6 de diciembre de 2017 5:00 hs

La justicia española prefirió esperar al regreso del independentista Carles Puigdemont para detenerlo. Por eso, el martes el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo –el mismo que tiene a cargo los casos del resto de consejeros de la Generalitat– decidió retirar la orden de detención europea emitida el 3 de noviembre contra Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos ellos en Bélgica.

Este nuevo giro en la crisis de Cataluña coincide con el lanzamiento de la campaña electoral para las elecciones regionales del 21 de diciembre, en donde estos se candidatean.

El independentismo concurre a estos comicios con algunos líderes encarcelados y otros en el extranjero.

Más noticias
Desde el 27 de octubre, cuando el parlamento catalán declaró la secesión unilateralmente y el gobierno español de Mariano Rajoy respondió tomando el control de la región y convocando votaciones, Cataluña vive con un ojo puesto en las elecciones y otro en los juzgados.

En esta nueva maniobra inesperada el magistrado Llarena argumenta la decisión en la intención manifestada por los cinco políticos independentistas de volver al país para ser diputados si son electos.
Pero también quiso evitar que la justicia belga restringiera los delitos imputables a Puigdemont y sus acompañantes, lo que generaría "una distorsión" respecto al resto de dirigentes independentistas investigados en España, cuatro de ellos encarcelados.

A todos se les investiga por rebelión, sedición y malversación por impulsar el proceso de secesión que culminó en la fallida proclamación de una república independiente.

El cargo por rebelión, punible con hasta 30 años de cárcel y definido como el hecho de "levantarse violentamente y públicamente", fue especialmente discutido en España y podía suponer un obstáculo para la extradición.

Los abogados de los políticos catalanes señalaron que el delito belga equivalente a la rebelión se refiere a un "atentado" o a "hacer tomar armas a los ciudadanos".

Si el juez hubiera entendido que los actos perseguidos no constituían un delito de rebelión en Bélgica, los convenios de extradición impedirían que Puigdemont fuera enviado a España para ser procesado por estos delitos.

Los políticos catalanes comparecieron el lunes ante el juez belga que el 14 de diciembre debe decidir sobre su futuro. Ahora, el magistrado tendrá que cerrar el caso, indicó la fiscalía de Bruselas.
El abogado español de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, celebró la decisión y aseguró que el tribunal español buscaba "evitar recibir una bofetada de la justicia belga".

Y sobre un posible regreso a España del líder independentista, afirmó que la decisión es toda suya: "sabe que si pone un pie en territorio español será automáticamente detenido".
Las que se vienen son elecciones cruciales que el independentismo catalán afronta diezmado. Su plan de secesión unilateral fracasó y sus principales líderes están en la cárcel o el extranjero.

Comicios

Según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los separatistas perderían la mayoría absoluta en la cámara catalana y empatarían en votos con los contrarios a la secesión.

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos