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/ Nacional / CASO MOTA

Siete radicales al banquillo de los acusados

Los señalados por el atentado contra la SCJ declaran hoy ante la Justicia. Convocan a la población a concentrarse en el juzgado de Misiones

18 de septiembre 2013 - 22:03hs
Para el fiscal, sus acciones tienen “entronque conceptual de largo aliento”
Para el fiscal, sus acciones tienen “entronque conceptual de largo aliento”

Por  Nicolás Delgado

Las siete personas acusadas de atentado contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) –que hoy volverán al juzgado de la calle Misiones para declarar ante la jueza– emitieron un comunicado en conjunto y mostraron los dientes. “No nos van a amedrentar, no nos vamos a detener en la lucha”, advirtió uno de ellos, el extupamaro Jorge Zabalza.

El 15 de febrero de este año, cuando junto a un centenar de activistas ocuparon la sede de la SCJ para protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, muchos de ellos llegaron por separado. Pero ayer se mostraron unidos en ideas y propósitos.

Aunque los ministros de la SCJ denunciaron a los activistas por violencia privada, el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento de los siete implicados por otro delito: atentado. Zubía solicitó prisión por atentado agravado para cuatro de ellos: Zabalza, Irma Leites (líder de Plenaria Memoria y Justicia), Patricia Borda y Álvaro Jaume. En la vista fiscal, a la que accedió El Observador, los llama “instigadores”.

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Para los restantes tres, Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y Aníbal Varela, dirigente de Adeom, solicitó procesamiento sin prisión, porque “actuaron por impulso de la muchedumbre en tumulto” y por lo tanto fueron cómplices del atentado.

Zubía expresa en la requisitoria fiscal que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento, con motivaciones ostensibles y, en consecuencia, los métodos operativos realizados no responden a factores circunstanciales, sino a mecánicas probadas en procura de determinados resultados concretos”. Tanto Zabalza como Leites fueron tupamaros y estuvieron en prisión durante la dictadura.

El fiscal considera que la protesta buscó “impedir el acto” de juramento de Mota y otros 14 jueces. Para ello, se basa, fundamentalmente, en videos y en la declaración del vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, testigo del enfrentamiento de los activistas con la Policía. “Estaban en la posición extrema de que no solo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”, declaró Oxandabarat ante la jueza Gabriela Merialdo.

El fiscal destaca que de las declaraciones de los ministros de la SCJ surge que los “altercados, gritos, insultos e incidentes con efectivos policiales impidieron el desarrollo de la ceremonia”. Y agrega que el procedimiento policial se desarrolló “en forma muy profesional”.

Del nunca más al otra vez
En la conferencia de prensa de ayer realizada en la sede de Adeom, el fantasma de la dictadura no demoró en aletear. El dirigente del sindicato de los municipales dijo que “estamos en una situación que no es democrática”.

El comunicado conjunto expresa que “la actitud del fiscal pone en evidencia que aún persisten en la sociedad uruguaya prácticas propias del terrorismo de Estado que en el pasado azotó al país”. En este sentido, Leites advirtió que “silenciar el pasado y amedrentar el presente es parte de lo mismo”.

El gobierno y el fiscal fueron los blancos preferidos por el grupo de los siete. Zabalza, por ejemplo, advirtió que “hay un clima de impunidad que viene del Poder Ejecutivo, de perdón y olvido”. Su abogado defensor, Juan Fagúndez, dijo que “esto es una causa política, no es una causa judicial” y que, por ello, se defenderá “políticamente”.

En este sentido, los acusados, que declararán hoy a la hora 13.30, convocaron a la población a concentrarse en el juzgado de Misiones. Adeom, Crysol, Plenaria y Ades también se sumaron a la convocatoria. Leites, informó ayer su abogado Gustavo Salle, pedirá suspender la audiencia y solicitará un careo entre Oxandabarat y otro funcionario del Poder Judicial.

“Esto es parte de una estrategia del Poder Ejecutivo. Esperamos de parte del Poder Judicial un límite a esta estrategia”, expresó Fagúndez. El abogado advierte que el fiscal no pidió el procesamiento de tres indagados: Gustavo Signorelle (sindicalista del Poder Judicial) y los fotógrafos de prensa Santiago Mazzarovich y Iván Franco. “Dejó a la prensa y al Poder Judicial afuera. Esto revela una intencionalidad política”, dijo Fagúndez.

El abogado advirtió que el fiscal “recortó frases de la realidad”. “Un fiscal no puede mentir, eso sí puede ser un delito”, expresó.

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