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La audiencia se llevó a cabo este viernes

Nacional > VIOLENCIA Y LESIONES

Por qué los agresores de Punta del Este esperan el juicio en libertad

Las medidas cautelares provocaron el punto álgido de la audiencia 

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12 de febrero de 2022 a las 05:02

El padre y la madre de Juan Ignacio Romero (18) solo vieron las espaldas de los cuatro jóvenes que golpearon a su hijo y lo atropellaron con un cuatriciclo. Sentados cerca de la puerta y al fondo del salón, observaron toda la audiencia de formalización de la investigación judicial. Se sujetaban de las sillas, se cruzaban de brazos y hacían algún gesto facial que parecía ser involuntario cada vez que escuchaban algo que les provocaba rabia o dolor. En la audiencia el juez Sebastián Amor los imputó por violencia privada agravada y lesiones personales. A uno de ellos en calidad de autor y a los otros tres como coautores. Negó la prisión preventiva como medida cautelar.

Según relató la fiscal Ana Rosés en la audiencia, Romero salió el 5 de febrero pasadas las 20 horas de la casa que su familia alquiló en el balneario Pinares. A partir de su vestimenta –un buzo con capucha, gorro con visera y un pantalón de estilo cargo– los cuatro imputados lo confundieron con un ladrón que estaba robando a sus vecinos. El joven, que había salido a dar una vuelta escuchando música, no pudo escuchar los gritos de los agresores que lo acusaban de “chorro” y le decían que parara.

La víctima, que todavía disfrutaba de su caminata fue derribado por una patada que vino de atrás. Miró y había tres hombres más con cachiporras en mano que venían tras él. Corrió todo lo que pudo hasta que no los vio más. Pero los ahora imputados no habían declinado en su intención de herirlo, habían vuelto a su casa –contigua a la de Romero– a armarse.

 

 
Allí uno de ellos –el que fue imputado por la autoría del ataque— se subió a un cuatriciclo; y los otros tres a un auto. No tardaron mucho en encontrarlo. Romero había reanudado su caminata, hasta que lo embistieron con el cuatriciclo de tal forma que “quedó sentado en el vehículo” (en palabras de Rosés) y recién varios metros más adelante cayó al suelo. Se levantó y corrió para esconderse en unos arbustos, pero lo volvieron a alcanzar.
Les gritó y repitió varias veces que “no era ningún chorro, que era el vecino”. Les dijo que les iba a mostrar que no estaba mintiendo si lo acompañaban hasta su casa. En ese momento, según la fiscal, intentaron meterlo contra su voluntad adentro del auto mientras le gritaban que si no era su casa lo iban a matar. Al final, lo escoltaron caminando y le cachearon el cuerpo para ver si llevaba armas.

El 90% de lo sucedido fue grabado por cámaras del Ministerio del Interior y de un vecino que lo aportó al Ministerio Público, subrayó Rosés.
La pareja de su padre abrió la puerta y les confirmó que el joven vivía allí, y les pidió que lo dejaran en paz. Los imputados, conscientes del error, le devolvieron el buzo y le dieron plata para comprar otro gorro.

 

 
Después volvieron a intentar subsanar lo sucedido a través de regalos económicos. La fiscal aseguró que lo quisieron invitar a pasear en el cuatriciclo con el que lo habían embestido, a la piscina e incluso le ofrecieron al padre pagarle el resto del alquiler con tal de que dejaran la propiedad.

La fiscal consiguió la anuencia del juez respecto de la formalización, pero no así en la solicitud de las medidas cautelares. Argumentó que había riesgo de que si los imputados quedaban en libertad pudieran entorpecer la investigación y además comprometer la seguridad física y mental de la víctima. Por esa razón pidió 90 días de prisión preventiva.

El juez Amor manifestó que “no hay mérito para creer que hay sospecha grave y fundada” sobre esos puntos, razón por la que denegó el pedido. En cambio, dispuso la fijación de domicilio, la imposibilidad de salir del país y la prohibición de acercarse a 500 metros a la víctima. La fiscalía decidió apelar, así que será el tribunal de apelaciones el que dirima si esto se mantiene.

Este fue el punto más álgido de la audiencia. El defensor de los imputados señaló que debía aplicarse el principio de lesividad –es decir, contemplar que no hubo consecuencias graves para la víctima– y que había una incongruencia entre la gravedad de los delitos tipificados y el pedido de prisión preventiva. Además, sostuvo que eran jóvenes con arraigo –por lo que no se fugarían– y que no han entorpecido la investigación, y que se constataron lesiones leves.

Doce horas después del hecho fue realizada la pericia forense, que registró “dolor en zona lumbar baja, erosión en pierna izquierda y dolor en pierna derecha”, detalla el documento al que accedió El Observador. Se indica que el tiempo de recuperación es de tres a cuatro días y el tiempo de inhabilitación es de tres días, lo que según fuentes del caso corresponde a lesiones leves.

 



La fiscal dijo en la audiencia que Romero sufre de síntomas compatibles con un estrés postraumático. Su padre había dicho a El Observador que “está comiendo poco, durmiendo mal, se le vienen las imágenes de lo vivido incluso en momentos en que está en una actividad de distracción (como mirar TV)”. “Camina junto a nosotros mirando a cada rato hacia atrás y le cuesta concentrarse”, detalló.



Abogado de los imputados responsabilizó solo a uno de ellos



El abogado de los cuatro imputados, Sebastián Serrón Bon, aseguró en audiencia que lo sucedido se reduce a una situación “moralmente reprochable”, pero no una inconducta penal. Esto, salvo en el caso del imputado en calidad de autor, de quien reconoció una “conducta desajustada, no acorde a la norma penal establecida”. “No existió la pluriparticipación”, concluyó tajantemente.

Entre sus argumentos, resaltó que la víctima aceptó el dinero cuando se le ofreció y expuso que la noche de la persecusión los imputados llamaron al 911 para alertar a las autoridades.

“La funcionaria policial relata que cuando llega no había ningún tipo de problema. Estaba todo tranquilo e incluso se abrazaron entre el denunciante y los denunciados. Se intentó reparar el error”, indicó.

Destacó también que el informe del médico forense señala únicamente lesiones leves y que estando seis días en libertad los jóvenes nunca intentaron entorpecer la investigación. Criticando a Pablo Romero —que por su calidad de asesor de la ANEP tuvo una rápida llegada a los medios donde contó la historia de su hijo— indicó que los padres de los imputados –los cuatro tienen entre 23 y 25 años– “no tienen vinculación política ni ningún cargo”. Según dijo Serrón Bon, Romero los amenazó por el cargo que tiene. 

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