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Presupuesto aumenta el IRPF a jueces y defensores de oficio

Gobierno propone sumar partidas extras a su salario para calcular cuánto pagan de tributo

Suprema Corte de Justicia.

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08 de septiembre de 2015 a las 05:00

El gobierno le propuso al Parlamento sumar al salario de jueces, defensores de oficio y actuarios, las partidas de vivienda y perfeccionamiento académico, e incluir de esa forma toda la suma para calcular el cobro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La iniciativa del Poder Ejecutivo está escrita en el artículo 663 del proyecto de Presupuesto Nacional enviado a la Asamblea General del Poder Legislativo el pasado lunes 31 de agosto. El beneficio lo tienen esos funcionarios del Poder Judicial según dispusieron sucesivas leyes, presupuestos y rendiciones de cuentas aprobadas desde 1985.

El artículo fue analizado por el diputado blanco Jorge Gandini, y genera preocupación entre los magistrados. El legislador del Partido Nacional dijo a El Observador que el Presupuesto no solo no incluye ningún artículo para atender un posible fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia respecto a la ley que otorga aumentos salariales a los judiciales, sino que además aplica un aumento de impuestos a jueces y defensores de oficio. Para Gandini ese artículo del Presupuesto es, en definitiva, una "rebaja de sueldo" para los jueces, y así lo planteará en la comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes (ver nota aparte).

El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Míguez, dijo a El Observador que el planteo del gobierno en el artículo 633 del proyecto de Presupuesto "preocupa" a la gremial porque "va a generar un descuento" en el salario de los jueces.

"En algún momento del conflicto salarial el gobierno había esgrimido su intención de computar las partidas especiales que debían tributar. Nosotros veremos lo que hacemos. Todavía no tenemos una posición tomada", indicó Míguez.

El magistrado recordó que en 2012 la Suprema Corte de Justicia entendió que las partidas de vivienda y de perfeccionamiento académico no son de índole salarial, ya que de acuerdo con las normas que las crearon "no estarían gravadas por ningún impuesto", dijo.

El asunto está atado de forma directa a la disputa que tienen los judiciales con el gobierno por el incremento salarial que determinó la ley de Presupuesto aprobada en 2010. Al querer cambiar el salario de los ministros de Estado, el gobierno de José Mujica (2010-2015) modificó un sistema que funciona enganchado desde ministros de la SCJ para abajo en todos los escalafones judiciales.

El año pasado, en el Poder Ejecutivo se insistía con la existencia de las partidas que perciben los jueces para considerar el salario tanto de los ministros de la Corte como de los demás magistrados.

La partida de vivienda se calcula en 15% de las retribuciones permanentes de quienes les corresponde el beneficio. El dinero para perfeccionamiento académico se establece para los magistrados, según el cargo, en la ley de Presupuesto de 2001. En ese momento iba de $ 2.000 (juez de paz rural) a $ 4.500 (para el caso de los ministros de la Corte), pero ese monto se ajustó en posteriores rendiciones de cuentas. Ninguna de las dos partidas, como las otras que corresponden a esos funcionarios judiciales, estaba sujeta a impuestos, y tampoco se computaban para el pago de aguinaldo.

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia ganaba en 2011 (cuando se comenzó a aplicar el Presupuesto anterior) $ 136.507, de los cuales $ 28.000 corresponden a 12 partidas distintas, entre las cuales se incluyen gastos de representación, compensación por dedicación permanente, vivienda y perfeccionamiento académico, según informó en julio el programa No Toquen Nada de Océano FM en base a datos obtenidos del Poder Judicial a través de la ley de acceso a la información.

En noviembre de 2014, cuando el gobierno de Mujica enfrentaba el conflicto con los judiciales, el entonces secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, aseguró en una entrevista con El Espectador que el Poder Ejecutivo prefirió disponer un aumento salarial directo a los ministros de Estado, antes que incorporar partidas al salario. "La otra solución era algo que parece un poco más desprolijo, que es darles a los ministros de Estado un gasto de representación, una partida de perfeccionamiento o una partida de vivienda, como tienen algunos miembros del Poder Judicial hoy. Pero entendíamos que lo mejor era subir el salario. Entonces, el Poder Ejecutivo siguió adelante y esto quedó en manos del Parlamento, que después lo aprobó", aseguró Guerrero en ese momento.

En medio del lío, el Parlamento aprobó un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para otorgar un aumento de 8% a los judiciales, algo que dista mucho del 26% reclamado por funcionarios judiciales y del 21,6% que planteó la Suprema Corte de Justicia. El asunto está en manos de la corporación, que se integra con jueces que no se sumaron al reclamo para resolver sobre la constitucionalidad de esa norma.

Economía defiende hoy el proyecto

El equipo económico asistirá esta mañana a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para exponer y defender el proyecto de ley de Presupuesto Nacional. Con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, como punta de lanza, el gobierno presentará su propuesta presupuestal en un escenario de crecimiento más moderado y desafíos importantes, como el déficit fiscal y la inflación.

La comisión del Parlamento estableció un régimen de trabajo de martes a viernes a partir de las 9 horas. Las sesiones de Cámara serán suspendidas si fuera necesario, como sucederá hoy martes. Los viernes quedaron reservados para que reciban a delegaciones de organizaciones sociales. De martes a jueves, en tanto, los legisladores se entrevistarán con los jerarcas de los organismos de gobierno. Mañana miércoles irán a comisión los representantes de la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Turismo y Deporte. El jueves tenían previsto ir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y jerarcas de la Presidencia de la República.

Desde la oposición, el diputado nacionalista Jorge Gandini será uno de los legisladores más activos en el intercambio. Según adelantó a El Observador, preparó una decena de preguntas para transmitirle al ministro Astori, entre las cuales se incluyen consultas referidas al financiamiento del articulado. Gandini afirma que pocas veces se ha visto un proyecto de Presupuesto Nacional con tanta falta de financiación. También asegura que el proyecto formaliza en cargos a distintos asesores políticos de confianza.

En la exposición de motivos del proyecto, el gobierno asegura que el tope de deuda establecido parte de 16.000 millones de Unidades Indexadas para 2015 y se va reduciendo en cada año, de forma de alcanzar los 13.500 millones de Unidades Indexadas en 2019. Asimismo, indica que "el incremento previsto para los casos en que se verifiquen factores extraordinarios fue reducido de 100% a 50%".

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