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La hermana de Argimón y otros temas pendientes en la Jutep

El nuevo directorio tiene una larga lista de pendientes como la reglamentación de la ley que obliga a los candidatos a intendentes presentar sus declaraciones juradas antes de las elecciones 

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03 de agosto de 2020 a las 05:04

Tomar posición sobre decisiones políticas de algunos integrantes del nuevo gobierno que pueden haber infringido la ética, reglamentar una ley que agregó más atribuciones al organismo, presentar un anteproyecto en el Parlamento para intensificar los controles en la corrupción privada y elevar un informe para contribuir con una investigación penal.

Esos son algunos de los asuntos más importantes que tiene que resolver el nuevo directorio de la Junta Transparencia de Ética Pública (Jutep), cuyas autoridades –la presidenta Susana Signorino, de Cabildo Abierto, el vicepresidente Guillermo Ortiz, del Partido Nacional, y Jorge Castro, vocal designado por el Frente Amplio– comenzaron a sesionar días atrás.

El organismo tiene alrededor de 15 denuncias a las que deberá dar respuesta acerca de la ética de funcionarios públicos, entre las que se incluye la que presentó a fines de abril la Vertiente Artiguista contra Gerardo Sotelo por haber sido designado como director de los medios públicos mientras integraba la nómina de suplentes de la candidata a intendenta de Montevideo por la coalición multicolor Laura Raffo. Si bien Sotelo renunció a esa suplencia, la Jutep tiene que definir si analizará el caso o dará por zanjado el tema con la decisión tomada en mayo por el integrante del Partido Independiente.

También deberá decidir si se actuará de oficio en situaciones como la de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien designó a su hermana como asesora en su despacho del Senado, lo que contradice al artículo 35 del decreto 30/003 –ratificado por ley en setiembre de 2019– que prohíbe “la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge”.

Basándose en esa norma, la Jutep ya había emitido un fallo en febrero de 2018 con consideraciones éticas, luego de que salieran a la luz casos de familiares directos de jerarcas en diversos organismos, como en varias intendencias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ASSE y Presidencia de la República.

Otra situación que puede motivar la intervención de la Jutep son los hechos ocurridos este año en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). Su presidenta actual, Mercedes Aramendía, presentó una denuncia a comienzos de junio luego de detectar que un exfuncionario del organismo ingresó al edificio para sustraer y destruir documentos oficiales. Esta persona es un abogado que había trabajado bajo las órdenes del exdirector por el Frente Amplio Nicolás Cendoya, también indagado por la Fiscalía.

Para conocer la línea de trabajo que tendrá la junta anticorrupción, El Observador intentó el contacto con Signorino y Ortiz, pero no respondieron los mensajes y llamados. Quien sí atendió el teléfono fue Castro, pero contestó que en la sesión del directorio de este miércoles se decidió que la presidenta será la única persona que hará declaraciones a la prensa.

La ley incompleta y la recepción de denuncias

En la agenda que tenía el organismo cuando estaba encabezado por Ricardo Gil Iribarne –que presidía el directorio integrado por el entonces vicepresidente Daniel Borreli y la vocal Matilde Rodríguez– estaba pendiente cumplir con otra ley aprobada en setiembre del año pasado –la 19.797–, y que implicó cambios relevantes en la actuación del propio organismo. La nueva norma –que tiene que ser aún reglamentada por la Jutep– estableció que la declaración jurada de bienes, ingresos y las vinculaciones empresariales del presidente, el vicepresidente, los ministros, legisladores, intendentes, directores de los entes, ministros de la Suprema Corte de Justicia –entre otros jerarcas–, sea pública, y la Junta tiene la obligación presentar un resumen de los documentos en su página web. 

Además, la nueva ley obliga a los candidatos a presidente, vicepresidente e intendentes a presentar su declaración jurada hasta 30 días antes de las elecciones, y una multa para aquellos que incumplan esta disposición –monto que también deberá fijarse en la reglamentación–, lo que aumenta las tareas del organismo. Las elecciones departamentales son el 27 de setiembre, de modo que la Jutep deberá apurarse a reglamentar la ley para poder recibir las declaraciones el 27 de agosto.

También estaba en la agenda del organismo impulsar el tratamiento parlamentario de la ley que crea el delito de enriquecimiento ilícito, que fue aprobada en el Senado en diciembre de 2018, y promover la modificación de un artículo de la ley Nº 19.823 –la que ratificó el decreto sobre el código de ética de la función pública–, que define la protección estatal solo para los funcionarios públicos que denuncien la corrupción, y no para "cualquier persona", como estaba definido en el decreto.

A su vez, según señalaron fuentes del directorio anterior a El Observador, el organismo tenía la misión de poner a disposición "un portal web para recibir denuncias, que está pronto pero no operativo".

La investigación de INAC

La Jutep tiene que responder también a una solicitud realizada por el fiscal especializado en Delitos Económicos Enrique Rodríguez, quien tiene a su cargo una investigación sobre presuntas irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas por parte de los anteriores integrantes del directorio del Instituto Nacional de Carne (INAC). Para este caso, Rodríguez pidió a la Junta la elaboración de un informe sobre los gastos efectuados por los jerarcas en los últimos años, en base a insumos del INAC. Rodríguez recibió días atrás una comunicación por parte del nuevo directorio de la Jutep en la que se indicaba que estaban al tanto de la tarea pendiente, según supo El Observador.

Presupuesto

Actualmente, en el organismo trabajan dos abogados y una contadora que están en pase en comisión, lo que a juicio de las autoridades anteriores era insuficiente, dada la sobrecarga de trabajo. El directorio deberá resolver con el Poder Ejecutivo la eventual contradicción entre el documento Compromiso por el país, que firmaron los socios de la coalición gobernante en noviembre de 2019, y lo dispuesto por el decreto 90 020 que exhorta a los organismos descentralizados a cumplir con medidas de austeridad. El documento acordado entre los partidos de la coalición definía entre las prioridades programáticas dotar a la Jutep "de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea".

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