La Procuraduría General de Brasil pidió una condena de 17 años de prisión para el primero de los acusados que comenzó a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia por el copamiento de Brasilia el 8 de enero de este año.
Al abrir el juicio contra los primeros 40 acusados, la fiscalía pidió este miércoles penas de hasta 30 años de prisión por el delito de “grave atentado contra la democracia”.
En total están previstos unos 200 juicios contra más de un millar de detenidos durante la invasión y destrucción de las sedes de los poderes públicos en Brasilia cometida por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro ocho días después de la asunción presidencial de Lula da Silva.
Dos de los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron este mismo miércoles a favor de condenar a Aecio Pereira, un exempleado de 51 años de la empresa de saneamiento del estado de Sao Paulo, a una pena de prisión.
La fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen los cuatro primeros que comenzaron a ser juzgados, cuatro hombres, de entre 24 y 52 años.
"Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales han de responder por sus delitos", afirmó el fiscal Carlos Frederico Santos, subprocurador general de la República.
Santos calificó el primer juicio contra -según la prensa local-, como un "momento clave en la historia brasileña".
El juez relator, Alexandre de Moraes, pidió 17 años de cárcel para el primer acusado, Pereira, a quien mencionó como parte de un "delito colectivo" al participar de una "invasión criminal para la toma ilícita del poder a través de intervención militar".
"El objetivo era tomar los tres poderes para inviabilizar su ejercicio (..) Intentarían convencer al Ejército de adherir a ese golpe de estado. Estaban seguros de que lo conseguirían", dijo Moraes.
El magistrado mostró un video de Pereira dentro del recinto del Senado en el que celebraba la invasión y la incentivaba a través de redes sociales.
El segundo juez pidió una pena más blanda, de 2 años y 6 meses en régimen abierto.
Los cuatro primeros imputados en sentarse en el banquillo de los acusados -tres de ellos presos y uno en libertad- son juzgados por de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daño calificado, entre los principales cargos pedidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
La votación de los nueve jueces restantes empezará este jueves.
Los abogados de Pereira sostuvieron por su parte que el imputado no estaba armado durante la asonada y que, a diferencia de otros manifestantes, no cometió "ningún acto violento".
El acusado es víctima de un "juicio político", afirmó uno de sus defensores, Sebastiao Coelho da Silva.
Además de las denuncias por los delitos más graves, la procuración analiza más de mil casos por la asonada que en vez de "persecución penal" podrían acabar en multas y contribuciones sociales si se llega a acuerdos.
Bolsonaro, declarado recientemente inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de la asonada, aunque el niega toda responsabilidad dado que estaba en Estados Unidos.
(Con información de agencias)
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