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Proyecto de ley busca mejorar la certificación de orgánicos
Si bien tienen varios puntos en común, la producción orgánica no es igual a la agroecológica y eso se expresa en un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados, propuesta legislativa que busca revalorizar la producción orgánica certificada, declararla de interés general y crear un sistema nacional de certificación para todos los productos de origen orgánico.
La diputada nacionalista por Lavalleja, Alexandra Inzaurralde, quien presentó el proyecto titulado “Interés general y estímulo de la producción orgánica certificada y sus etapas de transición”, explicó a El Observador que lo que se busca es impulsar la producción orgánica y con ella su certificación, lo que le da a los productores un valor agregado, útil, principalmente al momento de competir a nivel comercial con esos alimentos.
“La certificación de los productos orgánicos es una herramienta de mercado y desde el punto de vista del consumidor es una ventaja enorme, porque es una garantía de origen”, sostuvo, y añadió que el estímulo a esta producción debe ser una “política de Estado que no termine con un período de gobierno”.
Dar garantías
Para Inzaurralde, uno de los valores de los productos orgánicos es que son “especialities y no comodities”, y como tal, hacen que los productores sean “formadores y no tomadores de precio”.
Certificarlos, explicó, será “una oportunidad, porque el mundo va hacia la producción orgánica y tenemos que preparar nuestra oferta con garantías”.
Para cumplir con técnicas de manejo orgánico es necesario, por ejemplo, que la producción esté libre de residuos de agroquímicos que hayan sido utilizados en campañas de cultivos anteriores, explicó la legisladora.
Además del Sistema Nacional de Certificación de Producción Orgánica –cuya creación está establecida en el decreto N° 557 de 2008, pero que no se ha dado todavía– se plantea que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) cree el Manual de Determinaciones Técnicas de Procesos de Certificación, para que las entidades certificadoras sigan una misma línea de trabajo, y así los productos orgánicos den las mismas garantías a los consumidores.
Si este proyecto se convierte en ley, se exigirá que esas entidades encargadas de las certificaciones estén registradas y sean habilitadas por el MGAP.
Por otro lado, se plantea crear un sello de transición con calificaciones que sean graduales y que le permitan a los productores acceder a estímulos previstos para la producción orgánica certificada, sin necesidad de esperar los años que normalmente insumen los largos procesos de conversión de una producción tradicional a una de este tipo.
En esta iniciativa se incluyen todas las producciones orgánicas que se desarrollen en el país, por ejemplo la agrícola o apícola.
Hubo voluntad, pero falta
La diputada resaltó que en el sector agropecuario falta información acerca de cuántos productores orgánicos hay, y que por eso se propone incluir esos datos en el Censo Agropecuario y Forestal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En el proyecto de ley, al que pudo acceder El Observador, se sostiene que es preciso generar información a efectos de gestionar, medir y evaluar una evolución permanente del sector para “articular, mejorar y desarrollar políticas estatales de incentivo para difundir e incrementar los beneficios” que tiene el desarrollo de esta producción en el país.
“Hubo voluntad, pero el avance y el desarrollo en lo que es estrictamente orgánico en su concepto técnico-científico y en la certificación emitida por entidades habilitadas por el MGAP no se ha cumplido, por eso buscamos fortalecer a través de una ley lo que ha llevado tantos años de esfuerzo legislativo”, sostuvo Inzaurralde.
Prioridad en las compras
Por otro lado, se propone que aquellos productos orgánicos que estén certificados o cuenten con un sello de transición del MGAP tengan preferencia en las compras públicas de alimentos, siempre que provengan de productores que estén registrados y habilitados en el Registro de Productores Familiares de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP.
Además, se establece que, si hay oferta, se incluya en los procesos de adquisición estatal previstos para productores en forma asociativa, como los de organizaciones habilitadas, una reserva de mercado. La reserva será del 30% para las compras centralizadas y del 100% de las no centralizadas.
Valor agregado
En el proyecto de ley se resalta que la producción orgánica tiene “beneficios multidimensionales”, que le dan valor agregado a la producción primaria, incrementan las oportunidades laborales, preservan los recursos naturales y tienen un impacto positivo en la salud.
Según señaló Inzaurralde, si bien se estima que la producción orgánica es menor a la tradicional, hay muchos productores que desarrollan un manejo orgánico y no son conscientes de ello.
“Ahí tienen un potencial de valor agregado a su producción que no están aprovechando y creemos que de eso se trata, de preparar nuestra oferta para responderle a la demanda, pero generando un marco normativo institucional para poder darle la formalidad que la situación amerita”, concluyó la diputada.
