Este miércoles por la mañana la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que exonerará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al agua embotellada por unanimidad, medida anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou este lunes, cuando decretó la emergencia hídrica por la sequía que sufre el país.
El asunto comenzó en el Plenario de la cámara alta a las 11:00, y ahora pasará a la Cámara de Diputados que lo tratará en su plenario de las 15:30.
En la discusión del Senado, el Frente Amplio propuso este miércoles un aditivo para que el Poder Ejecutivo ejerciera un control de precios del agua embotellada en las góndolas de los comercios pero el oficialismo no lo aceptó y planteó sus reparos durante la sesión.
"Si se deja al juego de la oferta y la demanda, existe la chance de que el Estado renuncie a cobrar esos impuestos y que el precio, de todas maneras, se mantenga alto en almacenes y supermercados", alertó el senador Mario Bergara en rueda de prensa.
Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana consideró que esa medida implica aplicarse "en un país sin cuerpos inspectivos". "Habría que crear cuerpos inspectivos o sino obligar a que todas las operaciones de venta de agua se hagan con medios electrónicos para ejercer el control. O sino, algo peor, mandarle la Policía a los almaceneros. La verdad que no veo la efectividad, ni las ganas, ni siquiera la posibilidad", reclamó.
"Si algún control o sanción hay que hacer que la ejerza la única que la puede hacer que es la ama de casa. Esa es la mejor de las policías, es policía en nuestra casa y mucho más para el pobre almacenero abusador", aseguró.
"Ningún almacenero, ningún participante de toda la cadena de distribución del agua está abusando de la situación, tampoco los fabricantes, tampoco los proveedores primarios", añadió.
Según la senadora Carmen Asiaín, el Poder Legislativo carece de las facultades para pedirle al Poder Ejecutivo el control de los precios. "En el Parlamento estamos para legislar. Para que se apruebe una ley y que sea efectiva, no dar para dar señales políticas. Nosotros tenemos que ser los vigías de que esto se traslade a precios, ante la ausencia de una policía que vigile estas medidas".
"Además en época de redes sociales está el control ciudadano, bastará con subir a redes sociales una foto con ese aumento y puede surtir muchísimo efecto", aseguró.
Otra opinión sobre el control de precios la dio el senador frenteamplista, Oscar Andrade. "No creo que tarifar o fijar un precio tenga que ver con mandar la policía a los almaceneros. ¿No está tarifado el precio de la leche? ¿No está tarifado el precio del gas? Es ver que el sacrificio fiscal que estamos haciendo vaya a donde queremos que vaya".
En ese sentido se pronunció su correligionaria, Liliam Kechichiam. "En la pandemia un tapabocas y un alcohol en gel pasaron de costar 10 a costar 100. El precio, como dijo Cambadu, es libre. Hay que hacer un llamado a la responsabilidad de los comerciantes".
La vigencia de la exoneración será hasta que el Poder Ejecutivo de por finalizada la emergencia hídrica declarada el lunes 19 de junio para el área metropolitana. La iniciativa se tomó “en virtud de la situación de sequía que afecta la mayoría de los cursos y principales reservas de agua utilizadas para abastecer a la población”, indica el proyecto.
El proyecto “tiene por finalidad reducir el precio al consumo final de aguas minerales y sodas, teniendo en cuenta la limitación al acceso de agua corriente para muchos de sus usos habituales que la crisis hídrica ha causado”, añade el texto oficial.
El descuento del IVA se sumaría, de ser aprobado, al decreto que fija en 0% la tasa de Impuesto Específico Interno (Imesi) para el agua embotellada. El insumo esta gravado con 22% de IVA; y 10,5% de Imesi por litro sobre un precio ficto que hoy es de $ 22,18.
Si se toma como base el último precio medio reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para un bidón de agua Salus de 6,25 litros, que fue de $ 131,6, hay 23,73 pesos que son IVA, y otros $ 14,55 que corresponden a Imesi. Sin esos impuestos ese producto debería costar $ 93,3, es decir $ 38,3 más barato.
