Profunda división sobre golpe de Estado de Pinochet provoca polarización extrema en Chile

Sus esfuerzos han fracasado en gran medida, exacerbando tanto la extrema polarización del país como la parálisis política. Los líderes de la derecha y de la izquierda llevan meses criticándose unos a otros sobre este oscuro período de la historia de Chile.

Alrededor del 36 por ciento de los chilenos dicen ahora que los militares hicieron bien en actuar, según la empresa de investigación Mori, frente al 16 por ciento en 2013. Y aunque pocos defienden los abusos del régimen de Pinochet, que asesinó al menos a 3,196 personas y estableció más de mil centros de tortura, los políticos conservadores afirman cada vez más que el golpe fue necesario para evitar que Chile se convirtiera en una dictadura al estilo cubano.

La semana pasada, la coalición derechista Chile Vamos presentó su propia declaración, comprometiéndose con la democracia, pero describiendo el golpe como "la culminación" de un proceso de "quiebre de la democracia".

"Todos ellos están alimentando divisiones que existen desde hace 50 años", dijo Toro. "Nunca se va a acabar".

El enfrentamiento refleja un estancamiento político más amplio. El ascenso de las fuerzas de extrema izquierda y extrema derecha en la última década, junto con las desestabilizadoras protestas masivas de 2019 conocidas como la "explosión social", han dividido a los legisladores.

El Congreso, fragmentado entre 22 partidos, ha tenido dificultades para aprobar reformas que aborden la desigualdad y la incompetencia de los servicios públicos que desencadenaron los disturbios. Se prevé que la economía chilena crezca apenas un 0.2 por ciento en 2023, el segundo crecimiento más débil de América Latina, después de Argentina.

"Estamos en un estado de parálisis", dijo Marta Lagos, directora de la encuestadora Latinobarómetro. "La gente está profundamente descontenta".

Es un marcado contraste con el clima político desde el final del régimen de Pinochet en 1990 hasta aproximadamente 2010, cuando una sucesión de gobiernos de centro-izquierda gobernó Chile. Tácitamente acordaron no alterar drásticamente el modelo económico de Pinochet, que priorizaba los servicios privatizados y una constitución favorable a los inversionistas que garantizaba los derechos de propiedad.

A cambio, la derecha colaboró en una expansión muy gradual del Estado mediante reformas sociales. La economía chilena creció mucho más rápidamente que el promedio regional y millones de personas salieron de la pobreza.

José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista de centro-izquierda que fue ministro en varios de esos gobiernos, dijo que no hicieron lo suficiente para abordar la desigualdad.

"Pero hoy, ni la izquierda ni la derecha parecen interesadas en llegar a acuerdos a largo plazo", dijo, y añadió que la coalición de izquierda "está dirigida por jóvenes que llegaron al poder denunciando el carácter conciliador de las antiguas administraciones".

Insulza dijo que la falta de compromiso podría dañar permanentemente la economía chilena basada en las exportaciones. "Al mundo le gusta Chile por una sencilla razón: es creíble y predecible. El día que deje de ser predecible, perderá mucho".

Mientras tanto, Chile Vamos, que enfrenta un creciente desafío de los Republicanos de extrema derecha, parece reacio a hacerle concesiones a un gobierno que perciben como débil. Los índices de aprobación de Boric, que asumió el cargo hace 18 meses, han caído por debajo del 30 por ciento, arrastrados por la peor ola de delincuencia en Chile en tres décadas, una economía estancada y un proyecto tambaleante para reformar la Constitución.

Su coalición engorrosa, que abarca desde el centro-izquierda hasta el Partido Comunista, carece de una mayoría en el Congreso. Esto ha obstaculizado dos de los principales puntos del programa de Boric: un plan para transferir parte del sistema de pensiones a manos estatales y un aumento de los impuestos en Chile — los más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) — para financiar programas sociales.

Guillermo Ramírez, líder de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI) en la Cámara Baja, dijo que Boric pasó su primer año de mandato "persiguiendo reformas muy maximalistas". Aunque se mostró optimista ante la posibilidad de que el Congreso apruebe una reforma limitada de las pensiones, la UDI sigue descartando una subida de impuestos.

El aniversario del golpe de Estado ha llevado la polarización política a extremos teatrales. En agosto, después de que los Comunistas les pidieron a los legisladores que condenaran una declaración del Congreso de 1973 en la que se criticaba a Allende, la cual, según la izquierda, les dio luz verde a los militares para intervenir, los legisladores de derecha encabezados por Ramírez votaron en cambio a favor de que se leyera en voz alta en la cámara.

Es un espectáculo deprimente, dijo el exgeneral Ricardo Martínez Menanteau, que dirigió el ejército de Chile hasta 2022. "Hace 50 años vimos lo que ocurre cuando los políticos se van a los extremos y no pueden llegar a compromisos".

Boric ha tenido muchas dificultades para unificar a los políticos. En julio, cedió a las presiones para destituir a Patricio Fernández, asesor de la declaración, después de que el escritor dijera que los historiadores "podrán seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado". Para el ala más izquierdista de la coalición, esto pareció una justificación del golpe.

En agosto, cuando un exmilitar murió por suicidio tras su condena por la ejecución extrajudicial del músico Víctor Jara en 1973 justo después del golpe, Boric escandalizó incluso a sus socios de coalición de izquierda al decir que algunos "mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia".

Carmen Hertz, legisladora comunista que encabezó los esfuerzos para destituir a Fernández, rechazó la idea de que el golpe pueda considerarse otra cosa que un crimen contra la humanidad.

Fernández, sentado en su atestada casa de Santiago, dijo que los políticos no han "entendido el sentido" del aniversario. "La discusión no debería ser: '¿quién me gusta más, Pinochet o Allende?' Es una forma retorcida de verlo", dijo. "Fue un trauma, un horror".

Él y Boric habían querido "acabar con esta polarización" y "enfocarse en encontrar lecciones en el pasado sobre cómo proteger nuestra democracia en el futuro", añadió. "Pero no pudimos hacerlo. Quizás ocurra en el 51º aniversario".