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Salto Grande: FA pone la mira en convenio con fundación "amiga" del Partido Nacional y habla con Cabildo de cara a la interpelación
El affaire que terminó con la renuncia de Carlos Albisu a la presidencia de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande sigue generando nuevos capítulos de cara a una disputa en el Parlamento que va a salpicar hacia varios sentidos. El martes 3 de octubre tendrá lugar en la Cámara de Diputados una interpelación conjunta a los ministros de Relaciones Exteriores (Francisco Bustillo) y Economía (Azucena Arbeleche) que en todas las filas anticipan de "entretenida" y de final impredecible.
El miembro interpelante, Nicolás Viera (MPP) y el diputado salteño de Cabildo Abierto, Rodrigo Albernaz, mantuvieron estos días conversaciones políticas y hasta llegaron a intercambiar información de cara a esa instancia, según reconstruyó El Observador. Al igual que cuando en junio votaron juntos una declaración crítica a la gestión de Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior, oposición y socio díscolo de la coalición tienen margen para dejar sin respaldo parlamentario a los ministros o a la actual delegación de la CTM.
A eso se suma la falta de apoyos que lo actuado en Salto por Albisu suscita en las bancadas blancas y coloradas que, sin votar contra su propia administración, esperan que la defensa más firme recaiga en la propia 404 a la que pertenecía el renunciante. "Por ser un compañero de Aire Fresco y no tener en Salto una banca, es probable que nos toque a nosotros hacer la defensa", confirmó a El Observador el diputado Alfonso Lereté.
Sin haberse reunido aún como bancada –y con una reunión con los ministros y delegados interpelados por delante–, también esperan que legisladores como Ruben Bacigalupe y Pedro Jisdonian (todos de la 404) asuman mayor protagonismo en el respaldo, bajo la premisa de que fue la primera vez que Salto Grande apostó por desarrollo en la región.
En el resto hay silencio y hasta cierto malestar por ni siquiera haber sido contactados por las autoridades involucradas a menos de una semana de la interpelación, según supo El Observador.
Mientras tanto, aparte de las 36 designaciones directas, los cambios al estatuto que dejan a planta permanente a los contratos políticos –diez ediles blancos incluidos– y otros ribetes denunciados como "clientelismo" hasta por los propios correligionarios, el Frente Amplio apunta a un convenio de la CTM con la Fundación A Ganar por $3,2 millones (firmado a mediados de 2022) para formar jóvenes en la disciplina del boxeo, como parte del programa Box por la Vida de la Secretaría Nacional del Deporte (SND).
Ese proyecto –delegado a una organización que en este período sumó varios convenios en el Estado– es parte de la "Responsabilidad Social Empresarial" que la administración de Albisu procuró tener en "cooperación" con la intendencia y otros organismos. "Vemos que además de toda la lógica de ingresar militantes políticos, acá hay otra que hace a la utilización de recursos para financiar organizaciones amigas", opinó el interpelante Viera.
"(Fundación A Ganar) no es un fenómeno nuevo, la hemos visto en la Intendencia de Rocha o en Paysandú, y nos preocupa y nos va a ocupar poner el foco ahí, porque queremos hacer preguntas y conocer las inversiones que en esa área se han realizado", dijo a El Observador.
Los datos manejados por la oposición indican que una decena de profesionales contratados como talleristas o profesores tienen vinculaciones políticas con el Partido Nacional o el Partido Colorado, y así lo constató El Observador en al menos tres casos en base a publicaciones en redes sociales. En los tres casos se trata de deportistas.
De todos modos, son militantes y no dirigentes partidarios, mientras que en Salto remarcan como un fenómeno común el nombramiento político de deportistas profesionales, como es el caso del boxeador Rafael Sosa Pintos como coordinador de Deportes en la gestión de Andrés Lima, o la designación del histórico ciclista Federico Moreira en la misma CTM de Salto Grande cuando la presidía el colorado Eduardo Malaquina.
El Frente Amplio ha arremetido desde el 2021 contra la Fundación A Ganar por las relaciones de sus autoridades con el Partido Nacional, mientras que el oficialismo defiende el desempeño de la organización desde antes incluso de la asunción de Luis Lacalle Pou.
Fuego cruzado
El papel del nacionalista Lereté en la interpelación responde además a su rol como uno de los diputados más aguerridos con la gestión de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones.
"Me gustaría ver cómo se para el miembro interpelante (Nicolás Viera), porque una cosa es que fuera de Asamblea Uruguay y otra que sea un representante del MPP. El MPP no tiene autoridad moral para realizar cuestionamientos, sí controlar, que es su función como oposición, pero como decimos en mi balneario, no tiene la cola limpia", declaró Lereté, quien ha acusado a Orsi de "acomodos políticos" en la comuna.
El Frente Amplio, mientras tanto, discute puertas adentro qué discurso adoptar hacia dos posibles cartas que el oficialismo guarda bajo la manga: las designaciones directas del propio Andrés Lima en la Intendencia de Salto –quien por ejemplo ha dado cargos a 23 colorados que comenzaron a militar para él– y el caso del exsecretario político de la delegación durante las gobiernos de izquierda, Andrés de la Iglesia. Se trata de un ejemplo especial por cuadrar con la misma dinámica que hoy critican como oposición: fue edil del Partido Socialista mientras ejercía su cargo en Salto Grande.
El cabildante Albernaz, mientras tanto, lleva reuniéndose con ambos bandos: el emepepista Viera, el blanco Lereté y hasta el director de Asuntos de Frontera de Cancillería, Carlos Mata, jerarca directo de las comisiones binacionales y hombre de confianza del ministro Bustillo.
"Vamos a exigir cambios de criterios apostando a la buena disposición del oficialismo, para cambiar sus privilegios y el alto grado de discrecionalidad que tienen para tomar decisiones", dijo a El Observador. El diputado adelantó que convocará el lunes a una conferencia de prensa y "en función" de cómo responda la delegación, "se pone en juego o no la censura del ministro Bustillo" porque "no está cumpliendo sus responsabilidades".
El diputado reclama que se retroceda en el estatuto y que "se reincorpore el requisito de ingreso a la función por concurso" –"abrieron tanto las puertas que pasan volando los aviones y hoy casi cualquiera es funcionario en Salto Grande"– y rebajar los sueldos más altos por no tener que tributar IRPF. Albernaz protagoniza al mismo tiempo una investigación de ASSE ante las denuncias de talleres salteños por el no pago de las reparaciones a una ambulancia que él mismo llevó, informó La Guardia.
Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, se ha limitado a exigir más información a la CTM y aguarda de parte de su diputado las propuestas a presentar el lunes. Albernaz planteó que "Cabildo va con perfil de hacer una declaración propia y en función" de cómo respondan los interpelados decidirán si firmar "una declaración conjunta con el oficialismo o no".
