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Transporte y Turismo, otros dos ministerios que pagan colegio a hijos de funcionarios

Entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Transporte y Obras Pública y el Ministerio de Turismo han destinado 50 millones para educación de hijos de trabajadores

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07 de enero de 2019 a las 13:43

El Ministerio del Transporte y el Ministerio de Turismo son otras dos carteras que pagan la educación privada a hijos de sus funcionarios. Esto se suma a lo que se dio a conocer la semana pasada con respecto al dinero que destina el Ministerio de Educación y Cultura a este mismo fin.

El viernes pasado el programa radial Así nos va informó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) destinó $ 23.517.360 millones para pagar la educación inicial privada de entre 3 meses y 5 años hijos de funcionarios. Aunque en Montevideo existen 67 jardines de infantes y 14 escuelas que cuentan con Nivel 3 años dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ninguno de estos centros educativos públicos fueron contemplados para el llamado del MEC.

Este lunes el programa radial extendió su informe y dio a conocer datos de otros ministerios: el de Transporte y Obras Públicas y el de Turismo.  

La cartera liderada por Víctor Rossi gastó un total de $ 25.331.344 millones por el mismo motivo y la liderada por Liliam Kechichian destinó un monto de $ 1.089.900.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

En enero de 2013, una resolución decidió que debido a que se presentaron “enormes dificultades por la falta de personal capacitado y un elevado costo de funcionamiento”, el Ministerio de Transporte no podía seguir brindando un servicio de guardería que funcionaba desde 1984.

Por lo tanto, el ministerio optó por contratar el servicio de forma directa al Colegio Ciudad Vieja por el período de un año y allí fueron los siete niños de entre 3 y 15 meses que asistían al Servicio Materno-Infantil de la cartera. El importe que pagó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue de $ 4.000 por cada niño y los padres debían aportar $ 1.300 pesos. En aquel año, la inversión que hizo el ministerio fue de $ 336.000, según informó Así nos va.

El 1° de enero de 2014 se convocó a una licitación y se resolvió adjudicar el servicio al colegio Ciudad Vieja (25 niños en nivel maternal y 20 niños en nivel preescolar) y a la Asociación de Bancarios del Uruguay (5 niños en nivel preescolar que asistieron solamente en 2015, y 30 niños en nivel escolar).

Según consta en la resolución a la que accedió Así Nos Va, esta adjudicación hecha por el Ministerio de Transporte en enero de 2014, y que era por cuatro años, empezó a regir a partir de marzo de 2015. El monto total de la adjudicación fue de $ 25.331.344 millones.

Ministerio de Turismo

El Ministerio de Turismo emitió semanas atrás una resolución con los resultados de la licitación que hizo para 15 cupos en centros educativos privados.

La resolución fechada el 14 de diciembre de 2018  da cuenta de que la cartera destinó para 2019 un total de $ 1.089.900 para pagar estos 15 lugares. Quien ganó la licitación fue el único centro educativo que se presentó, el mismo que en los otros casos: el Colegio Ciudad Vieja.

De acuerdo a la resolución, por cada bebé que vaya a nursery el Ministerio de Turismo pagará mensualmente $ 11 mil de cuota, y abonará una única cuota anual de $ 3.900 por concepto de materiales y otra de $ 1.300 por concepto de libros, informó el programa de Radio Carve.

Para los hijos de los funcionarios que vayan a nivel 1 y 2, el Ministerio de Turismo pagará mensualmente $ 11 mil de cuota más $ 3.600 por concepto de alimentación. A esto se suma el abono anual de $ 3.900 por concepto de materiales y $ 2.000 por concepto de libros.

Para los hijos de los funcionarios que vayan a los niveles 3, 4 y 5, la cartera liderada por Liliam Kechichian pagará mensualmente $ 11 mil de cuota más $ 3.600 por concepto de alimentación. A esto se suma el abono anual de $ 4.950 por concepto de materiales y $ 4.300 por concepto de libros.

Mides, guarderías y el TCR

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó en noviembre de 2018 un gasto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por más de $ 6 millones por pagarle la guardería a hijos de trabajadores de organizaciones civiles que, si bien trabajan en convenio con el Mides, no son funcionarios públicos.  

A partir de 2011, el ministerio otorgó a los funcionarios que tuvieran hijos a cargo la posibilidad de poder mandarlos al Centro de Cuidados de Primera Infancia y en enero de este año se autorizó el pago de ese beneficio a los trabajadores presupuestados con contratos temporales y con pases en comisión, lo que incluía a quienes eran contratados por organizaciones civiles. Sin embargo, los pagos fueron observador por el TCR porque no hay una norma que habilite a desviar fondos para ese fin, según indica la resolución del tribunal a la que accedió El Observador.

La resolución del TCR indica que el subsidio para guarderías se otorga a través de los llamados fondos rotatorios y ya había señalado como una irregularidad por los auditores del tribunal. La respuesta del Mides ante un primer llamado de atención fue que se encontraba “en trámite la regularización de las personas que cumplen funciones en el Mides y era necesario reiterar el gasto y pago por criterios de igualdad y equidad” entre todas las personas que trabajan en ese secretaría de Estado.

Para el TCR, el Mides violó el artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que indica que “no pueden comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible”. También considera que no tuvo en cuenta que “las asignaciones presupuestables constituyen créditos abiertos a los organismos públicos para realizar los gastos de funcionamiento, de inversión y de amortización de deuda pública, necesarios para la atención de los servicios a su cargo”, así como que “los créditos no podrán destinarse a una finalidad que no sea el enunciado en la asignación respectiva”. Es decir, que para poder destinar fondos al pago de guarderías para trabajadores de organizaciones civiles necesita sí o sí de una norma que lo permita.

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