Apuntan a fijar fecha límite para que el organismos cumplan con entregar la información requerida.

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Sin respaldo de los blancos, partidos presentan proyecto para reducir el tiempo de respuesta de pedidos de información

En lo que va de este período, uno de cada tres pedidos de informes no fue contestado
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23 de diciembre de 2022 a las 05:03

Integrantes de casi todos los partidos representados en la Cámara de Diputados promueven un proyecto de ley que, de aprobarse, le impondrá a todos los organismos de la administración estatal un plazo perentorio para responder a los pedidos de informes que efectúen los legisladores. La iniciativa, elaborada por Elsa Capillera (Cabildo Abierto), alude al viejo problema de la demora o, directamente, la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a los cientos de solicitudes de información realizadas por los representantes de otro poder del Estado. 

“En un alto porcentaje los pedidos de informes, o no son contestados o las respuestas se realizan con una exagerada demora, que entorpece el trabajo de los casos” se lamentó Capillera, que además del aval de sus correligionarios logró la firma de colegas del Partido Colorado y del Frente Amplio. 

Lo que se propone es que los ministerios, la Suprema Corte de Justicia, los entes autónomos y servicios descentralizados, entre otros, cuenta con un máximo de 20 días para responder este tipo de pedidos. El plazo podría ser prorrogable por otros 20 días si la información requerida resultara “compleja”. 

Capillera pretende así que los plazos sean iguales a los previstos para que el Estado responda a  los pedidos de acceso a la información pública, mecanismo al que puede recurrir cualquier ciudadano y que, irónicamente, suelen utilizar los legisladores para así obtener una respuesta que, aunque pueda ser de menor calidad, llegue en un tiempo adecuado. Una iniciativa similar había planteado en 2017, sin éxito, el entonces senador Pablo Mieres (Partido Independiente). 

El plazo reglamentario vigente hoy establece un máximo de 45 días hábiles para que los diferentes organismos envíen al Parlamento una respuesta a los pedidos de informes que, de todas maneras, termina siendo muy laxo. La ley prevé prórrogas sucesivas que pueden llegar hasta los tres meses lo que, de todas formas, termina extendiéndose en el tiempo. Están vigentes desde 2003, justamente ante la preocupación que los legisladores de entonces plantearon ante las demoras en acceder a las respuestas. 

Un año esperando

En lo que va de este período Capillera efectuó 13 pedidos de informes, de los que cuatro permanecen sin respuesta. Entre ellos uno al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que, efectuado en setiembre de 2020, pedía información sobre el plan acogimiento familiar del INAU. También uno al Ministerio de Transporte, donde en marzo de 2021 la diputada procuraba conocer detalles del destino de varios inmuebles de AFE en el sur del país. 

En los que sí fueron contestados, el Mides demoró ocho meses en enviarle la información sobre el funcionamiento de la Línea Azul del INAU destinada a denuncias, Educación y Cultura, en tanto, le contestó un año después un pedido sobre el programa de alimentación en las escuelas públicas. Capillera alertó que, en estos casos, la respuesta enviada ya carecía de sentido y utilidad. 

Una reflexión similar hizo su colega colorado Martín Melazzi, que también firmó el proyecto de ley y que, al igual que Capillera, lleva 13 pedidos de informes presentados en este período. En su caso, seis nunca fueron respondidos. Entre ellos uno enviado en julio de 2021 al Ministerio de Ambiente relacionado con el plan de obras de OSE en el departamento de Soriano. Tampoco obtuvo respuesta por parte de Transporte a una solicitud efectuada en noviembre del año pasado sobre construcción y reparación de obras nacionales en el mismo departamento. 

A Melazzi el Ministerio del Interior le demoró seis meses en enviarle información sobre los títulos de habilitación para la adquisición y tenencia de armas. 

Capillera también dijo haber obtenido la firma "con las dos manos" de su colega frenteamplista Sebastián Valdomir. El legislador opositor lleva efectuados 104 pedidos de informes, de los que en 60 sigue sin tener respuesta. El más antiguo es uno enviado a OSE en diciembre de 2020 en el que consultaba sobre los parámetros técnicos para calcular las tarifas. 

El texto, que ingresó esta semana a Diputados, no cuenta con la firma de ningún representante del Partido Nacional. Según la legisladora cabildante el coordinador del mayor partido del oficialismo, Pedro Jisdonian, le señaló que el tema debería ser analizado en la bancada. Pero la devolución jamás llegó. 

La actual legislatura comenzó el 15 de febrero de 2020. Desde entonces salieron del Parlamento en todas direcciones 2.839 pedidos de informes. El 32%, 899 casos, siguen sin respuesta. 

El panorama en la Cámara de Diputados indica que hubo 2.309 pedidos, de los que 703 (el 30%), permanece pendiente. En el Senado la situación es similar. El 36% de los pedidos efectuados (196 en 530) está sin respuesta. 

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