11 de julio de 2011 21:15 hs

La Intendencia de Rocha intimó judicialmente a 73 propietarios no residentes de fincas de Punta del Diablo a demoler sus casas. Las fincas están sobre terreno fiscal en la franja costera y la demolición prevista es la cuarta instancia del Plan de Excelencia de Punta del Diablo, que pretende, desde 1999, regularizar la urbanística del balneario.

Este lunes, los abogados Leandro Rama y Pedro Algorta presentaron un recurso de reposición que solicita declarar nulo el acto administrativo de la Intendencia por el que fueron intimados.

“El decreto no expone argumentos válidos”, dijo Algorta a El Observador, quien considera que la intimación y el decreto contienen errores de forma y contenido. “La constitución no distingue entre personas permanentes y no permanentes, y el decreto lo hace y sin argumentos”, agregó.

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“Si Punta del Diablo es el balneario más exitoso nada justifica demolerlo. Después de 20 años de tolerancia a los asentamientos ilegales, no puede ser la primera medida tirarlos abajo, no es razonable. Hay que empezar a dialogar”, concluyó Algorta.

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