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Proyecto Neptuno sigue en marcha: OSE rechazó recursos de Cosse y el sindicato, y levantó suspensión de la licitación
Con votos de los integrantes oficialistas, el directorio de OSE rechazó los recursos contra el proyecto Neptuno que habían sido presentados por la Intendencia de Montevideo y la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose).
En una anterior sesión, la empresa pública había resuelto levantar el efecto suspensivo de otros recursos, impuestos en este caso por Ffose y la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra, contra la resolución que aprobó el pliego de condiciones y dispuso el llamado a licitación de la obra.
Con estas decisiones, que fueron rechazadas por el director de la oposición, OSE se aseguró la continuidad de la licitación de la obra, que es una de las principales de la administración de Luis Lacalle Pou, y cuyo costo está estimado en US$ 258,7 millones.
La apertura de las ofertas está prevista para el 4 de mayo y las empresas interesadas, además del consorcio promotor (compuesto por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast), tienen tiempo hasta el 21 de abril para pedir prórrogas o aclaraciones.
Los recursos "improcedentes"
El proyecto consiste en la construcción de una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí en San José.
A fines de noviembre, pocos días después de que OSE aprobara los estudios de factibilidad, la Intendencia de Montevideo presentó un recurso de revocación y de anulación argumentando que el proyecto violaba el artículo 47 de la Constitución.
Este artículo señala que el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales” y establece que los usuarios y la sociedad civil “participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”.
La administración encabezada por Carolina Cosse consideró que no hubo participación completa y que el modelo económico-financiero aprobado por OSE, un leasing-operativo que supone que los privados realicen la inversión y se encarguen del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura, mientras que la empresa pública se hace cargo de la operación, va en contra de esa normativa, algo que OSE rechaza.
Pero la empresa pública, para rechazar el recurso –declarando “improcedente” la vía interpuesta– no ingresó en las razones de fondo y se basó en un informe de la gerencia jurídico-notarial que manifestó que la Intendencia alegó actuar en representación de los “habitantes de Montevideo” pero carecía de “legitimación activa” ya que no es “titular de una situación jurídica subjetiva presuntamente lesionada por el acto encausado”.
Según supo El Observador, OSE utilizó este mismo argumento para rechazar el planteo de Ffose.
En su fundamentación en contra, el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, señaló que la administración no podía negarse a recibir, tramitar y resolver un recurso administrativo invocando la inexistencia de legitimación calificada.
“Entendemos debe admitirse la existencia de un interés simple siendo este suficiente, lo que puede rechazarse en última instancia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, expresó.
A su vez, dijo que el archivo impedía considerar con la profundidad que el tema merece y reiteró su discrepancia con el costo de la obra y las consecuencias económico-financieras “graves” que afectarán las capacidades de OSE para el cumplimiento de sus cometidos por los próximos 20 años.
“Al no haberse realizadas las instancias de consulta y participación legalmente previstas en momentos decisivos del proceso de aprobación del proyecto, se contravienen disposiciones expresamente establecidas por el artículo 47 de la Constitución, lo que fundamenta la pertinencia y conveniencia de que los aspectos cuestionados sean estudiados en profundidad y se expidan sobre ellos los máximos organismos del Estado a nivel jurisdiccional”, manifestó.
Levantan la suspensión
En la sesión antes de Semana de Turismo, OSE había dado otros pasos para que la licitación pudiera seguir adelante, al resolver levantar el “efecto suspensivo” de dos recursos interpuestos por los funcionarios de OSE y una ONG.
La resolución, a la que accedió El Observador, menciona que la gerencia general hizo un “detallado informe” y da cuenta de que dicha suspensión afecta “inaplazables razones de servicio y causa graves perjuicios”, mientras que la gerencia Jurídico Notarial agregó que se configuraban las causales que “habilitan el levantamiento del efecto suspensivo” sin que signifique un pronunciamiento sobre los recursos administrativos interpuestos.
Ortuño, el director por la oposición, votó en contra y manifestó que suspender la licitación hasta evacuar los recursos no afectaba las necesidades de servicio, los que “sí se generarán de continuarse adelante con el proyecto sin considerarse algunas de las objeciones planteadas en los recursos y en el proceso de consideración del mismo”.
“En tanto proyecto de mediano plazo puede y debe continuarse trabajando, no es de urgente resolución para la prestación inmediata del servicio, en tanto contribuye, pero no soluciona en forma definitiva al aseguramiento del abastecimiento de agua potable del área metropolitana, ni ante situaciones de sequía como las vividas el verano pasado, ni ante la demanda insatisfecha proyectada a 2045”, expresó.
Otros recursos
OSE tiene a estudio otros dos recursos (de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y la Agrupación TUCU TUCU) aunque ya hay informes que aconsejan su archivo por “improcedente” con resoluciones similares a las adoptadas sobre los recursos presentados por Ffose y la Intendencia de Montevideo.
A su vez, la demanda presentada ante el TCA por Ortuño continúa a estudio.
En la misma se señala que “la voluntad del órgano se encuentra viciada por haberse emitido irregularmente” ya que se resolvió por un procedimiento de urgencia, sin “justificación razonable”, y apartada de lo dispuesto por el reglamento interno del directorio, que supuso resolver un “asunto trascendente y complejo”, que implica asumir importantes riesgos y un costo millonario para la administración en “24 horas, sin tiempo para su debido análisis y estudio”.
Además, según expresó, se adoptó resolución sin contar con los informes de los “servicios técnicos especializados de OSE correspondientes”, ni tiempo razonable para estudio, análisis y asesoramiento sobre la documentación recibida “24 horas antes de su tratamiento, imprescindible para la toma de una decisión informada”.
