Nacional > RENDICIÓN DE CUENTAS
Senador blanco prepara alternativa al proyecto de licencias médicas de funcionarios públicos
Desde que ingresó al Parlamento en 2020, las modificaciones a las certificaciones médicas de los funcionarios públicos se han mantenido en un debate sin solución. A pesar de que se aprobó un nuevo régimen en el Presupuesto, nunca se implementó y desde ese momento se instaló una comisión para revisar el sistema para buscar alternativas. En setiembre de 2021 la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) remitió una nueva redacción del proyecto al Poder Ejecutivo, pero la comisión legislativa no llegó a un acuerdo y el asunto quedó encajonado para después del referéndum sobre la LUC.
Ahora, con el proyecto en espera, el senador nacionalista Jorge Gandini planea presentar una nueva alternativa en la próxima Rendición de Cuentas, que busca generar un registro de los médicos habilitados para certificar trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) y destituir a aquellos funcionarios públicos que defrauden al Estado con una certificación falsa o con una falsa enfermedad, detalló el parlamentario a El Observador.
La normativa aprobada por el Parlamento plantea que los funcionarios públicos certificados por un médico estarán tres días sin cobrar su sueldo y a partir del cuarto percibirán el 75% del salario (los privados reciben el 70%), con la posibilidad de cobrar, como máximo, hasta 15 días de licencia por enfermedad con el 100% del salario.
Los que al 1° de enero de 2021 ya estuvieran trabajando dispondrán de cinco días de licencia y cada 31 de diciembre acumularán tres más por año civil trabajado. Eso hasta llegar a 15 como máximo.
La iniciativa de 2021 del Servicio Civil no cambia el grueso de la propuesta presentada en 2020 más allá de algunas precisiones, lo que le valió el rechazo de los parlamentarios y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
La intención de Gandini es fiscalizar y endurecer el control sobre las certificaciones. En un informe realizado en 2021, la ONSC reportó que cuatro de cada diez funcionarios de la Administración Central (42%) se certificó en 2019. En promedio esas certificaciones fueron por 38 días, pero un 15% se licenció por más de dos meses. En los entes industriales y comerciales (los abarcados por el artículo 221 de la Constitución, y que incluyen a las empresas públicas), el 58% de los trabajadores se certificó en 2019, y lo hizo por un promedio de 28,2 días.
La propuesta original indica que los prestadores del Sistema Nacional de Salud deberán contar con “procedimientos de control de las certificaciones médicas efectuadas” y tanto el BPS como los organismos públicos podrán hacer auditorías de las certificaciones. Si se confirma que un prestador de salud no aplicó los procedimientos correspondientes el Ministerio de Salud Pública podrá aplicar una serie de sanciones que van desde las 5 mil Unidades Indexadas (poco más de $ 25 mil) hasta las 15 mil ($ 76 mil).
El senador nacionalista también estudia cuál es la responsabilidad de los organismos públicos en el control de las certificaciones, porque "el que certifica es el prestador", aclaró.
José Lorenzo López, secretario general de COFE, indicó a El Observador que conversaron con Gandini sobre su propuesta y están de acuerdo en que "hay que llegar a las máximas consecuencias" con aquellos que se "certifican en el Estado y siguen trabajando en el ámbito privado", y que con ello "estafan" al Estado.
El sindicalista explicó que la discrepancia con el Parlamento en este aspecto radica en que se promovió instaurar una "tabla rasa" para todos los trabajadores certificados. Desde COFE entienden que esto representaría "un castigo" para los empleados públicos que realmente no pueden trabajar por motivo de enfermedad.
Hasta ahora el sindicato solo ha mantenido conversaciones con algunos legisladores sobre posibles cambios al proyecto. Entienden que la pelota está del lado del Ejecutivo, y se mantienen "en contra" del proyecto como está redactado en la actualidad.
