El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció que el 27 de diciembre comenzará a aplicarse la portabilidad numérica, lo que generó críticas por parte del director del Frente Amplio en el ente de las telecomunicaciones, Daniel Larrosa, quien consideró que no debería entrar en vigencia antes del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), ya que es unos de los 135 artículos que se busca derogar.
Según informó Canal 5, Gurméndez hizo este anuncio el pasado viernes durante la inauguración de seis radiobases de Antel en Paysandú. "Es un derecho que se ha consagrado en la LUC y que supone una mayor libertad de elegir de los clientes”, dijo el jerarca.
Desde la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) dijeron a El Observador que se está trabajando para que la portabilidad numérica se pueda implementar en diciembre pero no confirmaron la fecha que dio Gurméndez.
Ante esta información, Larrosa señaló en su cuenta de Twitter que se están gastando “millones de dólares” en un “instrumento obsoleto y no se sabe si finalmente la normativa mantendrá su vigencia”.
El director frenteamplista de Antel mostró su molestia porque “desde el seno del propio Antel se festejen cambios normativos que perjudican los ingresos de la empresa pública y que favorecen a las multinacionales”.
Según Larrosa, existen estudios que dan cuenta de “una pérdida anual mayor a US$ 30 millones” y que si bien el último Informe de Mercado de Telecomunicaciones de Uruguay -realizado por la Ursec- reflejó que Antel es líder en el mercado de telefonía móvil (46,06%), Movistar (33,17%) y Claro (20,77%) tienen “una gigante presencia global, con 100 veces más clientes, y disponen de procesos adaptados para este sistema de portabilidad”. “Estas empresas son las que reclaman hace años su implantación”, puntualizó.
Gurméndez había informado en su visita a la Expo Prado en setiembre que el costo de la implementación de la portabilidad numérica para Antel será de US$ 365 mil.
El consorcio Cleartech-Cietel será el administrador de la base de datos (ABD) del servicio de portabilidad numérica implementado en la LUC. El gobierno incluyó una cláusula en los contratos con la empresa que exime al Estado de toda responsabilidad jurídica ante una eventual derogación de los 135 artículos de la LUC. Esa norma también aplica para las empresas de telefonía móvil (Antel, Claro y Movistar). La implementación de esa cláusula contó con la anuencia de todas las compañías involucradas.
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