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Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores Públicos

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Presidente de Asociación de Defensores: "Hay muchas detenciones ilegales de la policía en el interior"

El presidente de la Asociación de Defensores Públicos trabajará para lograr la independencia de la Defensoría y criticó los cambios impuestos por la LUC

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22 de febrero de 2021 a las 05:00

Joaquín Gamba tiene 42 años, es oriundo de Tacuarembó y se recibió de abogado en el año 2006. Luego de trabajar de forma independiente y en la Cooperativa Médica del departamento, concursó en el Poder Judicial y desde 2014 es defensor público. Primero trabajó en Young, Paysandú, y cuando comenzó a implementarse el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en 2017, volvió a su departamento.

En noviembre de 2020 asumió como presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), con un objetivo ambicioso y a largo plazo: que la Defensoría Pública sea independiente del Poder Judicial para jerarquizar el rol de este actor del sistema de Justicia, que defiende al 90% de los presos del país.

Gamba es crítico con las potestades que la ley de urgente consideración le dio a la policía, denuncia detenciones ilegales, y el complejo vínculo con algunos fiscales.

¿Por qué eligió ser abogado de oficio?

Creo que la defensoría es muy importante para el acceso a la Justicia de los más vulnerables. Para quien le gusta la abogacía, es llegar a la cima. Ahí te toca asistir un montón de situaciones que nunca pensás vivir. Nosotros usamos una frase que no sé de quién es, pero dice que "el defensor público es el último eslabón de la humanidad, porque está llamado a ser humano cuando nadie lo quiere hacer". Es un claro ejemplo cuando te toca defender casos graves en materia penal, por ejemplo homicidios. Cuando la gente está enardecida con el presunto delincuente, nosotros le tenemos que prestar asistencia, y hacerlo bien.

¿Cuántos defensores públicos hay en Uruguay?

Somos 289 defensores, hay unos cuántos con licencia médica.

¿Se cubren las vacantes?

Hay algunas que no se cubrieron, porque se tienen que hacer llamados a concurso y eso lleva tiempo, es bastante lento el ingreso para cubrir vacantes. Tenemos el problema de que muchos defensores están certificados y no tenemos suplentes, como tienen los jueces y fiscales. Esas vacantes las cubren los mismos defensores esforzándose más.

¿En cuántos casos en simultáneo puede trabajar un defensor público?

Todo depende de cada defensoría, en el interior hay situaciones muy complicadas. Los defensores hacen todas las materias, más allá que uno esté en penal, si hay que cubrir violencia de género, hay que hacerlo. A veces trabajamos más de diez horas. En Montevideo también hay situaciones muy complicadas. La defensoría de ejecución tiene un promedio de 4.500 presos y son diez defensores, pero a eso le tenés que sumar los que no están recluidos, y cumplen libertad anticipada, que son tres veces más, por lo que hay alrededor de 15.000 personas. 

Es una situación bastante compleja en recursos humanos y más allá del esfuerzo que uno le pone, deberíamos preguntarnos cuál es la calidad que le podemos dar.

En 2017 fue el último año en el que ingresaron defensores públicos por concurso, ¿por qué no se contrataron más?

Creo que no hay interés del sistema político por la defensoría, no visualizan que la defensa pública es una institución garante de la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad, una pieza fundamental del Estado democrático. Al ser una dependencia administrativa del Poder Judicial eso dificulta mucho. Por eso nuestra prioridad es trabajar en la independencia de la defensoría del Poder Judicial, porque tenemos los mismos jerarcas que los jueces y funcionarios.

¿Qué problema genera la dependencia del Poder Judicial al trabajo de los defensores?

En varias cosas, por ejemplo, para ascender de defensor del interior a Montevideo, en el concurso se precisa tener evaluación de los jueces con los cuales trabajamos. ¿Se te ocurre que un fiscal tenga que pedirle una evaluación al juez para ascender? No, ahí te das cuenta de la poca importancia que se le ha dado a la defensa pública y que también se ve reflejado en lo salarial. Nuestro sueldo está igualado al de los jueces letrados. A partir de una ley de 1991, se fueron creando distintas partidas de ingresos para los magistrados, y que no integran a los defensores. Los magistrados cobran un 65% más por estas partidas de vivienda, retribución adicional e incompatibilidad absoluta.

