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Sunca cuestionó a Arbeleche por cifras de gasto sobre licencia especial de la construcción
El Sunca cuestionó en las últimas horas parte de la presentación realizada este lunes por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, cuando hizo referencia a los medidas de apoyo que se destinaron para atender distintas necesidades generadas por la pandemia del covid-19
Arbeleche expresó en esa presentación de balance y perspectivas macroeconómicas que a través del Fondo Coronavirus se destinaron US$ 17 millones para la licencia de la construcción. Así hizo referencia a la licencia especial que se extendió desde el 24 de marzo y hasta el 5 de abril de 2020.
Esta licencia especial permitió tomar medidas de aislamiento entre los trabajadores para evitar el contagio y propagación del covid-19. Según expresó el sindicato la partida especial de $ 16.505 que percibieron los trabajadores en esa oportunidad “fue conquistada” en instancias de negociación tripartita con el sector empresarial y el Poder Ejecutivo.
El Sunca explicó en un comunicado que el costo fue financiado en más 50% por los empresarios de la construcción y en un 25% aproximadamente por los trabajadores que aportaron un jornal de la licencia generada y el equivalente a un jornal del aguinaldo. El resto corrió por cuenta del gobierno (el otro 25%).
Los montos fueron retenidos por el Banco de Previsión Social (BPS) en el caso de los trabajadores incluidos en la Ley 14.411, y por las empresas en el caso de los trabajadores no incluidos en esta ley.
“El costo que asumió el gobierno de esa partida no es de 100% como se trasladó en la conferencia de prensa”, afirmó el sindicato.
El Sunca rechazó que el gobierno “se atribuya como iniciativa apropia una medida que se tuvo que tomar precisamente ante la ausencia de respuestas desde el propio gobierno”, indicaron.
También rechazaron que “se desconozcan los resultados de la negociación llevada adelante principalmente entre las partes involucradas, en el marco de la negociación colectiva, en medio de la pandemia”.
Además, expresaron que sin ese acuerdo que amparó a trabajadores, “miles más hubieran ingresado al seguro de paro y el costo se hubiera triplicado, generando ahí sí un costo superior para el Estado”.
