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Toma, citado a declarar por investigación administrativa que inició el gobierno

El exsecretario de Presidencia es indagado por las misiones oficiales que realizó en 2019 junto a una contadora

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24 de septiembre de 2020 a las 10:08

El exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, será citado a declarar el próximo lunes en Torre Ejecutiva en el marco de la investigación administrativa que inició el gobierno por las misiones oficiales que realizó a Italia en 2019 junto con una contadora sin una debida justificación, informó radio Sarandí y confirmó El Observador con fuentes del gobierno.

El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, es el instructor de la investigación que anunció el presidente Luis Lacalle Pou el pasado viernes. 

Sánchez tiene 60 días de plazo para trabajar en el proceso administrativo, y este lunes en rueda de prensa dijo que puede citar a "cualquier ciudadano" durante la indagatoria, incluso al expresidente Tabaré Vázquez.

"Es uno de los procedimientos que se tienen para con todos los funcionarios de la administración pública a los efectos de esclarecer algunos hechos que pueden tener alguna irregularidad en la gestión pública", señaló el jerarca, según recogió Telemundo.

En paralelo a este proceso, el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, también analizará si Toma no incurrió en algún delito contra la administración pública –como abuso de funciones o conjunción de interés personal y público– al haber viajado en julio y diciembre del año pasado a Italia con Giuliana Pérez Muñiz, funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Los viajes se realizaron porque Uruguay participaba en el litigio en el que la Justicia italiana condenó a cadena perpetua a militares por desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor en América Latina.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) investigó la presunta irregularidad, pero zanjó el tema el 9 de enero cuando el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. El resto de los integrantes de ese directorio, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, archivaron el caso. Sin embargo, el 22 de ese mes, cuando Gil Iribarne tomó nota de la resolución, dejó de manifiesto en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.

En los descargos que hizo Toma ante la Jutep, estableció que el equipo que viajó a Italia, y que tenía el rol de asumir "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana", había estado integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por Pérez, quien se desempeñó "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales".

Esta semana la Jutep decidió reabrir el caso. “A modo personal, pienso que deberíamos pedir más información a Presidencia de la República, sobre todo respecto a la vuelta de la misión oficial; por lo general, todos los funcionarios debemos hacer un informe de lo que se actuó en el exterior, y esos informes no fueron proporcionados”, dijo la presidenta del organismo, Susana Signorino a radio Monte Carlo.

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