El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, entregó en un sobre cerrado al presidente de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Rodrigo Blás, los cuatro pedidos que su partido exigirá a la hora de alzar sus manos para aprobar en el Senado la última Rendición de Cuentas de la administración de Luis Lacalle Pou.
Las exigencias totalizan $666 millones (casi US$ 17,5 millones a valor actual) de rubros para aumentar los salarios más postergados y reforzar la salud mental a nivel de Sanidad Militar y del Hospital Policial, según la propuesta a la que accedió El Observador a través de fuentes cabildantes.
Los conducidos por Guido Manini Ríos piden en primer lugar $406 millones para incrementar en $ 1.000 mensuales las remuneraciones que perciben los escalafones militares que van de soldado de primera a teniente coronel. El ministro de Defensa, Javier García, había señalado que la "brecha" en el salario entre un soldado de primera respecto a un administrativo C1 había pasado de 36% en el comienzo del período a 23% en este año, aunque eso "no alcanza".
Otro incremento supone $100 millones para destinar a pagos por nocturnidad ($350 por cada guardia nocturna que exceda las cinco horas de duración) al personal militar.
Un tercer componente supone $120 millones para reforzar la atención en salud mental que realiza la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Según explicaron las fuentes, ese punto tiene como objetivo incrementar la remuneración de los médicos de esa administración con menor jerarquía, de modo de incentivar la atención en esa área.
Por último, Manini Ríos le pidió a los blancos $40 millones para dotar de mayores recursos al Hospital Policial.
"Fuimos bien claros en Diputados respecto a que queríamos que estos artículos se votaran", dijo el líder de Cabildo Abierto a El Observador, y aseguró que se trata de los "sectores más sumergidos salarialmente de la administración pública". "Todavía no hemos recibido una respuesta final pero está bien clara nuestra posición y no hemos cambiado ni un ápice", aseguró.
"Hoy el ministro de Defensa (quien compareció en la comisión) confirmó que hay un retraso salarial notorio comparado con los peores pagos de la administración pública. El personal militar está lejos abajo, entonces con más razón lo nuestro es valedero", sentenció.
Cuando la Rendición de Cuentas se votaba en Diputados, Manini Ríos negoció con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, un acuerdo de palabra para tener el compromiso del gobierno de que se concedieran los incrementos presupuestales para estos rubros.
Pedidos ascienden a US$ 40 millones
Como presidente de la comisión, Blás recolectó los pedidos de distintos legisladores para esta etapa de la Rendición de Cuentas así como también las exigencias de los distintos organismos.
Todas las solicitudes –incluidas las de Cabildo Abierto– suman por estas horas unos US$ 40 millones, según supo El Observador, aunque los números continuarán puliéndose antes de iniciar los intercambios con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a partir del fin de semana.
El cronograma fijado supone que a partir del martes 26 comience la votación del articulado en el ámbito de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda; el plazo constitucional para aprobarla en el plenario se vence el 6 de octubre.
Acuerdos sin grandes costos
Por otro lado, los senadores de la coalición avanzaron por estos días en acuerdos en torno a distintas disposiciones que no suponen mayores costos presupuestales.
Este lunes los legisladores oficialistas confirmaron el acuerdo para incrementar las penas mínimas por homicidio simple, tal como había pedido el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de que los diputados desglosaran esa iniciativa que provenía del mensaje original del Poder Ejecutivo, informó Blás a El Observador.
Rodrigo Blás preside la comisión de presupuesto
El acuerdo supone llevar la pena mínima a cuatro años (hoy está en dos), aunque manteniendo en dos años a los casos en que haya legítima defensa incompleta, es decir, que exista pena aunque con el mencionado atenuante. La propuesta original del Ejecutivo en junio, planteaba un aumento de dos a seis años de penitenciaría de la pena mínima.
Entre los senadores de la coalición también hay consenso para aprobar una propuesta del blanco Jorge Gandini que correría a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) como institución responsable de la gestión colectiva del cobro por derechos que corresponden a los productores.
El tema arrastra una problemática de varios años en que comercios, hoteles, gimnasios y otros locales protestan respecto a que les están cobrando por el mero hecho de tener un televisor.
"El proyecto dice quiénes son las entidades de gestión colectiva que pueden ser autorizadas, de modo que el Poder Ejecutivo le retire la autorización que hace algunos años le hizo a Egeda", había explicado Gandini a El Observador, quien apuntó que "es muy distinto" lo que hacen respecto a representar colectivamente a quienes "no pueden hacer gestión individual de sus derechos y la delegan a entidades de gestión colectiva".
