justicia uruguaya. Al ser un tema particularmente sensible en ese país, Abdo Benítez se involucró directamente en este tema para intentar que estos tres ciudadanos comparecieran ante la justicia paraguaya.
Perazza también señaló que los tres prófugos de la justicia no salieron del país con documentación uruguaya sino con papeles provistos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Finlandia, un país en el que Paraguay no tiene embajada, decidió acoger a Arrom, Martí y Colman.
Además de llamar al embajador uruguayo en Asunción, el gobierno de Abdo Benítez decidió subir la apuesta diplomática y llamaron en consulta a su embajador en Montevideo, que en las próximas horas deberá viajar a su país.
El caso
Arrom, Martí y Colman fueron procesados en Paraguay en noviembre de 2001 por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue liberada a los 64 días tras el pago del rescate, en enero de 2002, cercano a US$ 1 millón. De Debernardi es la esposa de un reconocido empresario paraguayo de la construcción, Antonio Debernardi, quien negoció entonces con los secuestradores.
La investigación de la policía paraguaya constató que el secuestro fue orquestado por la asociación de izquierda Partido Patria Libre, que años después pasó a ser el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se presume sigue una linea ideológica asociada al marxismo. El entonces presidente paraguayo Horacio Cartes creó en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encargada de combatir al EPP, al que se le atribuyen 64 muertes y decenas de secuestros desde hace más de una década.
Arrom, Martí y Colman vivieron refugiados en Brasil durante 17 años. La concesión del estatus de refugiados en Brasil se produjo tras alegar presuntas torturas por parte de las autoridades de Paraguay para, supuestamente, reconocer su autoría en el secuestro.
En paralelo, dos de ellos –Arrom y Martí– llevaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para rendir cuentas por esos presuntos hechos. Sin embargo, en junio de 2019 ese organismo absolvió a Paraguay de toda responsabilidad por considerar que no había pruebas suficientes de las acusaciones.
Unas semanas después, el Comité Nacional de Refugiados de Brasil (Conare) revocó la condición de refugiados políticos a los tres hombres, y el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, corroboró esa decisión, luego de que ellos apelaran lo resuelto por el Conare.
Los tres acusados huyeron de Brasil y el gobierno uruguayo les concedió refugio.
