El subsidio con cargo al Estado es conceptualmente cuestionable porque significa sustituir una dádiva por el salario ganado con el trabajo, lo cual tiende además a desalentar la búsqueda de un empleo formal. Hay situaciones en que se lo puede explicar, si se lo aplica con estricto control equilibrado. Una es cuando otorga un alivio temporal por algunos meses a personal redundante, como alternativa al despido. Es una práctica común en muchos países, pero conlleva el riesgo de que se abuse de un recurso que le traspasa costos salariales al Banco de Previsión Social. Otra es su utilización como instrumento de asistencia social a hogares de extrema pobreza.
El Frente Amplio expandió esta práctica con los programas de Emergencia y luego de Equidad, instituidos desde que llegó al gobierno. Pese a la buena intención de ayudar a hogares en situación de extrema pobreza, esos programas derrotaron su propósito, al menos durante varios años, por el descontrol con que los aplicó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En muchos casos toleró que los beneficiarios no cumplieran la contrapartida que se les exigía de enviar sus hijos a los centros de estudio y de salud, como impulso para salir de entornos familiares precarios.
Pero un subsidio que carece totalmente de sustento o razón es el que protege, con generosidad desmesurada, a los políticos que pierden o abandonan sus cargos jerárquicos. El tema resurgió como fuente de controversia a raíz de que la vicepresidenta Lucía Topolansky le otorgó a su antecesor Raúl Sendic, contrariando las normas vigentes para los legisladores. Pese a las fundadas objeciones planteadas por la oposición, Topolansky mantuvo su decisión de beneficiar al controvertido expresidente. Han salido a luz, por otra parte, casos igualmente objetables, como el del director blanco de un ente que cobró un subsidio durante un año pese a que apenas trabajó cuatro meses en el cargo.
Y los políticos que reciben esas compensaciones cobran un 80% del salario que percibían cuando estaban en funciones, en contraste discriminatorio con los seguros de desempleo de los trabajadores, que solo alcanza como máximo al 60% de sus sueldos. Las irregularidades, por otra parte, se extienden a los seguros de desempleo cuando se amplían arbitrariamente los períodos en que se pagan. Ocurrió con los funcionarios de la ex Pluna, que percibieron ese subsidio durante años mientras se trataba de poner en marcha el proyecto de Alas Uruguay, uno de los muchos errores de la administración Mujica en ese caso, pese a que estaba claramente condenado al fracaso desde el primer momento por su inviabilidad comercial y financiera.
Pero es más grave el caso del subsidio a legisladores y a otros jerarcas de la estructura estatal. Carece de base el esgrimido argumento de que un alto funcionario que abandona su cargo tendrá más dificultades que otras personas para encontrar otra fuente de ingresos, ya que su situación no es diferente a la de un trabajador privado que pierde su empleo. En los últimos años ha habido un puñado de legisladores que tuvieron la honorable actitud ética de renunciar al subsidio que podían reclamar. Su actitud debería ser imitada por quienes siguen acogiéndose a un privilegio desmedido, si no se toma el camino lógico de corregir las cuestionables normas que habilitan esos pagos.
