Rifle sanitario

Este es el momento para cambiar aquellas cosas que no funcionan, y el enfoque que se está dando desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a los problemas de sanidad animal es uno de esos ejemplos. No tengo autoridad para criticar esta política desde sus fundamentos técnicos o epidemiológicos, pero sí puedo hacerlo como usuario del sistema.

El abordaje a la problemática en el tema brucelosis y garrapata es tan gravoso para el productor que padece el problema, que protestar por su tratamiento públicamente se ha convertido en una decisión de alto riesgo durante todo este tiempo.

La garrapata en todo el país, y en particular en el norte, es un tema fuera de control. Estos son inexistentes para el productor que no la combate y son insolubles para aquellos que cumplen con la ley. En ocasión del episodio de residuos de Etion en contenedores de carne enviada a Estados Unidos (2016) el ministerio optó por el camino fácil y preferido de la burocracia: prohibir su uso por propia decisión del productor.Esto puso a los empresarios que trabajan en campos con garrapatas resistentes en un callejón sin salida. De proceder como se espera, denunciando su situación, será interdictado por seis meses y padecerá un calvario burocrático en cada movimiento de hacienda. Si necesita en cambio sobrevivir, deberá ocultar su situación y contrabandear algún producto desde Brasil para resolver el tema. De no hacerlo desparramará la resistencia de los parásitos por todo el Uruguay. Frente a tamaño costo por el buen comportamiento, no hay que ser un genio para imaginar lo que masivamente deciden los productores. En lo personal, campos con ese problema son lamentablemente desechados.

Con brucelosis, la sola aparición de dos animales positivos conducen al productor a un calvario sin solución de continuidad. Ridículamente sus dos animales serán sacrificados y pagados como rifle sanitario, pero su empresa entrará en una tragedia económica por la prohibición de la venta de animales para el campo durante un período que muchas veces superará el año.

Solo aquellos cuya espalda soporte semejante restricción sobrevivirán a tal castigo, lo que vuelve al problema aun mas injusto.

Mientras tanto, la relación entre el ministerio y el productor lo introducirá en un odio visceral a la burocracia y su lejanía con la realidad. El pequeño “poder” del funcionario público se hará patente durante ese período de supervisión y su prevalencia lo volverá un verdugo que olvidará las necesidades del productor.

Por mi edad, recuerdo  una época en la que la brucelosis era un costo más. Se vacunaba a todas las hembras con la supervisión de un veterinario y en dicho acto el problema se terminaba. Este costo fue el motivo que adujeron los productores a través de la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay para terminar con aquella paz. Un error fatal que nos trajo esta desgracia.

En la actual estrategia, existe un hito impresentable como es la decisión que todos los ganados que entran o salen del departamento de Paysandú deberán ser sangrados y vacunados, para detectar posibles casos de brucelosis. Una discriminación de la que soy testigo es que quien produce en Paysandú se le hará cuesta arriba comprar ganado de otro departamento, ya que cuando un sanducero compra obliga al vendedor a sangrar su ganado, a vacunarlo y nadie es tan suicida como para exponerse a semejante riesgo.

Es hora de denunciar que el rey está desnudo. Se trata de vencer el temor a la represalia y poner las cosas en su lugar. Como es costumbre en la política uruguaya, el legislador cree que la realidad se modifica desde su sancta sanctorum cuando, al contrario, las leyes deberían reflejarla y este es un ejemplo paradigmático.

Una ley que desde el escritorio imagina un rifle sanitario para los animales enfermos funciona en la práctica como un rifle sanitario para los productores implicados. A ponerse las pilas. 

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