Los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores elaboran un decreto para evitar que el gobierno uruguayo otorgue pasaportes a personas con antecedentes penales en el ámbito internacional, informó Telenoche y confirmó El Observador con fuentes de cancillería.
La nueva normativa derogará una de 2014, que establecía que debían chequearse los antecedentes judiciales nacionales a la hora de otorgar el documento. Antes, el decreto N.º 167/993, de 1993, “establecía que había que chequear los antecedentes judiciales internacionales”, de acuerdo con las mencionadas fuentes. La idea es volver a eso, aunque con algunas modificaciones.
“Será más garantista a la hora de tener los controles antes de expedir el documento, para evitar cualquier tipo de situación que sea complicada después, como en este caso –mencionaron en referencia al caso del narco uruguayo Sebastián Marset–. El gobierno sabe que actuó conforme al derecho; no podía no entregarse el pasaporte, porque estaban todas las condicionantes cumplidas”.
El decreto está en etapas finales de redacción y “va a quedar en las próximas semanas”.
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