Seguridad alimentaria y nutricional sostenible en respuesta a la crisis alimentaria mundial

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) divulgaron un nuevo informe especial, este martes 6, en una conferencia de prensa desde la sede central de la CEPAL en Santiago de Chile.

Expusieron José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de esta comisión regional de las Naciones Unidas; Lola Castro, directora del WFP para América Latina y el Caribe; y Mario Lubetkin, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

El informe analiza el contexto internacional y cómo las crisis sucesivas, junto con la guerra en Ucrania, están afectando el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional, lo que hace peligrar la seguridad alimentaria de los habitantes de la región, especialmente de la población más vulnerable.

El primer foco del trabajo considera la existencia de una sucesión ininterrumpida de crisis, teniendo en cuenta que el impacto de la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania puede entenderse en el contexto de las crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera mundial de 2008, las tensiones económicas entre los Estados Unidos y Europa, por una parte, y China, por otra, y la pandemia de enfermedad por coronavirus.

Con eso como marco, entre otras conclusiones se expresa que los pequeños agricultores, que producen para el consumo local y venden en moneda nacional al mismo tiempo que tienen que pagar por insumos cotizados en dólares, pueden verse obligados a reducir en mayor medida el uso de esos insumos y se enfrentan a disminuciones mayores de los rendimientos y la producción total. Su producción es fundamental para la seguridad alimentaria, tanto urbana como rural, en la región.

En otro ítem, se indica que las restricciones a la producción de alimentos agudizan los efectos de la crisis climática y que existen asimetrías en los mercados de productos básicos agropecuarios, con pocos compradores y muchos productores geográficamente dispersos y sin organización formal. Los precios son volátiles y los momentos de venta están concentrados en el tiempo, lo que limita la capacidad de negociación de los productores. Pero, sobre todo, los márgenes de ingreso de los productores se están reduciendo debido a que los precios de los fertilizantes y la energía aumentan a mayor ritmo que los precios de los granos.

En el informe se cita, además, que la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe son importadores netos de cereales y, en ese segmento del trabajo, se establece: El efecto de las políticas monetarias restrictivas de los países desarrollados en la devaluación de las monedas de las economías de la región es otro factor que acelera la inflación. En esas condiciones, la implementación de políticas de protección social, las transferencias a la población de menores ingresos y el apoyo a la producción de alimentos pueden verse comprometidos. En el caso de los países altamente dependientes de las importaciones de alimentos y fertilizantes, las condiciones macroeconómicas tienen un impacto aún más directo en la seguridad alimentaria.

Se considera que la insuficiente producción de fertilizantes significa incertidumbre para la agricultura, que los fertilizantes son cada vez menos asequibles para los productores agropecuarios y que la región es altamente dependiente de las importaciones de fertilizantes.

En el extenso análisis, se señala que la inflación de alimentos aumenta el riesgo de hambre y que los alimentos representan dos tercios de la inflación en los hogares de menores ingresos.

Con relación a las respuestas internacionales y regionales, entre otras consideraciones se establece: desde el comienzo de la guerra en Ucrania, 29 países impusieron 63 medidas restrictivas a las exportaciones de alimentos (incluidas prohibiciones, licencias y aranceles), de las cuales 42 se encontraban activas a fines de agosto de 2022; el total de las medidas ha afectado a productos equivalentes a cerca del 17% de las calorías comercializadas a nivel mundial; con respecto a los fertilizantes, seis países productores han impuesto ocho medidas de restricción a las exportaciones desde el comienzo de la guerra; y a medida que aumente la inflación de alimentos y no se vislumbre una solución a la guerra, la experiencia sugiere que más países podrían imponer restricciones y esto impulsaría aún más el alza de los precios y aumentaría la volatilidad.

Sobre las respuestas en América Latina y el Caribe al alza de precios de los alimentos y los fertilizantes, se consideró que los países de América del Sur priorizan la reducción arancelaria, los controles o la estabilización de precios, las transferencias de ingresos y la reducción de impuestos al consumo.

En las consideraciones se señala que mantener abierto el comercio de alimentos y fertilizantes es esencial para evitar que la guerra afecte aún más la producción de alimentos y otras actividades productivas. Esto incluye no solo abstenerse de aplicar medidas de restricción al comercio de alimentos y fertilizantes, sino también seguir tomando acciones para liberar las existencias de granos en Ucrania.

También que aumentar el comercio intrarregional de alimentos es otra acción clave y que los países deben actuar coordinadamente para mejorar la transparencia del mercado y evitar la especulación, compartiendo datos sobre insumos, producción y reservas estratégicas de alimentos.

Conciliar las respuestas con la reducción de problemas estructurales y fiscales, es otro indicativo del informe, de la mano de otras sugerencias: Facilitar el comercio de productos agrícolas y fertilizantes; fortalecer los sistemas de protección social y extender su alcance en las áreas rurales y urbanas; y apoyar a la agricultura familiar para mantener la producción de alimentos.

Hacia un plan regional de seguridad alimentaria, el foco final del trabajo, establece que en la articulación de las respuestas a la actual crisis es importante utilizar las instancias de coordinación existentes con el objetivo de reducir costos y aprovechar los avances ya logrados. Iniciativas regionales en curso, como el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 12 y las coaliciones formadas a partir de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, llevada a cabo en setiembre de 2021, son importantes espacios de discusión y coordinación.

A continuación, el trabajo completo al que accedió El Observador: