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Pensión irregular en Pocitos: más de 30 inmigrantes enfrentan orden de desalojo

Este martes se reunieron con el abogado Juan Ceretta para definir los pasos a seguir; la encargada prefirió no responder sobre las denuncias en su contra

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04 de junio de 2019 a las 18:32

Una treintena de inmigrantes que viven, en su mayoría, desde hace un año y medio en una pensión irregular en la calle Óscar Gestido, en Pocitos, enfrentan una orden de desalojo para este viernes, luego de que la inmobiliaria que gestiona la propiedad solicitara a la Justicia el lanzamiento, según señalaron a El Observador inquilinos. 

La venezolana Ruby Contreras explicó que cuando llegó a Uruguay conoció la casa de Pocitos por referencias de otros inmigrantes. "Fuimos llegando de a pequeños grupos a alquilar el espacio. La persona que estaba encargada nos atendió de maravilla, pero alrededor de los siete meses descubrimos que todo estaba totalmente mal", narró la mujer que trabaja en un residencial. En el lugar actualmente viven 30 adultos y 4 menores, entre ellos un bebé de apenas seis meses. En su mayoría son cubanos y venezolanos. 

En setiembre de 2018, según el relato, llegó el primer cedulón con una orden de desalojo. Cuando los inquilinos -que no recibían comprobante por el pago mensual- se pusieron a investigar se dieron cuenta de que la pensión no estaba en regla ni registrada como tal, ya que ante la Intendencia de Montevideo (IMM) aparecía como casa de familia. 

"Nos enteramos de que el desalojo era porque la encargada del lugar era mala pagadora. Ahí nos empezamos a preguntar qué estaba pasando con la plata que pagábamos mes a mes", afirmó Contreras, que detalló que pagan por las habitaciones entre $8 mil y $16 mil. 

El Observador se contactó con la encargada de la pensión pero no quiso hacer declaraciones. Solamente hizo referencia a los fallos a favor del desalojo y sostuvo que "la Justicia en Uruguay es interpretativa y en el caso hubo dos fallos a favor de dos prórrogas que en total duraron 7 meses y un tercer fallo, que no se prorroga más, y se ejecutará el lanzamiento", señaló. 

Una vez que los inquilinos se enteraron de que la casa no estaba en regla, pidieron a los responsables que regularizaran la situación para seguir en el lugar, pagando el alquiler correspondiente. "La última vez que vino la intendencia le exigió (a la encargada) que hiciera revisiones para poder registrar el edificio como pensión", explicó Contreras. Sin embargo, según contó, esto no sucedió y la inmobiliaria ejecutó varias órdenes de desalojo. La encargada, según contaron los inquilinos, desde noviembre de 2018 que no aparece por la casa de Gestido. 

"Estamos a la deriva de que en cualquier momento vengan y quieran sacarnos a la fuerza", sostuvo Contreras quien afirmó que si el viernes se presentan las autoridades no les quedara otra opción que ir a la calle. 

Los inmigrantes decidieron dejar de pagar desde hace varios meses hasta que se regularizara la situación. Según argumentaron, no estaban seguros del destino que tenía el dinero que pagaban por mes. 

El consultorio jurídico

El abogado y responsable del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ceretta, señaló a El Observador que los inmigrantes tendrán una reunión para asesorarse sobre los pasos a seguir. En este sentido, explicó que si la orden de desalojo está dirigida solo hacia algunos de los individuos la Policía no podrá retirar al resto.

"A las únicas que se va a poder sacar el viernes es a quienes están en el cedulón. Primero, hay que identificar quienes son las personas, que a esta altura pueden pedir una prórroga", afirmó Ceretta, quien detalló que esos recursos tienen un plazo máximo de 120 días.

"Lo estudiaremos bien para ver qué acciones podemos promover nosotros, ya no como demandamos sino como actores", aseguró en relación a las acciones a tomar a futuro.

El problema con las pensiones que funcionan de forma irregular es un tema recurrente para el Consultorio Jurídico que interviene en todos aquellos casos en los que los afectados tienen bajos o nulos ingresos. La informalidad en la que operan muchas de las pensiones de Montevideo hace que los problemas de convivencia y los abusos por parte de los administradores sean frecuentes. Actualmente, la Intendencia de Montevideo trabaja en un proyecto de decreto para introducir modificaciones a la normativa que regula este tipo de alojamientos.  

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