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TCA cesó a las hijas de los tres ministros que trabajaban como asesoras del organismo
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), máximo órgano judicial encargado de controlar la legalidad de los actos estatales, decidió cesar a las hijas de los tres ministros que trabajaban en sus despachos como asesoras, y que incumplía el mandato establecido en el decreto 30 de 2003 que prohíbe al jerarca de una repartición estatal tener vínculos familiares con sus subalternos.
Según informaron a El Observador fuentes del TCA, en diciembre, momento en el que se deben renovar las contrataciones anuales, se decidió no repetir los contratos a las tres abogadas. Justo en esa fecha había llegado una comunicación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la que pedían a los ministros que informaran sobre la situación de las tres hijas de los ministros Eduardo Vázquez, José Echeveste y Alfredo Gómez.
El TCA tiene la misma estructura que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al igual que en ese organismo judicial, los ministros son elegidos con venia del Parlamento por acuerdo político o entre los ministros de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo y se mantienen en el cargo por diez años o hasta que cumplan 70 años de edad.
Cada magistrado tiene dos asesores, cargo denominado "asistente técnico abogado contratado". Se trata de cargos de confianza que duran en el puesto mientras está el ministro y que se encargan de estudiar los expedientes y de asesorar a los ministros en la resolución de los casos. Incluso pueden redactar sentencias interlocutorias, que son resoluciones judiciales mediante las cuales el tribunal se pronuncia sobre peticiones puntuales y no sobre el fondo del asunto.
Según consta en la escala salarial del TCA, el asistente técnico abogado contratado cobra $ 139.963 nominales si tiene dedicación total y $ 115.703 si no tiene dedicación total, lo que implica que pueden tener otro empleo, según los valores a enero de 2019.
El artículo 35 del decreto de la función pública prohíbe "la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad (hermanos, abuelos y nietos, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) o por ser su cónyuge". Según esta norma, si esta situación se diera, la autoridad competente deberá disponer los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de la persona que debe ser reubicada.
En febrero de 2018, la Jutep emitió una exhortación a "corregir de inmediato estas situaciones", luego de que tomaran estado público violaciones al decreto en varias reparticiones estatales.
La discusión sobre la presencia de familiares en la administración pública comenzó con una investigación de Teledoce que reveló que el intendente de Artigas, Pablo Caram, había designado a su sobrina Valentina Dos Santos como directora general, un cargo que antes no existía. Además, nombró a su pareja, Karolina Gómez, como directora de Cultura y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, como director de Desarrollo Productivo y asesor de Desarrollo Social, respectivamente.
En tanto, según informó luego El Observador, en Soriano, Maldonado, Salto, Lavalleja, Tacuarembó y Flores también trabajaban en ese momento familiares y parejas de los intendentes.
Por su parte, VTV Noticias había informado que el entonces vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardus, había contratado como secretaria –con un sueldo de $ 57 mil por mes– a la novia de su hijo. La joven, de 18 años, trabajó algunos meses en el despacho del jerarca, pero tras conocerse la noticia presentó la renuncia. Esa situación llevó a que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, decidiera remover a todo el directorio político del organismo.
El tema llegó incluso a Presidencia ya que Vázquez debió cesar a su consuegro del servicio de seguridad presidencial, luego de que El Observador publicara que Enrique Estévez, el padre de la esposa de Álvaro Vázquez, hijo mayor del mandatario, trabajaba como chofer. La resolución fue tomada luego de que la Jutep recomendara al mandatario cesarlo. Si bien no cuestionó la ética del presidente consideró inconveniente que se mantuviera.
En el TCA la situación se mantuvo incambiada luego de que trascendiera el caso. Incluso los ministros ratificaron las contrataciones de las tres asesoras en diciembre de 2018. Si bien el tema fue debatido y los ministros William Corujo y Selva Klett habían señalado no compartir la designación, encontraron una solución alternativa que fue que cada ministro contratara a sus asesores.
En el caso de Echeveste y de Vázquez, sus hijas sí fueron contratadas directamente por sus padres, por lo que al ser cesadas del TCA tendrán que buscar otro empleo. La hija de Gómez es funcionaria judicial y estaba en el TCA por pase en comisión, por lo que ahora volverá a su cargo de actuaria en el Poder Judicial, adonde había ingresado por concurso.
