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En diez años la presentación de recursos de amparo por temas de salud se multiplicó por 40
"Cuando nos llega un recurso de amparo que no es por tratamientos o medicamentos de alto precio gritamos aleluya", asegura Nilza Salvo. En lo que va de 2019, la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno ha tenido que dictar un promedio de tres sentencias por semana vinculadas a estos casos. "Cuando entré, en el año 2002, vivíamos en un paraíso: teníamos uno o dos recursos de amparo al mes", recuerda.
Los datos del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar respaldan a la magistrada: en 2007 tan solo ocho pacientes buscaron que la Justicia obligara al Ministerio de Salud Pública o al Fondo Nacional de Recursos a pagar. En 2018, sin embargo, se presentaron 333 recursos de amparo. "Y la judicialización de la medicina se va a disparar mucho más en 2019", afirmó el abogado Juan Ceretta, director del consultorio que estuvo detrás de 220 de los juicios de este tipo ocurridos el año pasado.
La secretaría de Estado está alerta porque año a año aumenta la cantidad de presupuesto que tiene que destinar a cubrir estos procedimientos judiciales. "Si no pusiéramos límites, no podríamos sostener el sistema que tenemos. Y sería una irresponsabilidad que esto quedara librado a que cada uno defina hasta dónde llega el derecho a la salud", manifestó este jueves el ministro Jorge Basso en el seminario "Políticas públicas de salud en medicamentos y tratamientos de alto precio", del que El Observador participó invitado por el sanatorio Mautone.
Uruguay destina el 9,3% de su PBI a los gastos en salud, una cifra superior a la mayoría de los países de la región. De esa cantidad de dinero, el Fondo Nacional de Recursos invirtió —entre setiembre de 2017 y octubre de 2018— $5.636 millones en actos médicos y $1.069 millones en fármacos de alto costo. El origen de la judicialización, a entender de Salvo, fue que en 2005 el Fondo Nacional de Recursos, creado originalmente para financiar procedimientos, empezara a cubrir también ciertos fármacos. "Ya en 2011 se advertía que iba a ser un problema, y por eso el Ministerio de Salud Pública convocó una mesa de diálogo, aunque de manera informal", explicó Salvo a El Observador.
"Uruguay tiene un sistema que creo que es la envidia de muchos otros por el acceso universal y porque no hay mucha diferencia entre el mercado privado y el público, como ves en muchos países de América Latina", dijo a El Observador el gerente general de Roche en Latinoamérica, Rolf Hoenger. El ministro Basso señaló este jueves que en otros países la judicialización de la medicina tiene que ver con el acceso a algunas de las prestaciones y medicamentos que el FNR ya financia. "Hay otras que no las podemos incorporar o porque no hay evidencia científica suficiente o porque el precio no permite incorporarlo para todos aquellos que lo necesitan", expresó.
Sin embargo, Ceretta entiende que este razonamiento supone "llegar a conclusiones que son válidas para la economía doméstica, pero no para la economía pública". "Yo no puedo poner un impuesto, no puedo poner un peaje, no puedo emitir papel moneda, pero el Estado sí. Hay que gestionar bien. Porque cuando el medicamento está en la lista del Fondo, lo recibe el millonario y el pobre. Pero cuando no está, el millonario lo compra y el pobre se jode", agregó.
Actualmente, sucede que dos personas pueden tener la misma enfermedad y necesitar el mismo fármaco, pero la Justicia decide dárselo a uno sí y a otro no. "El juez no es un autómata, pero tampoco puede fallar por pena", dijo la ministra del Tribunal de Apelaciones, quien explicó que ganar o no un juicio está librado a la "suerte" de quién es el juez asignado en primera instancia, o de cómo está integrado el tribunal de apelaciones en su defecto.
La mayoría de los 21 ministros en ejercicio acceden basándose "en el artículo 44 de la Constitución y dicen que el derecho a la salud es un derecho absoluto". Hay otros magistrados que entienden que este derecho tiene limitaciones y generalmente no dan lugar al pedido de quien presentó el recurso. Y existe una tercera posición que supone tener en cuenta circunstancias especiales, como cuando el Estado ya dio la prestación a otro paciente y por eso invocan el principio de igualdad.
Cómo debe ser abordada la judicialización
La judicialización de la medicina es un tema instalado en la agenda: en 73 días fueron publicados 38 artículos periodísticos. Y en esta discusión, las autoridades de la salud son quienes peor posicionados están, explicó en la conferencia el director de la agencia Signo, Iván Kirichenko. La opinión pública ve con buenos ojos a los abogados que defienden a los pacientes, dado que entienden que este es un debate entre la vida y la muerte. Se agrega que los uruguayos tienen una concepción paternalista del Estado y están acostumbrados a demandar que les resuelva "todo", por lo que no entienden cuando el gobierno plantea la dificultad de asumir el costo de esos medicamentos o prestaciones.
La dificultad de transmitir esta idea podría agravarse en 2019, ya que en los juzgados de lo Contencioso Administrativo están haciendo una nueva interpretación del artículo 44 de la carta magna, que establece que “el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia (en salud) tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Hasta hace poco, la Justicia no daba lugar a los recursos de amparo presentados por personas con mayor poder adquisitivo y el MSP o el FNR debían absorber la totalidad del costo. No obstante, la nueva interpretación da la posibilidad de un copago, lo que significa que los pacientes financien lo que esté al alcance de sus posibilidades.
La forma más eficaz de evitar la judicialización de la medicina, según Ceretta, es implementar mejoras en los sistemas de cobertura. Un ejemplo de ello fue la ordenanza 882 de 2015, que permitía iniciar procedimientos administrativos abreviados "para peticiones que tengan por objeto la solicitud de suministro de prestaciones no comprendidas en el Plan Integral de Atención a la Salud". Según las cifras del Consultorio Jurídico, en 2016 se redujo a la mitad la cantidad de recursos de amparo, lo que para el director de la institución fue un impacto directo de la resolución. "Al principio funcionaba, pero después la ordenanza empezó a esgrimirse porque alegaban falta de presupuesto", aseguró.
El Ministerio de Salud Pública pretende tener más control sobre el precio de los medicamentos, para lo que entiende necesario que existan más regulaciones sobre la materia e instancias de negociación, como el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este es un mecanismo a través del cual 32 países de la región compran fármacos de manera conjunta a menor precio. Asimismo, según plantearon en la conferencia, están intentando dialogar con las más de 60 asociaciones de usuarios que hay en el país, para atender con mayor acierto a sus reclamos.
