Seguridad privada: un sector de alta informalidad y baja fiscalización

Por esos motivos, la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) del Ministerio del Interior se encuentra en plena reestructura, con el objetivo de incrementar la cantidad de personal dedicado a realizar inspecciones en los lugares en los que trabajan los guardias de seguridad.

Según comentó a El Observador el director del área, Juan Rodríguez, quien asumió el pasado 1º de marzo, este cambio permitirá de tener cuatro personas dedicadas a hacer inspecciones a contar con 20 y sin necesidad de incorporar más personal.

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Rodríguez señaló que implica que el 50% de todo el personal de la Digefe pase a hacer tareas de fiscalización. Consultado sobre por qué antes eran solo cuatro fiscalizadores, el nuevo director dijo que "había otras prioridades", y que ahora se busca fortalecer las tareas de control no con un fin "sancionatorio", sino para evitar que "no se haga lo que no se debe hacer".

Durante operativos de transporte de valores, en un espectáculo deportivo o artístico e incluso en un centro comercial, el personal de Digefe se presenta para verificar que todos los guardias de seguridad están trabajando en las condiciones establecidas por la normativa y que a su vez están registrados para actuar como guardias de seguridad. Un guardia de seguridad gana $ 22.590, mientras que un Policía en la categoría de agente percibe $ 27.535.

Al ir al lugar donde se encuentran guardias trabajando, la Digefe también puede controlar a aquellos trabajadores independientes habilitados, es decir, quienes no trabajan para ninguna empresa de seguridad y son contratados directamente por el cliente que requiere servicios de seguridad.

Una fuente del sector dijo a El Observador que durante 2017 recibió no más de cinco inspecciones en eventos específicos, una cifra que calificó de "baja" si se tiene en cuenta que esa misma empresa tiene desplegados vigilantes en cientos de puntos en todo el país.

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Si la fiscalización es poca en Montevideo, en el interior es casi inexistente. Ocurre que los cuatro policías que realizan tareas de control a guardias de seguridad solo operan en la zona metropolitana, por lo que son los "enlaces" en las jefaturas departamentales quienes se ocupan de esa tarea en el resto del territorio, explicó Rodríguez.

Según dijeron fuentes del sector, actualmente las Jefaturas no suelen realizar esta tarea y solo actúan ante denuncias puntuales.

Uno de los objetivos que se están llevando adelante, aseguró Rodríguez, es que equipos de la capital puedan salir al interior a hacer controles junto con personal de las jefaturas. "Vamos a llegar a cada punto del país", apuntó.

La Cámara de Empresas de Seguridad solicitó una reunión con las nuevas autoridades de la Digefe para exigir mayor fiscalización en empresas para evitar la competencia desleal que representan quienes trabajan de manera informal, dijeron fuentes del sector.

Eficacia

El Ministerio del Interior buscará aumentar el número de policías eventuales –un servicio de seguridad que contratan terceros para custodiar edificios públicos o negocios– de manera de ampliar la cantidad de efectivos de esta categoría y así ofrecerlos como opción a los comercios que reclaman tener efectivos armados en sus establecimientos. Según dijo el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez a El Observador, para lograrlo se pretende permitir que puedan postularse para ocupar esta categoría incluso personas que no tengan ciclo básico completo (requisito que hoy es obligatorio).

Los policías eventuales reciben los mismos seis meses de formación policial básica que un efectivo subalterno ordinario; tienen estado policial, uniforme y portan armas, pero su salario lo paga el tercero que lo contrata, y no el Ministerio del Interior.

Además, estos policías solo pueden actuar como custodias de quienes los contratan y no participar en tareas de investigación ni realizar patrullajes.

Según comentó Vázquez, "los comercios están pidiendo más protección con policías, porque con las empresas de seguridad no les ha ido bien, ya que no tienen la misma capacidad de disuadir que un policía armado", explicó Vázquez.

Aunque los guardias de seguridad pueden portar armas, el nivel de entrenamiento que tienen difiere bastante del de los funcionarios policiales.

Según la normativa, para que un guardia de seguridad pueda portar armas debe hacer un curso de 28 horas repartidos en siete días. El titulo que reciben tiene validez nacional durante tres años.

Aunque existen empresas de seguridad que dedican más horas de las obligatorias para el entrenamiento de tiro de los guardias armados, esto depende de la voluntad de las empresas.

Un guardia de seguridad gana $22.590, mientras que un Policía en la categoría de agente percibe $ 27.535.

En tanto, un policía recibe como mínimo un entrenamiento de 650 horas repartidas en seis meses. Vázquez dijo que en el último tiempo se reforzó la práctica de tiro, que llega a ocupar 100 horas de todo el curso.

En la reunión que mantendrá la cámara de empresas de seguridad el próximo 9 de abril, se analizará esta decisión del Ministerio del Interior de incrementar la oferta de policías eventuales, de modo de llegar con una única postura al encuentro que mantendrán en los días siguientes con autoridades del Interior.

En esa reunión se buscará conocer más elementos sobre esta iniciativa, para saber si se trata de un riesgo para el negocio.

Hasta ahora, las visiones son dispares. Para algunos empresarios consultados por El Observador, los policías eventuales no competirán con las empresas de seguridad, sino que por el contrario podrán servir de complemento.

Otros empresarios dijeron que existe cierta preocupación porque los comerciantes que tenían contratados guardias de seguridad se vuelquen a los policías eventuales, lo que podría ocurrir si los precios entre uno y otro servicio son similares.

Cambio de normativa

El 11 de noviembre 2015 el Ministerio del Interior envió al parlamento un proyecto de ley para regular los servicios de seguridad privada. Entre otros puntos la normativa creará un registro de empresas de seguridad que hayan estado en infracción, el cual será público y se obligará a los clientes a consultar esa lista antes de contratar un servicio.

La norma fue aprobada en Diputados, pero sigue en estudio de la Comisión de Seguridad del Senado.