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Senadores del FA piden la remoción del director del BROU "por incompatibilidades y faltas éticas"
La bancada de senadores del Frente Amplio pidió al gobierno la remoción del cargo del director del BROU Pablo Sitjar por ser también el vicepresidente de Vidaplan SA, la sociedad anónima encargada de la explotación del Casino Nogaró de Punta del Este, que en mayo demandó a la Dirección General de Casinos (DGC) por US$ 50 millones, como informó el semanario Búsqueda. La firma está enfrentada con el Poder Ejecutivo porque se opone a reabrir sus puertas, y ello derivó en una denuncia penal. Sitjar asumió el cargo en el BROU en representación de Cabildo Abierto.
Por medio de una carta, los senadores opositores señalaron la "más profunda preocupación" respecto de "los graves trascendidos que dan cuenta de una serie de incompatibilidades y faltas éticas que involucran al Director del Banco República (BROU), el Cr. Pablo Sitjar".
En la carta dirigida a la vicepresidenta Beatriz Argimón y firmada por el senador Charles Carrera, se afirma que "resulta reñido con la ética que el Cr. Pablo Sitjar sea Director del BROU y desde su empresa particular esté enfrentado al MEF, impidiendo –incluso- el acceso a las instalaciones del Casino Nogaró a los funcionarios de la Dirección General de Casinos".
Además, destacan el hecho de que Sitjar, como director, presentó la demanda por los US$ 50 millones. "Dicha demanda se presentó el 25 de mayo del año pasado, cuando era vicepresidente de Vidaplan S.A. y, al mismo tiempo, ocupaba el cargo de Director del BROU".
La venia de Sitjar para integrar el directorio del BROU fue aprobada por el Senado el 1° de abril, el mes anterior a que Vidaplan iniciara la demanda. La sociedad anónima comenzó a hacerse cargo del Casino Nogaró en 2010, pero desde antes ya explotaba el hotel Mantra, en La Barra de Maldonado.
Decisión con consecuencias penales
En agosto el gobierno decidió reabrir los casinos –con capacidad reducida y sin poder recibir billetes–, pero el Casino Nogaró permaneció cerrado y los trabajadores no pudieron ingresar por orden de las autoridades de la sociedad anónima, informó El Observador en noviembre.
Como sus trabajadores no podían ingresar, la DGC presentó una denuncia penal por el delito de "justicia por mano propia" y la fiscal Ana Roses pidió la formalización del director de Vidaplan, Piero Taliento, al comprobar que "mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta de ingreso se les impidió" a los trabajadores la entrada.
Según informó El País, citando a la empresa, la decisión de no abrir las puertas del casino obedeció a que la situación económica era complicada.
