Trabas que dificultan competir

Un país grande y más o menos autosuficiente, como Brasil o Argentina, puede permitirse cierto grado de aislamiento temporal a través del proteccionismo, descansando en su diversificada capacidad productiva y en la vastedad de su mercado interno. Pero es fatal en un país minúsculo como Uruguay, para el que la producción competitiva es la única garantía de expansión y estabilidad económica. Los gobiernos del Frente Amplio, sin embargo, hace años que marchan a contrapelo de ese requisito por errores en dos áreas. La voracidad fiscal ha multiplicado los costos de producción, debilitando la viabilidad sostenida de las empresas. Y si bien la competitividad con nuestros principales clientes de exportación mejoró algo el mes pasado, fue efecto coyuntural de la suba del dólar y no por los cimientos estructurales permanentes que se necesitan.

Esta debilidad se une a una política laboral rígida y contraproducente que deteriora el empleo, pese al crecimiento del Producto Interno Bruto previsto para este año. Las cifras oficiales muestran caída de la tasa de empleo y tendencia a una creciente desocupación. En los últimos cinco años la construcción perdió 19 mil puestos de trabajo, una cuarta parte de los trabajadores ocupados en 2012. Aunque en menor volumen, la situación se repite en la industria manufacturera, mostrando altibajos en el sector de comercio y servicios, ayudado en gran parte por el turismo. Pero el horizonte global es sombrío, como acaban de reiterar las principales cámaras empresariales. Los presidentes de las gremiales de Industrias, de Comercio, de la Construcción y de la Asociación Rural coincidieron, en un reciente encuentro, en enfatizar los peligros que enfrenta la actividad.

Las tarifas desmesuradas de los servicios públicos, con las que el gobierno contrapesa su exceso de gasto a expensas de los hogares y las empresas junto con alza de impuestos directos, aumentan los costos de producción a niveles que amenazan la viabilidad de muchas firmas. Lo ejemplificó Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural, al señalar que con el costo energético con que en Paraguay se riegan 7.500 hectáreas, en Uruguay solo pueden regarse 300. Todos coincidieron, por otra parte, en el efecto negativo para las empresas y los trabajadores de la falta de flexibilidad en el campo laboral.

Un punto de especial pertinencia en esa área es la fijación de salarios por rama de actividad, como es norma en los convenios colectivos surgidos de los Consejos de Salarios. En un mismo rubro hay empresas que pueden pagar los salarios acordados y otras cuya operación lo dificulta. Esta realidad conduce inevitablemente a mayor desocupación. La forma idónea de evitarlo es permitir la negociación salarial por empresa en sectores en los que es claramente aconsejable. Pero es una opción que el PIT-CNT rechaza, basándose en una concepción errada de protección laboral y por temor a que una política más flexible se asemeje a la drástica reforma introducida en Brasil. Pero no se trata de vulnerar derechos de los trabajadores sino adecuar las relaciones laborales a la realidad de empresas en algunas áreas del sector productivo. Si se atiende este curso razonable y el gobierno baja el abrumador peso tributario, directo e indirecto, podrá evitarse una pérdida de competitividad que empobrecerá a todos sin excepción.