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Salto Grande: Argentina permitió cambios en contratos de 13 funcionarios pero puso reparos a cambios del estatuto
Tras un "no rotundo" inicial a cambiar las reglas de juego, la Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande "dio margen" este miércoles a los jerarcas uruguayos para que de mutuo acuerdo cambien la categoría exclusivamente de los designados de forma directa dentro de la delegación, informó El País y confirmó El Observador con fuentes del organismo binacional.
Esto supone que 13 de los funcionarios que fueron nombrados políticamente en el período tengan un contrato que termina al final de esta administración, luego de que este año se aprobara en el estatuto –a impulso de los sindicatos– una disposición que solo habilita a cesar trabajadores mediante sumario, lo que por la vía de los hechos permitía a los designados a dedo quedar a planta permanente.
La negociación del miércoles entre ambas partes puso en pie de guerra al Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, a quienes los delegados políticos –Luis Benedetto, Juan Domingo Onarbona y Héctor Maya– contestaron en que no retrocederían en "derechos adquiridos", dando a entender por su parte a los uruguayos que era "complejo" acceder a los cambios al estatuto pedidos por el canciller Francisco Bustillo tras la interpelación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado una instrucción para que el llenado de vacantes pase a ser mediante concurso "como regla general", que se derogue el artículo que establece que los funcionarios solo puedan ser cesados tras un sumario y que a futuro tengan contratos a término para que caduquen al final del período, entre otros.
Argentina accedió a estudiarlo en la comisión redactora que modificó el estatuto a partir de la semana que viene, bajo la salvedad de que los cambios –que serán para las designaciones políticas en adelante– solo llegarían si se comprueba que la actual normativa incumple alguna normativa internacional. Tanto delegados políticos como sindicatos han defendido que la nueva redacción –que habilita a perpetuar en el cargo a nombramientos políticos– surge como una protección al empleo que echa por tierra reglamentos de la dictadura que permitían despidos sin causa.
Los delegados uruguayos –Martín Burutarán (presidente), Nicolás Irigoyen (vicepresidente) y Daniel Arcieri (delegado)– esgrimieron tras el cuarto intermedio que si no tenían el aval para cambiar los contratos –como lo exigió en su instructivo Bustillo– serían ellos quienes quedarían obligados a dar el paso al costado. Los jerarcas valoraron el "gesto republicano" de los argentinos, aunque aún deben negociar cambios al estatuto.
El acuerdo permite que los uruguayos renegocien los términos de 13 de los 31 contratos, en tanto están bajo la órbita de la delegación. En ese ámbito ya han manifestado su disposición a presentar la renuncia el actual presidente Burutarán a su cargo en la plantilla (aunque continúa como presidente), el vicecanciller Nicolás Albertoni (de licencia como secretario general del organismo) y Juan Ignacio Hourcade, un edil blanco que opera en la Asesoría Letrada. Ya había presentado su renuncia como coordinador de Desarrollo Regional, Pablo Constenla.
Los restantes funcionarios –entre los que se incluyen diez designados para cubrir el área de seguridad, algunos de ellos ediles suplentes de la 404– continuarán bajo el mismo régimen estatutario por estar trabajando dentro del complejo hidroeléctrico –común a ambos países– y no en la Delegación Uruguaya.
"No aceptaremos pérdida de derechos adquiridos"
Los trabajadores argentinos se declararon en "movilización y alerta", dijo a El Observador el secretario general del sindicato, Sergio Benítez, quien alertó que buscarán impedir que las recategorizaciones uruguayas "dejen el antecedente de que por presión política se puedan forzar despidos sin causa".
Tras una carta del gremio, los delegados argentinos respondieron en una nota –a la que accedió El Observador– que desde su parte realizaron "una defensa acérrima de los derechos de los trabajadores de Salto Grande ante el silencio de la dirigencia gremial".
"La actual situación que atraviesa nuestra contraparte uruguaya ha generando inquietudes y preocupación en el personal de Salto Grande; ahora bien, en vista de lo que ha sido solicitado por el canciller Francisco Bustillo y puesto en consideración a la CTMSG por la Delegación Uruguaya, hemos entendido como necesario analizar lo peticionado, pero siempre partiendo desde (...) el respeto de las normas vigentes, los derechos laborales y de las conquistas de los trabajadores", afirmaron Benedetto, Maya y Onarbona.
"La Delegación Argentina ante la CTM deja fuera de toda discusión la posibilidad de modificar los derechos adquiridos de los trabajadores en materia de estabilidad laboral y carrera profesional", aseguraron y ratificaron: "No promoveremos ni aceptaremos propuestas que signifiquen pérdida de derechos para los trabajadores".
El cambio del estatuto en Salto Grande fue uno de los anuncios de Bustillo ante el Parlamento tras reunirse en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou, además de un proyecto de ley que ingresó este miércoles en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado.
