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Personas trans: en qué casos podrán cobrar pensión reparatoria
A partir de este jueves, las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que fueron víctimas del abuso institucional del Estado o privadas de libertad por su identidad de género van a poder acceder a una reparación económica de 3 BPC, que según los valores actuales corresponde a $ 12.426. Este es uno de los derechos reconocidos en la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en octubre del año pasado.
Desde que la norma fue reglamentada en mayo, 139 personas llenaron el formulario para acceder a esta prestación entregada por el Banco de Previsión Social (BPS). Hasta este jueves una veintena de casos fue probada por la Comisión Especial Reparatoria, el organismo del Ministerio de Desarrollo Social que analizó las solicitudes.
El director nacional de Promoción Sociocultural, Federico Graña, dijo a El Observador que no podrán acceder a este subsidio quienes ya cobren jubilaciones, pensiones o subsidios por incapacidad.
De acuerdo a los datos revelados por el primer censo de personas trans hecho en Uruguay (2016), quienes tienen derecho a acceder a la reparación económica estadísticamente son pocas: la esperanza de vida para esta población es de 35 años y la mayoría de las personas censadas dijeron tener entre 18 y 29 años.
Para iniciar el trámite, las personas que afirmaron haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de libertad por su identidad de género debieron llenar un formulario. Este documento, disponible en el sitio web del Mides o en las oficinas de la secretaría de Estado, pedía los datos básicos del solicitante, el detalle de los hechos denunciados, así como material adicional que pudiera facilitar la tarea de la comisión, como la presentación de pruebas o testigos que hubieran presenciado la vulneración de derechos.
Después de haber recibido el formulario, la comisión envió al Ministerio del Interior esta información para comprobar que hubiera registro de la denuncia. En muchos casos esta "prueba fehaciente" no existía, explicó Graña, porque "el registro del abuso, de los golpes, del trabajo forzado" no eran tipificados como tales en las actas policiales.
No obstante, la comisión advirtió que en muchas de las actas se repetía la "pederastia", un delito que en Uruguay nunca existió con esta tipificación. El director de Promoción Sociocultural expresó que en las décadas de 1970 y 1980, particularmente, esta palabra era usada como sinónimo de "homosexual" y que –al indagar en las actas– constaba que los oficiales de entonces habían hecho preguntas como "¿se valió de algún mecanismo para ser mujer?". Esta evidencia documental permitió probar que las instituciones del Estado habían vulnerado los derechos de esa persona por su identidad de género.
No en todos los casos esto fue posible, sin embargo, porque algunos de los casos no quedaron documentados. "El rol de los testigos cobró un papel muy importante en estos casos", afirmó Graña. Además, la comisión encargada de aprobar o rechazar las solicitudes se valió de los antecedente en materia legislativa, como la reparación económica de los ex presos políticos, en el entendido de que los derechos de las personas trans también fueron vulnerados.
La activista Colette Spinetti, que integró el consejo que redactó la ley trans reconoció que el monto de este subsidio –$ 12.426, inferior al salario mínimo nacional– no es mucho, pero consideró que es "todo un avance". Según dijo a El Observador, se trata de personas que no acceden a un trabajo y que subsisten con $ 3.000 al mes.
Asimismo, Spinetti subrayó que la transfobia persiste a pesar de los derechos reconocidos por la ley aprobada en 2018. En este sentido recordó que una mujer trans de Salto fue golpeada ese año al grito de "ahora vas a cobrar la pensión".
En esta etapa de transición entre el gobierno entrante y el saliente, los integrantes de la Comisión Especial Reparadora elaboraron un protocolo de actuación para sus sucesores sepan cómo actuar, contó Graña.