¿Cómo cambiaría el trabajo de la defensoría si lograran ser independientes del Poder Judicial?

Lograríamos el fortalecimiento de la defensa pública, para tener políticas claras. Hay un montón de leyes nuevas, por ejemplo, sobre la comunidad LGBTI, migrantes, discapacidad, salud mental y necesitamos tener defensores capacitados en cada área.

Ya hubo una comisión de trabajo sobre este tema, integrada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Asociación y el Poder Ejecutivo. La SCJ hizo un informe en el que entendía que era inconstitucional la independencia. El artículo 239 numeral 6 de la Constitución dice que a los defensores públicos los designa la SCJ, pero no significa que no se pueda obtener la independencia. El exsenador José Korzeniak en agosto de 2006 presentó otro informe en el que entendía que esta institución podía ser un servicio descentralizado fuera del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, pero hay que tener voluntad política. Nuestra idea es concretar reuniones por este tema, pero es un proyecto a largo plazo.

¿Qué otros proyectos impulsará en su período al frente de Adepu?

Nos marcamos poder lograr la presupuestación de 80 defensores del interior que ingresaron en el 2017 y que han tenido buenas calificaciones. Es uno de los objetivos importantes, porque necesitan trabajar con tranquilidad y no con incertidumbre, y más en una función que implica mucho estrés y enfrentamiento con jueces y fiscales. En el interior ha sido bastante complejo el vínculo laboral con algunas fiscalías, en la aplicación del nuevo CPP.

Otra de las metas es mejorar las condiciones de trabajo a través de concursos y que se llenen vacantes de forma rápida, tener defensores suplentes. Además, las calificaciones de defensores del interior se hacen a través de la jerarca que está en Montevideo, es imposible evaluarnos a larga distancia. 

También queremos crear un grupo de litigación en materia penal, para dar apoyo técnico en casos complejos y juicios complicados. Por ejemplo, si hay un homicidio importante en Tacuarembó, que crea en la sociedad mucha ira, el defensor que vive y trabaja ahí va a tener que actuar, y muchas veces eso le crea inconvenientes a la defensa, nos conocemos todos. En Artigas hace poco hubo amenazas a una defensora que asistió al presunto asesino de un policía.

Para lograr eso (el grupo de litigación en materia penal), tenemos que contar con la anuencia de la SCJ, porque no tenemos autonomía e independencia para hacerlo nosotros mismos.

¿Cambió el trabajo de los defensores con la ley de urgente consideración?

Hay muchas cosas negativas, como la potestad que se le ha dado a la policía en la investigación, incluso (tienen) más que los fiscales, porque para conducir a la fiscalía a algún sospechoso hay que tener una orden judicial, la policía no lo necesita.

Hay muchas declaraciones ilegales de la policía en el interior, en todos los departamentos. A mí me pasó con un chiquilín al que detuvieron ilegalmente dos veces en el mismo día, sin órdenes de allanamiento o detención. La LUC dice que la policía puede interrogar en la seccional, pero los defensores entendemos que no pueden tomarle declaración a alguien considerado imputado sin que esté el defensor. Se nos complica más cuando al imputado no le leen los derechos que tiene. Hay muchos imputados que no saben que tienen derecho a guardar silencio. Muchas veces no les dicen y les hacen firmar un acta para declarar de forma voluntaria.

Queremos que la gente se informe de qué derechos tienen, que cuentan con defensores. Hoy hablás de defensoría y muchos no saben que existimos.

¿Cómo es el vínculo con los fiscales?

En Montevideo no hay mayores inconvenientes en el acceso a la carpeta de investigación. En el interior tenemos un montón de inconvenientes, y se ve en la cantidad de defensores con licencia médica por el estrés que genera el vínculo con fiscalía, tenemos defensores angustiados.

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