La interpelación de este martes por las denuncias de "clientelismo" en Salto Grande le impone al oficialismo, como en círculos concéntricos, el desafío de desactivar la tensión a varios niveles: dentro del Partido Nacional primero, con los socios de la coalición después —con los distintos tonos en Cabildo Abierto entre el diputado Rodrigo Albernaz y el líder Guido Manini Ríos—, hasta llegar a los jerarcas de gobierno.
El coordinador de Aire Fresco en Diputados, Álvaro Rodríguez Hunter, había ofrecido el jueves pasado en el grupo de WhatsApp junto a los otros coordinadores blancos –"Mesita Dip. PN"– un encuentro para el lunes con la delegación de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.
"¿Con Salto Grande? ¿No será mejor con los ministros?", le devolvió el diputado de Por La Patria, Álvaro Viviano, antes de agregar: "Yo aviso que con las comisiones no estoy, con los ministros (sí)", según reconstruyó El Observador con fuentes políticas. El herrerista Juan Martín Rodríguez complementó, haciéndose eco del "Tato", su correligionario, que "debería ser con todos".
El episodio allanó la reunión de este lunes, a menos de 24 horas de la interpelación a cargo del Frente Amplio, entre los diputados blancos con la delegación uruguaya de Salto Grande –comandada por Martín Burutarán tras la renuncia de Carlos Albisu– y los ministros interpelados: Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores).
Los secretarios de Estado se juntaron antes en la tarde con el presidente Luis Lacalle Pou para pulir las medidas que este martes permitirán rebatir parte del discurso de la oposición. El canciller Bustillo confirmó entonces a los diputados blancos que la cartera trabaja en un proyecto de ley para que los contratos políticos en la comisión binacional caduquen, como con las intendencias, al finalizar el período, y no deban heredarlos administraciones subsiguientes, según reconstruyó El Observador.
La Cancillería aún estudia en qué casos aplicar una medida de ese tipo, en tanto una duda que quedó entre los diputados es qué margen tiene el Estado para regular en esa materia, cuando cualquier punto estatutario debe surgir de un acuerdo con la delegación argentina.
El presidente de la delegación uruguaya en Salto Grande había informado semanas atrás en el Senado que el nuevo estatuto acordado con la parte argentina significaba que los designados de forma directa solo podrían ser cesados si había un sumario en su contra: es decir, que automáticamente habían quedado a planta permanente.
El anuncio permite a Bustillo blindarse un tanto más en la interna del propio Partido Nacional, en un contexto en que desde los días previos que persistía entre legisladores que no son de Aire Fresco el malestar por la falta de proactividad del gobierno para coordinar con ellos una defensa que, a priori, ya entienden difícil de sostener.
También desde el Partido Colorado enseñaban su incomodidad con el Poder Ejecutivo, como la crítica del diputado de Batllistas, Conrado Rodríguez, quien había dicho a El Observador: "No me gustó para nada la respuesta del canciller Bustillo. Me parece un tema serio para responder seriamente". "¡No te escucho!", había bromeado entre risas el ministro al ser consultado sobre el tema por el periodista Leonardo Sarro.
La CTM de Salto Grande trabaja desde la semana pasada en su defensa, asesorada por el propio exedil frentista y actual encargado de Jurídica en el organismo binacional, Gabriel Duarte, según supo El Observador. Burutarán ya se había juntado la semana pasada de manera reservada con algunos diputados de Aire Fresco, en quienes recaerá el respaldo de la gestión ante el silencio preanunciado de buena parte de los compañeros.
El blanco Alfonso Lereté será el principal vocero en esa línea y buscará hacer punta con el "clientelismo" que le achaca al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que pertenece al mismo sector político (MPP) que el miembro interpelante Nicolás Viera. Fue así que en las horas previas a la contienda parlamentaria filtró la contratación en la comuna canaria del diputado suplente del sartorismo, Robert Osorio.
Cuenta de X de Carlos Albisu
Archivo, visita de Albisu a la Torre Ejecutiva cuando aún era presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
Pero los delegados de la CTM no fueron los únicos salteños con reuniones en Montevideo: también Carlos Albisu, el jerarca renunciante por las 36 designaciones directas en el organismo binacional y otros cambios controversiales en el estatuto de funcionarios, estuvo el viernes reunido en la residencia de Suárez y Reyes con el presidente Luis Lacalle Pou, confirmaron fuentes políticas a El Observador.
Albisu es el alfil del Partido Nacional –y de Lacalle, en especial– para ganarle al Frente Amplio la Intendencia de Salto en 2025. Tras su salida se ha limitado a retornar a la medicina desde un centro de salud local como otorrinolaringólogo, aunque en el Partido Nacional dan por hecho que debe seguir en carrera.
A horas de que haya terminado la interpelación –con final incierto, en este momento– Lacalle Pou en persona estará en Salto para la apertura de Termatalia, el Encuentro Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar. Allí se verá las caras una vez más con Albisu, quien también tiene previsto asistir al evento, según supo El Observador.
Esta vez será en público.
El factor Cabildo Abierto
Los blancos discutieron este lunes a consciencia de que no la tendrán fácil con Cabildo Abierto. El diputado salteño Rodrigo Albernaz ha sido de los más críticos con Salto Grande y este lunes al mediodía se juntó con el líder Guido Manini Ríos para informarle cómo procederá.
"Queremos que caiga la gestión –los delegados y los ediles que ingresaron–, que cambien los criterios para las designaciones y que se reduzca la discrecionalidad. Estamos a la espera de que el gobierno tome una decisión, recogiendo un número importante de los cambios que les hemos pedido informalmente hasta este momento. Si nos llevan estas medidas, van a tener un Cabildo Abierto que no va a tener ningún problema en respaldar al ministro", dijo a El Observador.
"Sino, se pone en juego el responsable administrativo. Somos conscientes que lo que se hacía no era en coordinación con Bustillo, sino con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, pero en último caso el Ministerio (de Relaciones Exteriores) es el responsable político, y si Cabildo no tiene opción, no va a tener problema en censurar", afirmó.
Albernaz se mantiene firme en que el Ejecutivo deberá poner arriba de la mesa la renuncia de los delegados actuales en Salto Grande –Burutarán (404), Daniel Arcieri (404) y Nicolás Irigoyen (Vamos Salto)– y de los diez ediles blancos contratados.
También Manini Ríos seguirá el "minuto a minuto" de las respuestas del gobierno en Diputados, con final abierto respecto a cómo pararse con las mociones finales, pero desde la cúpula del partido aclararon a El Observador que el senador bajo ningún escenario avalará una censura en esta interpelación.
La misma versión manejaron los diputados blancos en su reunión de bancada este mismo lunes de boca del propio Álvaro Delgado.
La relación entre Torre Ejecutiva y Manini Ríos, independientemente de los roces del líder cabildante con Lacalle Pou, transita un buen momento tras el acuerdo en coalición para blindar la última Rendición de Cuentas que asignará recursos en el período.
