El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo en una entrevista a El Observador que la situación de Venezuela llegó a su límite y que hoy existen más razones que antes para aplicar la Carta Democrática. La "crisis humanitaria insostenible" y la "trayectoria cada vez más autoritaria" del gobierno del presidente Nicolás Maduro son los principales argumentos del excanciller uruguayo.
Para el Frente Amplio las palabras de Almagro solo generan más confrontación y el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de esta fuerza política, José Bayardi, dijo a El Observador que sus declaraciones "hace rato que son sesgadas".
La nación caribeña enfrenta una profunda crisis económica, con acusaciones cruzadas entre oposición y oficialismo, presos políticos y una escasez de alimentos y productos básicos que aumentan el descontento de la población y generan manifestaciones en todo el país.
Venezuela tiene una economía muy poco diversificada. De hecho, el 96% de las divisas que genera el país provienen de la exportación de petróleo. Y este lucrativo negocio sufrió una caída de precios histórica entre 2008 y 2016, que llevó a que los ingresos de esta nación caribeña por la venta de crudo cayeran de US$ 48.325 millones a solo US$ 5.291 en este período.
Estas resoluciones permiten al presidente administrar con independencia recursos estatales y aplicar ''mecanismos excepcionales'' de supervisión de la producción, distribución y comercialización de alimentos, además de artículos de higiene personal y medicamentos.
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La alta concentración de la economía en el petróleo hace que Venezuela prácticamente importe todos los bienes que se consumen. Pero con la caída del ingreso de divisas y un control del tipo de cambio rígido se hace difícil la importación de productos básicos.
Esto tiene dos consecuencias: por un lado una inflación descontrolada -estimada en 475% en 2016 y que según el FMI alcanzará el 1.660% este año- y, por otro, una escasez de alimentos, productos básicos -como papel higiénico- y medicamentos.
Y pese a los sucesivos aumentos del salario mínimo –cinco en 2016 y el último de más de 50%- esto no ha significado un alivio para los venezolanos, que siguen sufriendo una pérdida del salario real producto de una inflación descontrolada.
La escasez hizo de las largas filas en las puertas de los supermercados una de las postales más recurrentes de la crisis venezolana.
El 13,4% de los ciudadanos de ese país come una vez al día y solo el 53% puede realizar tres comidas, según informó El País de Madrid el pasado 22 de mayo, basado en un estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, producto de la escasez y la alta inflación.
La escasez generó, además, enfrentamientos en los alrededores de los supermercados, entre personas dispuestas a pelar por productos básicos y un mercado negro donde se venden alimentos por hasta diez veces su precio real.
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Casi a la par de la precariedad de la situación alimentaria, los venezolanos también deben lidiar con la falta de elementos tan comunes como una aspirina para el dolor de cabeza o para bajar la fiebre. Los laboratorios y empresas médicas nacionales comenzaron a cerrar a inicios de la crisis del control cambiario, en 2012. Ese año también comenzaron a irse los laboratorios extranjeros y poco a poco el país comenzó a entrar en un caos.
Los hospitales también sufren de graves carencias en cuanto a la atención, dado que no tienen los ingresos necesarios para el mantenimiento de los equipos, por lo que muchos pacientes en estado crítico no pueden recibir atención.
Un reportaje del New York Times, publicado el 15 de mayo, ilustró el colapso del sistema de salud venezolano. El medio estadounidense informó que en la ciudad de Barcelona, ubicada al noreste de Venezuela, murieron en un día siete niños recién nacidos en un mismo hospital por déficit de medicamentos. Además, un corte de luz suspendió durante toda una mañana la respiración artificial.
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El país también vive una precaria situación energética, producto en parte del fenómeno del Niño, que azotó fuertemente el territorio caribeño en 2016 y mermó la capacidad de generación hidroeléctrica del país, principalmente a la central de Guri, en el estado Bolívar (sureste), que provee 70% de la electricidad de Venezuela.
Esto llevó a que el gobierno de Maduro lanzara un plan de ahorro energético que implicó adelantar la hora 30 minutos, reducir el servicio eléctrico en centros comerciales y hoteles y otorgar varios días de asueto.
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Diecisiete opositores fueron encarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro, pero según la oposición permanecen presos un centenar, entre ellos los de mayor peso: Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
López fue detenido por llamar a una protesta antigubernamental, acusado de instigar a la violencia y sentenciado a 14 años de prisión. La OEA denunció que estos opositores fueron apresados sin pruebas en su contra y que son víctimas de torturas.
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Ante los desafíos de la profunda crisis económica que enfrenta Venezuela, el descontento de la población se hizo sentir con marchas en todo el país. La elección en 2015 de una mayoría opositora al frente de la Asamblea Nacional, por primera vez en 17 años de chavismo, da cuenta de eso.
Según la consultora Datanálisis, ocho de cada 10 venezolanos reprueban al gobierno de Maduro. Por esta razón, la oposición juntó firmas en 2016 para iniciar un referendo revocatorio y llamar a elecciones anticipadas, algo que fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que decidió suspender el proceso.
En octubre, la oposición llamó a una rebelión popular y en enero, en el parlamento, declaró a Maduro en "abandono del cargo", con el fin de destituirlo. De todos modos, según la justicia de ese país carece de facultades para hacerlo.
Las negociaciones entre oficialismo y oposición están trancadas desde diciembre ya que ninguno está dispuesto a ceder.
"El experimento de diálogo que se desarrolló en Venezuela del 30 de octubre al 6 de diciembre de 2016 (con el auspicio del Vaticano y la Unasur) es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir. El incumplimiento oficial dinamitó ese experimento", aseguró la coalición opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD) en un documento divulgado esta semana.
Para retomar la negociación, aclara la MUD, deberían cumplirse las demandas de "atención a las víctimas de la crisis humanitaria", respeto a las competencias del Parlamento, liberación de opositores presos y un "cronograma electoral" concertado.
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