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Puerto: fiscalía aguarda informe de la Jutep para analizar si lleva el caso a la Justicia
La Fiscalía de Delitos Económicos que lleva el caso de la denuncia por presuntas irregularidades en la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo terminó la etapa de tomar declaraciones y aguarda por un informe de la Junta de Transparencia de Ética Pública (Jutep) para tener mayores insumos antes de tomar una determinación. Una vez quereciba el insumo, el fiscal Gilberto Rodríguez deberá determinar si entiende que se cometieron delitos en el acuerdo y se deben elevar a la Justicia, o si el acuerdo fue realizado conforme a derecho y por ende corresponde archivar las actuaciones.
La solicitud a la Jutep pide que el organismo se pronuncie respecto a si considera que hubo "condiciones de regularidad e imparcialidad" en la concesión o si entiende que hubo prácticas corruptas. Este será tan solo uno de los insumos con los que contará Rodríguez en su mesa de trabajo. El fiscal ya cuenta con lo informado por el Tribunal de Cuentas, la opinión de varios expertos en derecho administrativo, informes realizados por técnicos a solicitud de las partes, entre otros insumos.
La denuncia penal que el Frente Amplio presentó ante la Justicia pide que el entonces ministro de Transporte Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, sean indagados por su responsabilidad en los eventuales perjuicios que generó su accionar al interés público.
La oposición ha afirmado que con la "excusa infundada" de evitar un juicio millonario contra el Estado, el gobierno amplió la concesión a Katoen Natie de forma "ilegal, inconstitucional e inconveniente".
Desde el Frente Amplio se apunta a que la extensión hasta 2081 implica constituir un monopolio de hecho –y que por tanto se requerían dos tercios de los votos en el Parlamento–, que hubo violaciones a la ley de Puertos, y que el presidente de la ANP cometió irregularidades al asesorar por sí solo al Poder Ejecutivo y no con el resto del directorio.
Durante la indagatoria, los jerarcas del gobierno defendieron la conveniencia del acuerdo con la multinacional belga, hicieron énfasis en la situación “irregular” en la que operaba Montecon bajo la gestión del Frente Amplio, señalaron que el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma coincidía en las posibilidades de perder un eventual juicio con Katoen Natie, y quitaron trascendencia a la discusión respecto a si debió solicitarse el asesoramiento de todo el directorio de la ANP.
