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Tribunal de Cuentas observó por quinta vez convenio entre el Mides y gobierno de Cuba

Autoridades de la cartera explicaron ante la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados por qué incurrieron en el gasto; el acuerdo incluye una serie de "servicios necesarios" como muebles, electrodomésticos y sábanas

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19 de junio de 2019 a las 09:20

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó por quinta vez el convenio que desde 2013 tienen el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) uruguayo y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que dispone que cuatro técnicos y un médico cubanos especialistas en ortopedia vengan al país durante dos años para capacitar a profesionales uruguayos sobre el diseño y reparación de prótesis ortopédicas. 

A través de este acuerdo, el Estado uruguayo se compromete a pagarles un sueldo mensual de US$ 1.000 a los médicos y US$ 790 a los técnicos, el alojamiento, además de una serie de "servicios necesarios" que —según informó El Observador en enero— incluye los pasajes aéreos para llegar desde la isla, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, gas, climatización, sábanas, toallas y el transporte para ir y volver del trabajo. 

El contrato tiene una cláusula que indica que se puede renovar un mes antes de finalizado, como viene ocurriendo desde 2013. La última renovación se dio en diciembre de 2018, cuando la cartera decidió transferir el dinero y las obligaciones a la Comisión Honoraria de Discapacidad, una entidad pública de derecho privado. Ante una nueva observación del TCR, el Mides justificó la reiteración del gasto por la "conveniencia, importancia y necesidad" del servicio que los especialistas cubanos brindan.

Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para el TCR. La resolución en la que se indican los motivos por los que el tribunal no revocó la observación hecha en diciembre del año pasado recuerda que, al insistir en reiterar un gasto, los ordenadores de pagos —en este caso el Mides— están obligados a expresar de forma detallada los motivos. La justificación que dio la cartera, no obstante, refirió a motivos de conveniencia y no de legalidad, como requiere el TCR en estos casos. 

La primera vez que el TCR señaló la irregularidad del convenio entre ambos países fue en enero de 2013, cuando empezó a funcionar sin tener la aprobación de la Asamblea General del Parlamento y sin la remisión de antecedentes elaborada por el tribunal, que son dos requisitos obligatorios. El acuerdo, que en principio funcionaría por unos meses, fue renovado ese mismo año y el organismo volvió a observar su irregularidad, al igual que en 2017, cuando fue renovado de nuevo. Las últimas dos observaciones ocurrieron en diciembre de 2018 —cuando se renovó el contrato— y enero de 2019, cuando el Mides no justificó de manera satisfactoria la reiteración del gasto. 

Las sucesivas observaciones del Tribunal de Cuentas adquirieron mayor notoriedad en los últimos días, ya que representantes del Mides fueron convocados por la Comisión de Asuntos Internacionales para dar cuenta del acuerdo que la cartera mantiene con el gobierno cubano. Quienes acudieron fueron la subsecretaria, Ana Olivera; la directora general, Gabriela Mazzuchi; y el director de Relaciones Internacionales, Pedro Schinca. 

Las autoridades del Mides rechazaron hacer declaraciones a El Observador porque entienden que todo lo que hay por decir sobre el tema lo dijeron en el Parlamento. Allí, Olivera expresó que fue un "error" que el convenio no pasara por el Parlamento antes de ser aprobado y dijo que apenas recibieron las primeras observaciones del TCR tuvieron "nuevas conversaciones con Cuba para la realización de un nuevo convenio". A su vez, destacó que miles de uruguayos se vieron beneficiados por las prestaciones de los cubanos.  

La directora general del Mides, Gabriela Mazzuchi, alegó en el Parlamento que cuando en 2013 recibieron la primera observación tenían dos opciones —dejar sin efecto el convenio, cerrar el centro de ayudas técnicas y hacer un convenio nuevo o seguir funcionando pese a la observación—, de las cuales eligieron la segunda, porque "no (podían) dejar a toda la gente sin ayudas técnicas". "De todos modos, como la observación no nos fue indiferente, decidimos firmar un nuevo convenio, ya que de lo contrario el anterior iba a estar observado toda la vida", apuntó.

Además, Mazzuchi precisó que el nuevo convenio tiene un valor de US$ 174.000, distribuidos de la siguiente forma: una partida de US$ 124.080 que se envía al gobierno de Cuba y US$ 49.920 para cubrir los sueldos de los profesionales.  Cada prótesis que se elabora en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt), aseguró, vale US$ 350 en promedio, mientras que en el mercado puede llegar a costar US$ 10.000. 

El director de Relaciones Internacionales del Mides, en tanto, sostuvo que el convenio con Cuba "es parte de una estrategia diversificada" y alegó que no han "conocido una propuesta que pueda mejorar esta". 

El diputado nacionalista Martín Lema presentó en mayo de 2018 un pedido de informes en el que solicitó a las autoridades del Mides que explicaran por qué no habían pedido la aprobación de la Asamblea General. A su vez, preguntó por qué el convenio se había efectuado con el Ministerio de Salud Pública cubano y no con ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado). Sin embargo, el legislador indicó a El Observador que el Mides nunca respondió a su solicitud y señaló que la cartera no ha respondido a 14 pedidos de informes que le han hecho.

"Es muy importante conocer las razones por las cuales evadieron a la Asamblea General y saber si en nuestro país hay personas que pueden desarrollar la tarea. La finalidad tiene que ser asistir a la población que lo necesita y no realizar convenios irregulares por afinidad ideológica", afirmó, y opinó que "la ministra (Marina) Arismendi no contesta porque una vez más oculta información". 

En junio de 2018, El Observador informó por primera vez de las irregularidades observadas por el TCR en el convenio entre ambos países. El director del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt), Ricardo Ottonello, aseguró entonces que la disciplina que desarrollan los cubanos es muy específica y que en Uruguay no se enseña de manera formal. El doctor Mario Schimachak, sin embargo, expresó que hay "excelentes protesistas" en el país que se capacitaron en el exterior. 

A su vez, en enero de este año El Observador dio cuenta de la penúltima observación del gasto que el TCR efectuó y los términos del contrato. 

Los cuestionamientos a la gestión del Mides
 En marzo de este año, Lema solicitó que se formara una comisión investigadora para ahondar en la gestión del Mides, pero el pedido quedó descartado con los votos del oficialismo, cuando fue puesto a consideración en la Cámara de Diputados. En su denuncia, basándose en informes oficiales, el legislador afirmaba que los uruguayos destinan más de US$ 200 millones al año a diferentes planes sociales pero que “no existe supervisión, seguimiento y evaluación de los programas” y que la Auditoría Interna de la Nación había detectado varias irregularidades en cuanto a qué poblaciones están llegando. 
El documento presentado por los legisladores del Frente Amplio sostenía que en sus 13 años de funcionamiento, el Mides redactó más de 80 informes de evaluación de gestión e hizo 269.727 visitas territoriales entre 2012 y 2018, que permitieron redefinir qué personas debían recibir algún tipo de beneficio. Además, aseguraba que la cartera ha podido sobreponerse a las observaciones: según el ministerio, el 14% del gasto ejecutado en 2017 fue observado por el Tribunal de Cuentas, lo que implica 45% menos de observaciones que en 2016.
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