Augusto Pinochet Ugarte ya no es más un “expresidente” de Chile y sólo se lo titulará como “exdictador” en toda la documentación oficial que emita o difunda el Estado chileno.
De ahora en adelante, sólo podrá nominárselo en los documentos oficiales y en especial en las reseñas presidenciales de la web institucional con ese rango institucional o los más lavados “militar y político”.
En cuanto al régimen que instituyó tras derrocar al presidente constitucional Salvador Allende, ya no podrá denominárselo “gobierno” y deberá referirse a él como lo que fue, “dictadura”. A secas.
La Cámara de Diputados del Congreso chileno decidió en su sesión del pasado 11 de julio, que el militar que tomó el mando del país mediante un golpe sangriento el 11 de setiembre de 1973 y perduró por 17 años, deje de ser “expresidente” en los documentos de la Biblioteca del Congreso.
De ahora en más, todos los registros e informaciones oficiales sobre la persona de Pinochet deberán ser modificados en el sentido de lo resuelto.
El dictamen se aprobó con 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones durante un ríspido debate que prueba que, a casi medio siglo de aquel episodio, la huella del genocida aún perdura en la realidad actual del país.
“Pinochet fue un dictador, corrupto y ladrón”, apuntó semanas atrás el presidente chileno Gabriel Boric, nacido en 1986, cuando el régimen de Pinochet rondaba los 13 años al frente de su país.
Su enfática referencia fue la reacción a la difusión de una encuesta en la que el 36% de los consultados dijo que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar el golpe de Estado” del 11 de septiembre de 1973.
La resolución votada por el Congreso fue defendida por la ministra del Interior del gobierno de Boric, Carolina Tohá. “Nos conviene a todos no confundir dictadores con presidentes de la república, ya que para ser presidente se necesita un mandato del pueblo y Pinochet nunca recibió eso”, recalcó la funcionaria.
La resolución aprobada deja constancia que “bajo su mando, se estableció un régimen militar autoritario que se extendió hasta 1990. Restringió los derechos civiles y políticos, instauró el estado de sitio y el toque de queda, la ilegalidad de algunos partidos políticos y el receso de otros, la censura a los medios de comunicación y ordenó la detención de dirigentes políticos opositores”.
“Durante gran parte de su régimen, se practicaron detenciones arbitrarias, torturas y exilio, situaciones que se reconocieron como violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos”, añade el texto de la resolución.
Una de esas víctimas fue José Tohá, quien además de haber ocupado el mismo caro que tiene hoy su hija, también fue ministro de Defensa del presidente Allende. José Tohá fue detenido y asesinado en 1974, a seis meses de asumir Pinochet como jefe de la junta militar.
El debate parlamentario que culminó con la sanción simbólica dejó entrever el estado de ánimo fuente al aniversario, que será recordado de manera oficial en pocas semanas.
El espectro de la derecha pinochetista en el Parlamento votó en contra de la resolución.
“Pinochet fue presidente de Chile, les guste o no”, dijo el parlamentario Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, del Partido Republicano, un derivado de extrema derecha de la UDI (Unión Demócrata Independiente) de tendencia pinochetista.
“Fue un estadista”, declaró por su parte el ultraderechista Luis Silva, el constituyente más votado en la última elección.
El diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo los refutó en términos severos: “Aunque la mona se vista de seda, mona queda. En otras palabras: Pinochet fue, es y será siempre sólo un dictador”, dijo.
La presidenta del grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos y diputada comunista Lorena Pizarro, que presentó el proyecto en el Congreso, se mostró visiblemente satisfecha.
“Las cosas están como deben estar, a pesar del ataque de pánico que tuvieron los pinochetistas aquí en la Cámara”, tuiteó Pizarro tras la votación.
(Con información de DW)
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