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Reforzarán custodia a fiscales y habrá más cámaras en sedes
Potenciar la coordinación en las investigaciones contra el narcotráfico y mejorar la seguridad de los edificios del Ministerio Público y de fiscales fueron los temas principales sobre los que dialogaron este viernes el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, luego de que en las últimas semanas resultaran atacadas sedes de la policía y amenazada de muerte por un grupo narco la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero.
Según contaron a El Observador allegados a los jerarcas, en el encuentro fueron analizados detalles de la reunión virtual que los 19 jefes de policía y algunos fiscales tendrán en los próximos días, que también estará centrada en potenciar el combate al narcotráfico.
La iniciativa de convocar esa cumbre por seguridad surgió en una de las últimas conversaciones que tuvieron el ministro y el fiscal de Corte, que tienen un muy buen diálogo. Según contó Díaz, mantienen un “relacionamiento muy fluido”, y al decir de Larrañaga se llaman entre “cinco o seis veces” por semana. “La coordinación (entre fiscalía y policía) está funcionando bien, pero siempre hay cosas parar mejorar, afinar y perfeccionar”, señalaron a El Observador fuentes de la cartera de seguridad.
Entre las acciones que manejaron en la reunión de este viernes, algunas opciones fueron aumentar las cámaras de videovigilancia en el exterior de los edificios e incrementar los efectivos policiales destinados a la custodia de los fiscales. “Son medidas de seguridad que cada tanto hay que revisar”, señalaron fuentes del Ministerio del Interior.
Díaz, por su parte, señaló en conferencia de prensa que también dialogaron sobre “dispositivos que aseguren desde el acceso a la sede hasta el (control) del desplazamientos” de las personas en el interior de los edificios. Dentro de las coincidencia entre las instituciones, está “la percepción compartida” de las “alarmas rojas” que se prendieron en el último tiempo ante el avance de algunos grupos criminales –clanes familiares, en la mayoría de los casos– que tomaron el control de algunos territorios en la periferia de Montevideo, y algunas zonas de Canelones, Maldonado, Rocha, Rivera y Salto.
“Hemos evaluado y definido acciones concretas a seguir, coordinadas entre ambas instituciones”, dijo el fiscal de Corte en la conferencia de prensa luego de la reunión.
Ante los periodistas, Larrañaga destacó que tanto la policía como la Fiscalía continuarán en una “posición muy firme, muy dura, contra el narcotráfico”, y se refirió luego a algunas críticas recibidas por definir el combate a las bandas de narcos como una guerra.
“Muchas veces he escuchado con sorpresa como que declararle la guerra al narcotráfico es una expresión que en otros países no ha funcionado, que ha causado miles de muertes... La verdad que no entiendo esa línea argumental”, dijo el ministro, quien explicó que “el mandato legal” del Estado es frenar la delincuencia, y su extensión por el territorio nacional, “por los caminos constitucionales y legales”.
Respecto a los ataques y mensajes de los delincuentes, Larrañaga contestó que “no hay ninguna posibilidad de que una amenaza de patoteros criminales pueda tener el mínimo éxito en contra de lo que es el proceder de la Justicia en el marco de la Constitución y la ley”. En el encuentro también estuvo presente Luis Calabria, director general de la Secretaría del Ministerio del Interior.
El reclamo de más seguridad, que trasladó el fiscal de Corte a Larrañaga también es una demanda de la propia Asociación de Fiscales, luego de que Ferrero recibiera el 10 de mayo un mensaje que decía: “¿Cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida... Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo”.
Ese mensaje hacía referencia al ataque efectuado contra la sede de la Brigada Antidrogas el 9 de mayo, cuando desconocidos tiraron una granda militar y destruyeron cinco vehículos.
No hubo amenaza previa, pero el 17 de junio se registreó el otro ataque a un edificio oficial: la base de investigaciones de Las Piedras, que recibió varoios disparos, aunque tampoco hubo heridos. Ambos hechos están siendo investigados –por el ataque a la Brigada ya fue interrogado un delincuente que está actualmente en prisión por otra causa vinculada al narcotráfico–, pero hasta el momento no hubo imputados.
