Tanqueta blindada, vehículos livianos y hasta doce funcionarios: así eran los costosos traslados de González Valencia

Así lo describió el entonces fiscal del caso, Ricardo Lackner, al momento de pedir la formalización de la investigación en contra del capitán, en una audiencia a cuyo audio accedió El Observador. En esa oportunidad, dio detalles de cómo eran los traslados, las particularidades de la celda y del vínculo entre González Valencia –que luego fue extraditado a Estados Unidos– y Morabito. Pero también, de los encuentros entre ellos. 

Hubo al menos dos. En uno de ellos, conversaron, tomaron un café y el mexicano intentó dejarle un pendrive que había llevado. Es una "cosa incomprensible que dispusiera de eso", dijo Lackner refiriéndose a que no debería haber tenido acceso a ese tipo de tecnología. 

Ese pendrive fue incautado por el Ministerio del Interior y luego "desapareció". "Supuestamente tenía música, cuyos gustos musicales se ve que González Valencia querría compartir con Rocco y se lo entregó. Pero de su contenido no nos hemos enterado porque ha desaparecido, se ha perdido", ironizó Lackner.

En la Guardia Republicana, la celda de González Valencia estaba "instalado en dos contenedores rodeados por una cerca y dentro de esa cerca contaba con un parrillero". "Dentro de los contenedores contaba con aire acondicionado, una televisión plasma y un sommier de más de una plaza. Muy amplio", contó Lackner. Lo mismo había declarado en una audiencia en Fiscalía que divulgó El País días antes. 

Allí, tenía muchas visitas de su núcleo familiar y de hecho, en uno de los dos contenedores llegó a compartir con su suegro, que también estaba preso. Cuando el suegro quedó libre, él se quedó con los dos contenedores. 

"Allí era visitado por su familia, su esposa, sin distinción de horario a tal punto que todos los integrantes de la Guardia la conocían por su nombre de pila", relató el fiscal. Incluso, fue visitado por el cónsul de México y el de Estados Unidos, ratificando lo que luego declaró en Fiscalía el director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, y cuyo contenido divulgó El Observador. 

Pese a eso, se lo trasladó al menos 12 veces al Centro de Diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación para que mantuviera visitas conyugales en el edificio de la excárcel central. Para el fiscal Lackner esto era una "excusa". De estas 12 visitas, dos tuvieron lugar en 2017, el 26 de julio y el 5 de setiembre y el resto en 2018. Están fechadas el 5 de enero, 31 de mayo, 21 junio, 27 de setiembre, 21 de setiembre, 8 de noviembre, 9 de noviembre, 5 de diciembre, 6 de diciembre y 7 de diciembre del mencionado año. Morabito fue detenido a inicios de setiembre de 2017. 

Para el fiscal, además es curioso cómo se cargaba el evento en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). Se lo ingresaba como "hecho policial". Cada uno de los 12 traslados costó 94 mil pesos, superando así el millón de pesos el costo total. 

Los traslados significaban "el uso de una tanqueta blindada, de diseño para uso bélico (...) además de dos vehículos livianos en promedio y entre 8 y 12 funcionarios. Algunos estaban armados con armas largas, de guerra algunas de ellas, y pistolas". Todo esto se hacía sin autorización judicial, como es debido. "La Justicia no estaba enterada de que este personaje era trasladado en estas oportunidades 30 kilómetros en total de ida y vuelta para, entre comillas, hacer ejercicio de sus derechos a la salud sexual", señaló Lackner. 

Cuando el fiscal interrogó a diversos involucrados, preguntó porqué se trasladaba 30 kilómetros (entre ida y vuelta) a González Valencia para las visitas conyugales cuando en la Guardia Republicana tenía dos contenedores para el solo. "Nadie dio una causa concreta, hasta que en un momento se anunció como algo muy razonable que el traslado se hacía para garantizar la intimidad de la pareja porque los contenedores no estaban blindados acústicamente y el personal apostado podía escuchar o las exhalaciones de placer u otros que podían perturbar la dignidad de la mujer y que, entonces, por eso decidieron tomarse todas estas molestias", recordó Lackner en esa audiencia de julio de 2022. 

Además, afirmó que se constituyó en la excárcel Central y que ahí "se escucha absolutamente todo".

La carta de Morabito y los visitantes repetidos

El rol del capitán de la Guardia Republicana en los traslados

El capitán de la Guardia Republicana imputado por el crimen era quien figuraba como el encargado de los traslados de González Valencia y según el fiscal dio "diversas explicaciones" sobre la razón por la que no notificó a la jueza del caso, Beatriz Larrieu.  

Primero dijo que lo había autorizado y que le había dejado a su criterio dejarle la conyugal cada 15 días, después dijo por escrito que él no había hecho ninguna comunicación de los traslados porque no le correspondía a él y posteriormente insistió que sí se había comunicado con la jueza y que era ella quien estaba en omisión. Cuando se le tomó declaración a Larrieu, señaló que le parecía "descabellado" y que nunca la habían notificado de nada. 

A su vez, el capitán imputado le dijo Alfredo Clavijo, en una conversación telefónica intervenida en el marco de la investigación, que Lackner quería "salvarle el culo" a la jueza y por eso se metía con él. 

Según el fiscal, además de figurar como el encargado del procedimiento, el capitán era referido por los demás guardias "como quien era el vínculo entre la población privada de libertad y la Policía". "Era quien llevaba a la señora primero en un auto al lugar del encuentro, era el que gestionaba las cuestiones y es el indicado por todos como quien coordinaba el operativo", complementó. 

Por otra parte, en los contenedores de González Valencia se encontraron tres celulares dentro de un aire acondicionado y uno de ellos, a juicio del fiscal, fue gestionado por el imputado. 

Ese celular, propiedad del Ministerio del Interior, tenía en su registro varias llamadas internacionales, algunas se pudieron identificar y gran parte se borraron. Cuando se solicitó al área de tecnología del Ministerio del Interior información sobre el celular, se dijo que no era de su propiedad, pero que por el número de IMEI se pudo advertir que corresponde a otro móvil que sí es del ministerio. Había sido adquirido en 2012 y era utilizado inicialmente para prestarlo a efectivos que viajaban y necesitaban servicio de roaming. 

Como tenía poco uso, fue derivado a la Republicana a solicitud del imputado. Él pidió en octubre de 2018 que estuviera habilitado para llamadas internacionales. 

Lackner leyó varias conversaciones privadas entre el imputado y el director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, en las que comentaban que el fiscal no tenía nada en su contra y que las cosas que hacía era para salvar a la jueza. Señalaron que en al menos una oportunidad le habían avisado a través de una llamada telefónica y que de eso debió haber quedado registro en los celulares de ambos. En esa misma charla, a juicio de la Fiscalía, se desprende cómo el imputado estaba buscando información del caso y documentación, indicando que quizás tenía la intención de manipularla. 

El imputado estuvo sujeto a un régimen de prisión domiciliaria total por 120 días, pero ya se encuentra en libertad.