Reunión del G20 en Argentina pone en alerta al gobierno uruguayo

Los 20 jefes de Estado más importantes del mundo aterrizarán sobre finales de 2018 en Buenos Aires para participar de la cumbre del G20 y esto pone en alerta a los servicios de inteligencia de la región.

La llegada de Donald Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (China) y Vladímir Putin (Rusia), entre otros líderes mundiales, tiene al gobierno del presidente argentino Mauricio Macri en pleno trabajo de preparación y planificación para evitar incidentes como lo que se desataron en Hamburgo en julio de este año.

Además, las fuerzas de seguridad argentinas tendrán una prueba de fuego en diciembre de este año cuando la ciudad porteña sea la anfitriona de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reciba a cancilleres y ministros de unos 180 estados.

La realización de dos eventos de esa magnitud preocupa al gobierno argentino por los arreglos de seguridad internos que debe hacer y por la situación de vulnerabilidad que ofrecen algunos países de la región, entre ellos Uruguay.

Para el gobierno de Macri es fundamental asegurar que Uruguay no sea un lugar de paso y refugio para personas que tengan intenciones violentas y que tampoco sea un espacio desde donde se pueda "llamar la atención", dada la proximidad territorial de ambos países, dijeron a El Observador fuentes oficiales.

La concreción de esas dos reuniones multilaterales provocó que el tema se instalara definitivamente en la agenda del gobierno y fuera abordado por los múltiples organismos nacionales que cooperan en materia de inteligencia, aunque la preocupación precede a estos dos eventos. De hecho, el asunto es objeto de examen del Consejo de Defensa Nacional (Codena), un organismo de carácter interministerial que tiene por objetivo "analizar las amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia" del país, según establece la ley marco de Defensa Nacional.

El objetivo fundamental es poder prevenir situaciones violentas y para ello se piensa en la disuasión: hacerle saber de antemano al "enemigo" que los costos de su acción serán mayores que los beneficios. Sin embargo, al día de hoy el gobierno se enfrenta con varios desafíos.

Uno de los aspectos fundamentales en los que se está tratando refiere al blindaje de las fronteras. La intención es extremar los cuidados de ingreso al país. Hace algunos meses que la coordinación de los servicios de inteligencia que dependen del Poder Ejecutivo recomendó al gobierno mejorar los controles para evitar que terroristas y delincuentes internacionales se camuflen dentro de la creciente ola migratoria que recibe el país. Las fuentes precisaron que, en el pasado, algunas comunidades instaladas en Uruguay ya ofrecieron resguardo a individuos radicalizados que buscaban un tiempo de "descanso".

El antecedente conocido más reciente ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Río en 2016, cuando quisieron viajar a Uruguay una decena de personas provenientes de distintos países de Medio Oriente con el objetivo último de cruzar la frontera seca hacia el país norteño. Sin embargo, la cooperación de inteligencia entre los dos países permitió que las autoridades uruguayas les negaran la visa y les impidieran viajar.

Un segundo problema refiere al marco legal vigente. A pesar de la recomendación que hizo el director de Antiterrorismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jean Paul Laborde, durante su última visita a Montevideo en marzo de este año para que se apruebe el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo, la iniciativa sigue congelada en el Parlamento.

Un tercer problema está vinculado a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas (FFAA) para hacer frente a esta amenaza, sobre todo en lo que refiere a la custodia del espacio aéreo y marítimo. En más de una ocasión las autoridades de la Fuerza Aérea y la Armada han alertado sobre el pésimo estado de sus equipos para cumplir con la tarea que se les ha encomendado.

Eso se resume en escasez de recursos humanos, multiplicación de tareas y falta de inversión para recursos materiales, lo que se traduce en la incapacidad de la Fuerza Aérea para controlar un avión que sobrevuele en el espacio aéreo uruguayo de forma ilegal o irregular, o las serias limitaciones de la Armada para custodiar las 350 millas náuticas que forman parte de la plataforma continental uruguaya desde que el gobierno logró la expansión del mar territorial.