La lista de críticas que recibió el congelamiento de precios por 60 días planeado por el gobierno argentino es interminable. Términos como “prehistórico” o “fracaso anunciado” fueron habituales en los análisis de los economistas durante las últimas semanas. Y, por cierto, todos advirtieron que este tipo de medidas han sido intentadas muchas veces en la historia reciente, siempre con malos resultados.
“La aplicación recurrente de acuerdos, controles y/o congelamientos en un contexto de alta y sostenida inflación termina por lesionar el normal funcionamiento de las cadenas productivas y los canales de distribución y comercialización”, afirma Gabriel Caamaño, analista de la consultora Ledesma.
Los primeros síntomas de escasez parecen darle la razón a estos pronósticos pesimistas. La semana pasada ya hubo góndolas vacías. Al principio se atribuyó el problema al feriado largo del Carnaval, pero rápidamente se vio que no se trataba de una situación pasajera.
Ello motivó a los funcionarios del gobierno a citar a los ejecutivos de los supermercados, quienes se defendieron con el argumento de que las grandes empresas productoras de alimentos les envían sus mercaderías con el precio remarcado. A su vez, éstas culpan a los proveedores de insumos y a los mayores costos de transporte y logística.
Es decir, una situación de manual en un país que ya lleva cinco años con inflación superior al 20% y donde todos los sectores de la economía han desarrollado una gimnasia indexatoria para protegerse de la pérdida de poder adquisitivo.
Incluso aquellos optimistas que creen que el gobierno sí podrá tener éxito en garantizar precios congelados durante dos meses, advierten sobre el “efecto del día 61”, cuando prevén que se producirá un aumento brusco que refleje la inflación reprimida.
Las críticas no sólo se han limitado a las esperables, como las surgidas de dirigentes políticos opositores o a economistas de tendencia liberal, sino incluso a los sindicatos amigos del gobierno. Fue sugestiva al respecto la actitud de Antonio Caló, líder de la “CGT Balcarce” (llamada así irónicamente, en alusión a la calle donde se ubica la Casa Rosada), quien no disimuló su falta de entusiasmo. “Los acuerdos de precios no sirven”, fue su contundente respuesta.
Aun así, el gobierno de Cristina Fernández está apostando todas sus fichas a este acuerdo con los supermercadistas. ¿Cuál es el motivo de esa persistencia a pesar de un ambiente tan crítico?
La respuesta es sencilla: más que lograr un freno duradero a la inflación, el objetivo principal del congelamiento es crear en el corto plazo una sensación de estabilidad, un clima propicio para contener los salarios en las negociaciones con los sindicatos.
Cuestión de “timing”
Quienes transitan los pasillos oficiales afirman que se nota mayor preocupación entre los funcionarios. La desaparición del “ancla cambiaria” y cierta aceleración en los precios observada en los últimos meses están imponiendo la idea de que se corre el riesgo de una espiral inflacionaria. La escapada del dólar paralelo, que ya cotiza más de 50% encima del oficial, es una alarma contundente.
Pero no solamente hay preocupación en filas oficiales, sino que también hay una sensación de urgencia, de que éste es el momento para intentar un cambio en las expectativas inflacionarias y que lo que no se logre ahora será difícil de hacer después.
Por eso no hay tanto temor al efecto del día 61: lo que el gobierno quiere es que las negociaciones salariales, que se están dando ahora, mientras rige el congelamiento de precios, no se “desborden” con aumentos por encima de 25%.
Además esta es la época del año en la que el gobierno puede moderar su nivel de expansión monetaria. Luego de haber puesto al máximo la “maquinita” de imprimir billetes sobre fin de 2012, cuando el Banco Central llegó a una tasa de emisión de 40% respecto del año anterior, ahora se puso en marcha una “aspiradora” para retirar dinero de la plaza. En lo que va del año, ya se absorbió casi la mitad de los pesos que se habían volcado al mercado en diciembre.
“Claramente, nos acercamos a los meses más cómodos del gobierno; desde julio en adelante comienzan las dificultades”, observa el economista Salvador Di Stefano.Y alude a que, a diferencia de lo que ocurre sobre fin de año –cuando se acumulan pagos y por eso el Banco Central debe emitir mucho para asistir al Tesoro–, durante la primera parte del año no hay grandes erogaciones del sector público.
En mayo se alcanza el récord de recaudación por el pago de impuesto a las ganancias y los exportadores liquidan buena parte de los dólares de exportación en estos meses.
Por ello para Cristina Kirchner no es indistinto hacer el intento de bajar la nominalidad de los precios ahora que la estacionalidad se lo permite. Más adelante, probablemente, resulte más duro encarar cualquier plan antiinflacionario.
Hay, además, otro ingrediente para este “timing”: ya pasó el momento más difícil de la demanda de dólares, porque la mayoría de los que se fueron de vacaciones al exterior están de vuelta, aliviando así la presión sobre el tipo de cambio marginal. En marzo, por otra parte, llega el ansiado ingreso de dólares de la cosecha agrícola, lo que dará margen de estabilidad al “dólar blue” y para calmar las expectativas devaluatorias y evitar el “efecto contagio” al resto de los precios.
A todo o nada
Y, finalmente, está el “factor electoral”. En octubre se vota la renovación del Parlamento, y ya es un clásico que en años de elecciones se produce un incremento del gasto público, al tiempo que la gente refuerza su tendencia a protegerse huyendo hacia el dólar. Es por eso que las probabilidades de un plan de ajuste en el segundo semestre lucen escasas.
De manera que en estos días se juega buena parte del futuro del “modelo K”. De momento, los pronósticos siguen mostrando escepticismo sobre el objetivo estabilizador de Cristina Kirchner.
“Ojalá dé resultado, pero más que nada es una pantalla para tratar de que las paritarias reduzcan la posibilidad de aumentos que permitan recuperar poder adquisitivo del salario. No le veo que tenga mucho éxito”, señala Hugo Moyano, líder de la CGT opositora.
En tanto, Daniel Funes de Rioja, representante de la Unión Industrial, adelanta que “las próximas negociaciones paritarias van a generar un fuerte impacto en la producción de alimentos y bebidas y no será posible poder absorberla sin trasladarla a los precios”.
Ajeno a las críticas, el gobierno sigue aplicando con entusiasmo las viejas recetas. Consciente de que ya no puede usar, como en otros tiempos, el “ancla” cambiaria, busca otros métodos. Incluso cuando eso implique un freno en los salarios.
Mientras tanto, el reloj avanza inexorable y los funcionarios saben que todo lo que no se logre ahora, costará mucho más en el futuro.
