Nacional > SEGURIDAD EN LA LEY DE URGENCIA

Penalistas cuestionan efectividad de cambios en legítima defensa

Juristas advierten que la iniciativa del gobierno va a dar una falsa idea de seguridad que creará problemas

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25 de enero de 2020 a las 05:00

Como está redactado el artículo de la legítima defensa en el texto del proyecto de ley de urgente consideración elaborado por el futuro gobierno “no solo no aporta ni incrementa la seguridad, sino que va a crear problemas”, afirmó a El Observador el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de la República Germán Aller.

El texto extiende la legítima defensa a quien emplea violencia para defender todas las dependencias de una casa (los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes o similares) o en el caso de un establecimiento rural se incluyen los galpones o instalaciones que forman parte de la propiedad.

Al respecto Aller consideró como algo “raro” que se incluyan esas dependencias porque siempre estuvieron integradas al domicilio. “Siempre hemos interpretado y enseñado en la facultad, que el balcón, como el jardín del frente o del fondo integran la casa”, aseguró.

Para el catedrático el principal problema que traerá esta propuesta es que va a dar una falsa seguridad. “El ciudadano va a pensar que actúa protegido por la legítima defensa pero ante la mínima prueba no estará amparado y ya no va a haber legítima defensa”. Como consecuencia en su opinión, se van a incrementar las causas penales. “Es muy preocupante porque muestra mala técnica”, insistió.

Desde su punto de vista tal como está redactada la legítima defensa en el artículo 26 del Código Penal, está completa y “no hay que tocarla”. En la redacción actual para que exista legítima defensa, se exigen tres condiciones: una agresión ilegítima; la necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir el daño; y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

El proyecto del gobierno entrante mantiene esas tres condiciones y aclara que “se considerará racional, la convicción objetivamente fundada de quién se defiende, respecto del medio empleado” (para defenderse del ataque).

El excatedrático en Derecho Penal de la Udelar Milton Cairoli dijo que si bien aún no estudió el proyecto en profundidad, le parece preocupante ese agregado porque es imposible que quien actúa en medio de un ataque pueda pensar objetivamente.

Cairoli también coincidió con Aller en cuánto a que la supuesta extensión de las zonas de la casa o del campo dónde se presume la legítima defensa pueden dar una engañosa seguridad. El jurista afirmó que el artículo seguirá contando con la interpretación del fiscal, como ocurre actualmente que casos similares tienen resultados judiciales diferentes, dependiendo del fiscal y del juez que lo analice.

El catedrático en Derecho Penal fallecido Miguel Langón tenía una amplia interpretación de la legítima defensa. Según la interpretación que hacía del artículo 26 del Código Penal –y que quedó plasmada en sus libros– si una persona llega a su casa y encuentra a un hombre desarmado adentro puede dispararle bajo el argumento de que “hay una presunción a favor de la persona que se defiende”. O si una persona se encuentra a un ladrón llevándose por el fondo de su casa un televisor y otros objetos, puede dispararle.

Sin embargo, frente a casos similares la justicia ha interpretado que en estas dos situaciones no encuadraban dentro de la legítima defensa porque no estaba en peligro la vida de la víctima del robo.

Policías y militares

El proyecto del gobierno también considera que existe legítima defensa cuando quien repele una agresión física contra él o un tercero, es un funcionario policial, de la Prefectura, o del Ministerio de Defensa, incluyendo quienes protegen las fronteras en el marco de la ley aprobada en 2019.

Aller también cuestionó este aspecto del proyecto. “El policía (o el militar) no necesita manejarse con legítima defensa, es la persona más capacitada para el ejercicio de la legítima defensa de terceros, resuelve por el cumplimiento de la ley, no por la vía de la legítima defensa. Parece que no lo tuvieron en cuenta. En este aspecto la ley tampoco necesita modificaciones para que haya mayor seguridad”, opinó.

Sin embargo, ya se conocía que este aspecto estaría incluido en el proyecto. El presidente electo Luis Lacalle Pou viene proponiendo estas modificaciones desde 2016 cuando presentó un proyecto en el Senado sobre el tema. Durante la campaña electoral reiteró que detrás de este cambio está la necesidad de asegurar a los policías “que se sienten amenazados” la legítima defensa y la posibilidad de usar el arma de reglamento en caso de ser necesario. Insistió también en que se trata de un pedido el propio sindicato que reúne a los policías por “encontrarse solos” para el “combate a la delincuencia”.

De hecho el sindicato policial presentó también un proyecto de ley al Parlamento. El abogado de Sifpom, Washington Abdala, ha explicado que lo que buscan es que se le de al funcionario el beneficio de la presunción relativa que implica que se parte de la premisa de que es inocente aunque se deba probar esa inocencia.

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