Sindicato portuario paraliza actividad del comercio exterior por tres días

El paro comenzó este mediodía en la terminal especializada de contenedores (TCP, propiedad mayoritaria de la multinacional belga Katoen Natie), y se extendió a última hora a la actividad de la empresa Montecon, operador de contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo.

La suspensión de actividades hace que el movimiento de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo quede totalmente paralizado y no haya operativa con ningún tipo de mercaderías. Solo habrá una guardia especial mínima para el control de los contenedores con mercaderías refrigeradas.

La medida responde a dos motivos. Uno es la falta de acuerdo para la renovación del convenio colectivo de los trabajadores de TCP que se vienen negociando desde hace varios meses con Katoen Natie. Y el otro motivo es el rechazo a la extensión de la concesión de la terminal por 50 años –desde 2031 hasta 2081– en el puerto de Montevideo acordada entre el gobierno y la empresa belga.

En el Poder Ejecutivo existe "preocupación" por el impacto en la operativa portuaria y las pérdidas económicas que conlleva la paralización, dijeron fuentes de gobierno a El Observador. Las autoridades pretenden insistir en la vía del diálogo en las próximas horas para atenuar las medidas. 

Ante la consulta de El Observador, desde la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) prefirieron no hacer comentarios sobre el tema.

Fuentes del sector portuario dijeron a El Observador que la medida de tres días generará la cancelación de algunas escalas previstas por las navieras en el puerto de Montevideo y también demoras en la terminal.

La respuesta de TCP

La terminal especializada emitió un comunicado este lunes por la noche para dar su versión de los hechos y explicar el perjuicio que la medida ya ocasiona en la operativa portuaria.

Sostuvo que la paralización de actividad dispuesta por el Supra "ya afectó de manera importante el comercio exterior, debido a que este lunes debieron enviarse buques al puerto de Buenos Aires, por no poder (TCP) contar con el personal necesario para atenderlos".

Para la empresa la medida es "abusiva, atenta contra el comercio exterior en momentos en que la situación portuaria mundial se encuentra en crisis por falta de contenedores y se parece más a una ´movida´ coordinada para desestabilizar".

Comentó que se encuentra en contacto permanente con el Ministerio de Trabajo en la búsqueda de una solución que destrabe el diferendo con el sindicato.

Sobre las negociaciones con el sindicato, TCP indicó que el Supra no estuvo de acuerdo con el convenio salarial propuesto. Añadió que "entre una serie de beneficios, el sindicato rechazó un doble bono anual para todos  los trabajadores porque no ´colmaba sus expectativas´”.

Supra asegura 100% de acatamiento

El secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y presidente del sindicato de base de TCP, Álvaro Reinaldo, dijo a El Observador que el paro tendrá “100% de acatamiento” en las dos empresas. Además, el sindicalista recordó que cuando se conoció la extensión de la concesión, el Supra se declaró en conflicto por entender que el contenido del nuevo acuerdo tiene “condiciones abusivas”.

Leonardo Carreño

“Esta empresa prácticamente se queda con el monopolio de contenedores por 50 años y fue incapaz de poder elaborar un convenio colectivo acorde al acuerdo obtenido con el gobierno. Y en el contexto general, rechazamos el acuerdo y los decretos que dan prioridad de atraque a TCP y que dejan prácticamente sin trabajo a su competidor que es Montecon. Estamos hablando de unos 400 empleados directos y unos 300 tercerizados. Si se queda sin trabajo habrá una reestructura o literalmente tendrá que cerrar”, dijo Reinaldo.

Los trabajadores del puerto se enteraron del acuerdo del gobierno con Katoen Natie cuando el presidente Luis Lacalle Pou lo anunció a la Asamblea General en marzo pasado. Y esa forma de comunicación provocó que el Supra cuestionara la "transparencia" con la que se llegó a este acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa belga, según expresaron los representantes de los trabajadores en ese momento.

La extensión de la concesión que negoció el gobierno con Katoen Natie consiste en que la multinacional deje sin efecto el juicio millonario contra Uruguay por US$ 1.500 millones e invierta US$ 455 millones en la expansión de la terminal especializada.