Se cierra cerco legado por Mujica

Todo empezó cuando el gobierno anterior equiparó los salarios de los ministros de la SCJ y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con los de los secretarios de Estado, sin darse cuenta de que iguales porcentajes de mejoras correspondían legalmente a todo el resto de la estructura judicial. El cumplimiento de este requisito imponía una voluminosa erogación fiscal adicional de cerca de US$ 60 millones. Cuando se apercibieron de su imprevisión y ante los reclamos de los judiciales, que suponían un corpulento incremento salarial del 26%, los técnicos del expresidente José Mujica elucubraron la ley 19.310, en los días finales de la anterior administración. La norma pretendió coartar los derechos de los demás miembros del Poder Judicial a recibir los mismos beneficios porcentuales que los ministros, asignándoles en cambio una más modesta mejora del 8%.

Los trabajadores de la Justicia reaccionaron prontamente recurriendo la ley. Lograron un fallo favorable de primera instancia, confirmado ahora en su contenido sustancial por el pronunciamiento inapelable de la SCJ. El fallo del máximo tribunal obliga al gobierno a tratar de negociar una salida que sea aceptable a los judiciales sin castigar en demasía las ya endebles finanzas públicas. Parece imposible que ceda al costoso reclamo de 26% de aumento. No solo sería difícil de solventar sino que podría desatar una andanada de mayores demandas de otros sectores estatales, en los que ya existe una generalizada exigencia de mayores salarios que ha despedazado el período de clases en la educación pública con paros y ocupaciones y que se extiende también a otras áreas del sector público.

Es inevitable, sin embargo, que el gobierno saque de algún lado recursos para mejorar en algo su decisión salarial, estipulada en la ley que acaba de quedar parcialmente anulada. Es la única forma de mantener el funcionamiento de los órganos judiciales, ya precarizado por las duras limitaciones que le ha impuesto en el proyecto de Presupuesto para los próximos dos años. Pero queda una lección básica que el gobierno de Mujica nunca aprendió: en un estado de derecho no se puede ser desprolijo en la confección y la aprobación de leyes.

Durante el anterior período de gobierno seis normas cayeron por inconstitucionales, en algunos casos hasta por errores elementales de redacción. Se agrega ahora este séptimo traspié, que ha puesto en pie de guerra a toda la estructura judicial, haciendo peligrar la realización de juicios y el mantenimiento de las otras múltiples actividades que le competen. Pero Mujica y su entorno ya no están para asumir las consecuencias de su error, pesado fardo gratuito con el que debe cargar ahora, como pueda, el tercer gobierno del Frente Amplio.