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SMU dice que proyecto de Vázquez "no soluciona" la judicialización de la medicina
El presidente Tabaré Vázquez le propuso a su sucesor, Luis Lacalle Pou, crear una ley interpretativa del artículo 44 de la Constitución, que señala que el Estado tiene la obligación de proveer "gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes". Con esta iniciativa, el mandatario quiere limitar el acceso a medicamentos e intervenciones de alto costo por la vía judicial.
Los magistrados se basan en este artículo para dar lugar a los recursos de amparo, entendiendo que la salud es un derecho absoluto y, a su vez, que es posible inferir de este apartado que todos los pacientes tienen derecho a acceder al tratamiento, siempre y cuando paguen lo que esté a su alcance. Como en el presupuesto del Fondo Nacional de Recursos no está contemplado el gasto en medicamentos e intervenciones por fuera de la cobertura, el presidente entiende que la "judicialización" pone en peligro el sustento del sistema. Por ese motivo en el artículo interpretativo se agrega que "no serán de cargo (del Estado) la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos, diagnósticos terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidas en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ni de aquellos que aun definidos y aprobados, sean destinados a atender patologías ajenas a las previstas en los mencionados Programas, Catálogo o Formularios...".
Para el Sindicato Médico del Uruguay, la propuesta del oncólogo es "un buen aporte" pero no soluciona el "problema de fondo". El presidente del gremio, Gustavo Grecco, explicó a El Observador que muchos de los fármacos o tratamientos que solicitan los pacientes por la vía judicial tienen probada eficacia, pero todavía no ingresaron a la cobertura básica o a la del Fondo Nacional de Recursos por las limitaciones del sistema actual.
Si bien Grecco aclaró que la cobertura de fármacos de alto precio e intervenciones complejas en Uruguay es "muy buena" en comparación a otros países, la falta de dinamismo del sistema hace que estos casos sean llevados a la Justicia y el Estado gaste más dinero cuando esta falla a favor del paciente, que es lo que sucede la mayoría de las veces. "Cómo mejorar la accesibilidad es la gran discusión pendiente", señaló el presidente del SMU.
Actualmente, el Ministerio de Salud Pública tiene la decisión final sobre los fármacos que deben ser cubiertos por las instituciones, tanto públicas como privadas, y por el Fondo Nacional de Recursos.
Para lograr que un medicamento se comercialice en el país, los laboratorios tienen tiempo hasta el 30 de junio de cada año. La cartera comunica en diciembre qué fármacos fueron aprobados y la ventana no vuelve a abrirse hasta el año siguiente, con la salvedad de casos excepcionales. Esto significa que si el médico receta un medicamento cuya aprobación está pendiente, incluso si no es de alto precio, el paciente queda en una encrucijada y debe pedirlo a través de un recurso de amparo.
Para saber la incorporación de qué fármacos e intervenciones es prioritaria, el Ministerio de Salud Pública consulta a las cátedras de la Facultad de Medicina (Udelar), las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. que presentan una lista teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que podrían verse beneficiadas y la eficacia del medicamento o tratamiento.
Luego, la división Evaluación de Tecnología Sanitaria del MSP –un departamento que tiene independencia técnica, a pesar de estar dentro de la cartera– analiza si es pertinente o no incluirlo a la cobertura universal o a la del FNR. Después de recibir el informe, la comisión honoraria que administra el organismo no está obligada a aceptar las recomendaciones de esta división, aunque generalmente lo hace.
"La presentación de recursos de amparo son una consecuencia de cómo el país aborda este tema y no la causa del desfinanciamiento del sistema", señaló Grecco. "Hay que optimizar el acceso, la equidad y mejorar cómo el gobierno negocia precios a la baja con los laboratorios. Si el paciente tiene que hacerlo por la vía judicial, eso gatilla un complejo mecanismo por el cual el MSP o el FNR tienen que comprar puntualmente ese fármaco, lo que supone gastos excesivos e innecesarios", agregó.
El Sindicato Médico del Uruguay entiende que una solución a este problema es la creación de una agencia independiente que solo se encargue de evaluar y controlar los medicamentos y nuevas tecnologías. El presidente del gremio sostuvo que esto no solo daría dinamismo al proceso de incorporación de fármacos, sino que –al estar fuera de la órbita ministerial– también le daría mayor transparencia y confiabilidad.
Las autoridades del gremio presentaron esta propuesta a Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública designado, quien se mostró afín a crear un organismo de estas características durante el próximo período de gobierno (2020-2025). No obstante, Grecco dijo que también los asesores en salud de todos los candidatos que se presentaron en las elecciones de 2019, con quienes se reunieron en el correr de la campaña, se mostraron a favor del planteo.
La solución incluso estaba incluida en los programas de gobierno del Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente. En el acuerdo firmado por los lemas que integrarán la coalición de gobierno liderada por Lacalle Pou, los líderes de la alianza se comprometieron a "crear una agencia independiente de evaluación de tecnologías".
En los últimos diez años la presentación de recursos de amparo por temas de salud se multiplicó por 40. Mientras que en 2007 ocho pacientes buscaron que la Justicia obligara al Ministerio de Salud Pública o al Fondo Nacional de Recursos a pagar fármacos, en 2018 se presentaron 333 recursos de amparo, informó el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar.
