La presidenta de la corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers (UB), Sara Goldring, denunciada en la justicia por estafa y apropiación indebida luego de que sus empresas causaran pérdidas del orden de los US$ 100 millones, envió una carta a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) con copia al Banco Central del Uruguay (BCU) en la que acusó a su inteventor –la BVM– de cometer "graves incumplimientos, irregularidades y omisiones" y la intimó al "cumplimiento de sus obligaciones y la inmediata reparación de los daños causados".
La accionista mayoritaria de esas empresas acusó a la Bolsa de Valores de querer "liquidar" sus empresas y de tener un "ensañamiento" contra ella y su familia para evitar que el BCU ponga el foco en otros corredores de bolsa y queden de manifiesto las "frecuentes irregularidades" de sus operativas.
En su misiva fechada el 20 de setiembre de 2022, a la que accedió El Observador, Goldring denunció a la Bolsa de Valores por "omitir realizar todo acto de administración y conservación respecto de la cartera" de sus empresas.
"Por desidia, negligencia o ignorancia, las funcionarias designadas por la BVM, para llevar adelante la intervención, la Cra Patricia Torrado y la Dra. Marcela Rodríguez se han negado a realizar ningún acto de administración o conservación sobre la referida cartera, provocando pérdidas importantes a los clientes", escribió Goldring, quien ha sido denunciada por decenas de sus propios clientes que dicen haber sido engañados en su buena fe y que sufrieron pérdidas del entorno del 90% de su capital invertido.
Goldring entiende que en estos dos meses de intervención dichas funcionarias omitieron "aprovechar la tendencia alcista del mercado, lo cual hubiera permitido recuperar gran parte de las pérdidas sufridas por la cartera". Si bien es verdad que desde el piso del 5 de julio al 15 de agosto hubo un repunte en el Nasdaq del orden del 15%, ese aumento difícilmente pueda ser considerado una "tendencia alcista".
Tanto a Torrado como a Rodríguez las señaló por "ejercer violencia verbal y psicológica contra el personal de CVM y de UB" y las acusó de "tratar de obtener –bajo amenazas– elementos que puedan comprometer" su actuación al frente de la empresa. "La violencia ejercida sobre el personal presionado invalida cualquier contenido de sus declaraciones", afirmó.
Luego que esta carta se filtrara y se compartiera ampliamente entre personas de los distintos agentes involucrados en este caso, varios funcionarios de CVM y UB se comunicaron con El Observador para manifestar que en ningún momento Torrado y Rodríguez ejercieron violencia verbal o psicológica contra algún empleado en las dos empresas intervenidas. De hecho, destacaron un trato cordial y correcto de las funcionarias de la BVM, es decir, ajustado a una relación de trabajo.
Contrario a lo que les dijo a sus clientes por mail a fines de junio y con los pocos que se reunió durante los primeros días de julio, Goldring defendió en su carta que, con excepción de las pérdidas derivadas de la ejecución masiva de las opciones de venta de acciones (puts), "todos los restantes clientes conservan la plena disponibilidad de sus inversiones, no existiendo impedimento alguno para que les sean reintegrados, si así lo solicitasen".
Y agregó: "Varios de estos inversores han promovido denuncias penales y acciones civiles, acusando a mí y a mi familia de apropiación indebida, cuando es la BVM y sus funcionarias quienes se están apropiando indebidamente de estos recursos, al impedir que se dispongan de los mismos quienes están jurídicamente legitimados para ello".
Goldring también acusó a la Bolsa de Valores de "bloquear a clientes el acceso, administración u disposición sobre las cuentas en bancos del exterior por el mero hecho de que las mismas fueron referenciadas por CVM o UB". Según ella, son cuentas "respecto de las cuales la intervención no tiene absolutamente ninguna facultad".
Goldring denunció una "caza de brujas" contra ella y su familia a través de la filtración a la prensa de información "falsa y tendenciosa" y señaló "notoria mala fe" de la BVM por "negarle el acceso a la información" sobre la situación de aquellos clientes que accionan en su contra.
Goldring concluyó: "La intervención de la BVM, ha buscado liquidar la operativa de CVM y de UB y busca construir un caso contra Sara Goldring y su familia, temerosa de que las dificultades que le tocó enfrentar a estas sociedades provoquen un análisis más profundo por el BCU de la operativa de los corredores de la BVM, las cuales pongan de manifiesto las frecuentes irregularidades en su operativa, que buscan taparse con este ensañamiento contra mí y mi familia".
"Todos los hechos que se mencionan generan la responsabilidad de la BVM y de sus funcionarias por los perjuicios causados a mí y a mi familia, así como a los clientes de CVM y de UB. También generan la responsabilidad del BCU que designó como interventor a la BVM, en el conocimiento de que la misma tiene un notorio conflicto de intereses con las sociedades intervenidas y que no puede reconocer las graves irregularidades que la intervención está cometiendo".
Luego intimó a la BVM, en seis puntos diferentes.
Los contenidos de esta carta generaron sorpresa en todas las instituciones vinculadas con el caso. Desde la Bolsa de Valores dijeron a El Observador que no harían comentarios.
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