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Purga policial en Brasil para “desbolsonarizar” los mandos y restaurar el perfil legalista
El gobierno brasileño desplazó de sus cargos a 18 jefes de la Policía Federal (PF) y a 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Caminera Federal (PRF), comprometidos en su mayoría con las anteriores autoridades bolsonaristas.
La medida se adoptó un día después de haber removido, también, a los militares afectados a la seguridad del Palacio del Planalto, donde reside el presidente, tras el ataque golpista del 8 de enero.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, oficializó la remoción de 26 de las 27 cúpulas regionales de la PRF (caminera o Rodoviaria), excepto la del estado de Piauí, ocupado de forma interina por Jairo Lima.
Entre los cambios de mandos en la PF, están los tres más importantes del país: San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais.
Dino defendió la "desbolsonarización" de las fuerzas de seguridad y declaró que "lo opuesto de una Policía bolsonarista es una Policía legalista, ya que nadie puede sabotear una operación policial por cuestiones ideológicas", según recogieron agencias internacionales de noticias.
Como nuevo superintendente de la PF en Río de Janeiro fue designado Leandro Almada, en el cuerpo policial desde 2008 y conocido por liderar una investigación que rebeló trabas en el esclarecimiento del asesinato de la concejala Marielle Franco, ocurrido en 2018, destacó el diario local Folha de Sao Paulo.
Para San Pablo, la mayor superintendencia del país, el designado fue Rogério Giampaolli, que ya era jefe del Comando Táctico de Operaciones y actualmente estaba a cargo de la PF en el municipio paulista de Sorocaba.
Para comandar la superintendencia en Paraíba se designó a Christiane Correa Machado, que fue jefa de la división antiterrorista durante cinco años y coordinó la protección contra atentados extremistas en el Mundial de 2014 y en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
La imagen de la Policía caminera se vio afectada por una serie de acciones destinadas a favorecer la votación de Bolsonaro en los comicios de octubre de 2022, cuando se obstruyó el paso de micros con electores de Lula en estados de la región nordeste.
El exdirector de la PRF, Silvinei Vasques, un oficial cercano al expresidente Jair Bolsonaro, es investigado por la justicia federal.
Además, en mayo del año pasado, agentes de la PRF arrestaron y asfixiaron, en Sergipe, al motociclista Genivaldo Jesús Santos, que falleció dentro de un vehículo policial, hecho que encendió las alarmas sobre los procedimientos policiales.
Los desplazamientos no estuvieron motivados estrictamente por los ataques a los tres poderes de Brasil del 8 de enero pasado, aseguró el ministro Dino, sino que ya habían sido decididos en la etapa de transición del nuevo gobierno de Lula da Silva.
Sin embargo, previo a estos cambios en la Policía, el gobierno renovó los gabinetes de seguridad encargados de custodiar el Palacio del Planato, sede de la Presidencia, y el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, tras los ataques golpistas.
Durante la asonada, Lula decretó la intervención federal de la seguridad del distrito federal luego de que la Policía de Brasilia no interviniera ante la invasión de partidarios del ex presidente que desconocían el resultado electoral.
